El Gobierno de Rubén Rocha Moya parece no esconder el regreso del espionaje. En febrero pasado, la Secretaría de Finanzas contrató los servicios de una empresa de software con la finalidad de detectar “incidentes de seguridad”, pero en realidad también se presta para monitorear las redes sociales, buscar y profundizar en posibles amenazas que tanto se parece a la vigilancia estatizada que antes hacían en el campo los empleados de gobernación conocidos como “orejas”. De acuerdo con fuentes gubernamentales, esta vigilancia no se ha marchado nunca y hoy lo reafirman con un contrato de casi seis millones de pesos.

Por Redacción Deprimera Noticias.

Ya se sabía que el gobierno de Rubén Rocha Moya había reactivado de nuevo los servicios de espionaje que antes recaía en la Dirección de Gobierno, llamada hoy Dirección de Gobernabilidad Democrática, por años la máquina de hacer perfiles y recabar información sobre movimientos sociales y opositores del priismo, pero justo ahora a fines de febrero, cuando el proceso electoral estaba por arrancar, la Secretaría de Finanzas contrató un servicio para detectar amenazas en ciberseguridad.

Aplicando la máxima que la mejor forma de ocultar algo es poniéndolo a la vista de todo, fue el pasado 9 de febrero cuando Finanzas publicó la convocatoria, esto con motivo de la solicitud de la Coordinación General de Proyectos Especiales, dirigido por Ramón Monreal Ávila, hermano del senador Ricardo y del gobernador de Zacatecas, David.

Se trata de la “contratación de licenciamiento de software para la detección de incidentes de ciberseguridad que utiliza inteligencia artificial para detectar el comportamiento normal de los dispositivos de una organización”.

Dentro de los lineamientos se explica que este servicio tiene que detectar “amenazas basadas en inteligencia artificial y machine learning a partir de análisis de tráfico de red en entornos físicos y virtuales, incluyendo entornos Cloud tanto públicos como privados”.

Esta es la primera vez que el gobierno rochista contrata un servicio de esta naturaleza, a pesar que no se sabe que sus sistemas hayan sido atacados o hackeados, como sí han sido embestidos sitios de medios de comunicación de Sinaloa.

Aunque la contratación parece de defensa, también puede usarse a favor sobre todo para investigar temas de prioridad política como las páginas de información de denuncia que han surgido en torno a la presunta corrupción encabezada por los hijos del gobernador, así como operadores como su secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, el de Economía, Javier Gaxiola Coppel y el hoy candidato a senador, Enrique Inzunza Cázarez.

ÚNICA EMPRESA

La sorpresa fue que a la licitación número GES 02/2024 solamente se presentó como concursante la empresa Desarrollo y Análisis de Arquitecturas Tecnológicas, S.A. de C.V., la cual en el 2023 fue proveedora de la Secretaría de Educación Pública y Cultura que pagó un antivirus en medio millón de pesos a la compañía.

En internet se establece que esta empresa desarrolladora tiene domicilio en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y en San Pedro Garza García, Nuevo León. En otros estados no aparece con otros contratos, y en Sinaloa también aparece como proveedora de la Secretaría de Salud.

Siete días después de publicada la convocatoria, se dio el acta de aclaraciones en donde la empresa hizo cinco preguntas y el 28 de febrero, Bienes y Suministros dieron el fallo a favor, por la cantidad de cinco millones 752 mil 440 pesos, contrato que se firmó en los siguientes diez días después del fallo oficial.

¿ESPIONAJE?

Sin bien es cierto que este tipo de servicios, de manera oficial, son ofrecidos por las compañías para proteger servidores, también pueden usarse de manera potencial para investigar fuera de los límites y atribuciones de una institución.

Desde hace meses, señalan fuentes, la administración rochista reactivó personal para monitorear a opositores –como reconoce la SEDENA y hasta el presidente López Obrador que se hace a nivel federal– sobre todo en el contexto del conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Para eso también activaron a medios que investigan el origen de portales como Cártel Rocha Ruiz, habilitado para denunciar la corrupción de los hijos del gobernador –quienes llevan mano en la Obra Pública–, así como páginas de redes sociales, cuentas que critican a la administración y hasta reactivaron a operarios para checar manifestaciones contra el gobierno, tal y como lo hacía en sus mejores épocas del PRI.

Personal que laboraba en la Dirección de Gobierno todavía con Quirino Ordaz (que fueron despedidos en enero de 2022, cuando llegó Rocha), indicó que el seguimiento de las actividades sociales y políticas se mantiene activo desde el Palacio de Gobierno sobre todo desde que arreció el conflicto con la Universidad.  

Ahora, con este contrato en ciberseguridad, se vislumbra que Rocha se amuralla para tener control en estas campañas de lo que se genere en el ciberespacio.

SE VA EL DIRECTOR DE C-4i

Aunque se podría decir que era gente de Cristóbal Castañeda, el ahora ex director del C-4i de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue removido a varios meses de que el general en retiro, Gerardo Mérida, fue puesto como titular de la SSP.

Víctor Cisneros llevaba siete años en el puesto de monitoreo, ese que ha sido dejado ciego por el crimen organizado sobre todo cada año nuevo, el general Mérida argumentó que su salida obedeció al largo tiempo en el puesto.

“Pues obedece en ese sentido, ya que no somos eternos en algún cargo, igual yo en cualquier momento pueden solicitar mi puesto o yo solicitar mi renuncia”, declaró.

Se desconoce si también el contrato en ciberseguridad tendrá relación con la operación del sistema del C-4 sinaloense. Lo que sí es que Gerardo Mérida se ha tomado con holgura la inseguridad en Sinaloa, al repetir lo mismo que su jefe, que todo está tranquilo en el estado.

Esto lo llevó a asegurar que los candidatos no requerían seguridad, –siguiendo a Rocha en el sentido de que los candidatos se cuidaran solos– lo mismo ha afirmado que los punteros no son vistos por los policías ni por ellos, y ha tratado de negar el constante robo de vehículos que tiene de cabeza a los dueños de vehículos, como si a través de las declaraciones, se creara una realidad alterna donde ningún sinaloense padece el azote de la delincuencia.