Dineros engendran odios
sábado, 20 de julio de 2024
“Él entra perfectamente en la definición que la ley nos da de periodista. La ley de manera expresa dice que toda persona que trabaja en la difusión de la información, ya sea a través de medios escritos, radioeléctrico de cualquier manera que haga difusión, ya sea en una institución pública o privada en comunidades o radios comunales o universidades”, explicó Jhenny Judith Bernal Arellano en su condición de directora del Instituto de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Sinaloa. Esto en relación al atentado que sufrió con arma de fuego, Arnoldo Valle Leyva, director de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa dentro del campus Buelna.
La declaración de la funcionaria va estrictamente en base a la aplicación de la Ley de Protección a Periodistas, pero, a Adrián López director del diario Noroeste, medio que se ha erguido como el principal ariete del gobierno de Rubén Rocha Moya en su cruzada contra los Cuén, el PAS, la UAS Y sus actuales directivos, despotricó y cuestionó la aplicación de la ley por parte de la directora del organismo en defensa de periodistas en una columna institucional de su diario. López Ortiz desdeña y no hace mención del origen de la entrevista que cita, la cual fue realizada por un servidor.
“Valle Leyva es tema actual porque el sábado pasado sufrió un supuesto atentado en el que le habrían baleado la camioneta que conducía en el interior del campus Buelna de la UAS. La policía halló indicios de la agresión en la carrocería del vehículo, en el parabrisas y las llantas, pero ningún impacto alcanzó al funcionario. En pocos minutos, el Instituto de Protección a periodistas publicó un desplegado para exigir justicia y el esclarecimiento del ataque contra Valle Leyva”. Y continúa, “El Gobernador quiso enderezar la extraña decisión del Instituto desde La Semanera, apuntando algunas de las cosas de Arnoldo Valle que cualquier periodista sabe, primero que nada, que nunca ha tenido nada qué ver con el ejercicio periodístico y que es un agresor de periodistas”.
Y Adrián López remata: “No es por situaciones como estas para lo que se crearon los mecanismos de protección a periodistas en el mundo. Tener un puesto en la oficina de Comunicación Social no convierte a una persona en periodista, menos si esta no realiza labores periodísticas”.
La narrativa de hechos del director de Noroeste en el atentado contra Valle Leyva refleja un enorme dolo y frustración por ver aplicada la ley en consecuencia por la directora del Instituto de Protección a Periodistas, Bernal Arellano. La narrativa nos refleja a un individuo que pone en duda la naturaleza del atentado al hacer énfasis de manera facciosa de que la humanidad del director de comunicación de la UAS, no fue impactada por ningún proyectil; López siembra la duda del porqué de la protección del instituto y le da toda la razón a la perorata venenosa del gobernador, Rocha Moya, contra Valle Leyva, en su Semanera.
En síntesis, somos testigos de la manipulación de un hecho que se enmarca en la ley de Protección a Periodistas pero que para el gobierno rochista y sus huestes como Adrián López director de Noroeste y Alejandro Sicairos director de Espejo resulta una aberración aplicarle dicha Ley a un individuo que prácticamente odian, sin más.
Lo verdaderamente importante es el papel de López y Sicairos en trincheras periodistas que nos dan visos de podredumbre. Adrián López aparece como miembro del Consejo Consultivo de Artículo 19 en carácter de columnista, organización en defensa de la Libertad de Expresión y Alejandro Sicairos, quien aplicó la misma narrativa de descredito y odio al atentado sufrido por parte del funcionario uaseño, fue impulsor de la creación de dicho instituto y pretendió su dirección.
En 2014 Adrián López Ortiz sufrió un atentado a balazos, entonces señaló: “Cuando vives en un constante clima de crimen organizado, no solamente te vuelves muy vulnerable ante el crimen organizado como medio, sino que además es el caldo de cultivo perfecto para que las autoridades te agredan”, señaló en entrevista a Artículo 19.
Cabe añadir, irónicamente, que el día del atentado López Ortiz regresaba de la Ciudad de México donde fue a señalar que el gobierno de Sinaloa y otros utilizan el recurso económico para comprar voluntades en medios de comunicación.
Ambos con contratos millonarios de publicidad con el actual gobierno, que todo indica que para ellos sí aplica el postulado de “al diablo con las instituciones”, mientras estas no se manejen en los mismos intereses y “no existe ley que contravenga su moral”, mientras ellos dicten las reglas en que se basa dicho concepto de moral.
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