La Presidenta rechazó que agentes estadounidenses realicen operaciones letales en territorio nacional; la CIA también desmintió la versión de CNN, mientras el caso se cruza con la presión de EU por Sinaloa y Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera categórica la versión difundida por medios estadounidenses sobre una presunta operación encubierta de la CIA en México para atacar a integrantes del crimen organizado, y acusó la existencia de una campaña coordinada para golpear a su gobierno, dañar la relación bilateral y alimentar la narrativa de una eventual intervención extranjera.

El nuevo episodio de tensión surgió luego de que CNN publicara, con base en fuentes anónimas, que agentes de la CIA habrían participado directamente en operaciones letales contra objetivos del narcotráfico en México, incluida la muerte de Francisco “El Payín” Beltrán, identificado como operador del Cártel de Sinaloa, en un ataque ocurrido en el Estado de México. Según la versión retomada por agencias internacionales, la supuesta operación habría involucrado a una unidad de élite de la agencia conocida como Ground Branch.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera de este miercoles, Claudia Sheinbaum negó esa versión y sostuvo que no existen agentes de la CIA operando libremente en México. La mandataria afirmó: “Primero es falso que operen agentes de la CIA en territorio nacional”, y precisó que lo que sí existe son funcionarios extranjeros acreditados, sujetos a permisos y reglas establecidas por la legislación mexicana.

La Presidenta fue más allá y acusó un “nado sincronizado” entre medios de comunicación, funcionarios estadounidenses y sectores de derecha para construir una narrativa adversa contra su administración. Bajo esa lectura, no se trata sólo de una nota periodística, sino de un intento por colocar a México bajo sospecha de permitir operaciones extranjeras o, en el extremo, de justificar acciones unilaterales de Estados Unidos en territorio nacional.

Sheinbaum también aprovechó el desmentido de la propia CIA para reforzar su postura. De acuerdo con lo reportado por medios nacionales, la mandataria ironizó: “Imagínense el tamaño de la mentira que la propia CIA tiene que salir a desmentir”. Con esa frase, buscó presentar la publicación no sólo como falsa, sino como una versión tan delicada que obligó a la agencia estadounidense a marcar distancia.

La respuesta de la CIA fue igualmente tajante. Según Reuters, una vocera de la agencia calificó el reporte de CNN como “falso” y “sensacionalista”, además de advertir que ese tipo de publicaciones puede poner en riesgo vidas estadounidenses y servir como propaganda para los cárteles.

Sin embargo, la controversia no quedó cerrada. CNN sostuvo su publicación. De acuerdo con Reuters, un portavoz de la cadena afirmó que el medio respalda su reporte y señaló que el comentario de la CIA llegó después de la publicación sin especificar con claridad qué parte de la investigación disputaba. Ahí se mantiene el choque central: el gobierno mexicano y la CIA niegan operaciones letales en México, pero CNN no se retracta.

A la postura presidencial se sumó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien rechazó cualquier insinuación de operaciones extranjeras encubiertas o letales en el país. En un mensaje citado por Reuters, el funcionario sostuvo: “El gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio mexicano”.

El pronunciamiento de Harfuch buscó fijar una línea institucional: México puede cooperar con Estados Unidos en materia de inteligencia y seguridad, pero no aceptar acciones armadas, clandestinas o unilaterales de agencias extranjeras. En términos políticos, el mensaje intenta blindar al gobierno federal ante dos flancos: la acusación de permisividad frente a Washington y la presión de sectores estadounidenses que han planteado medidas más agresivas contra los cárteles.

Otro punto que elevó el tono fue la versión atribuida a The New York Times, según la cual la CIA no necesariamente habría estado en terreno, pero sí pudo haber brindado apoyo de inteligencia o planeación para ubicar al objetivo. Sheinbaum también rechazó esa interpretación y la calificó como “ficción del tamaño del universo”, frase con la que desestimó incluso los matices que intentaban separar una operación directa de una asistencia de inteligencia.

La Fiscalía del Estado de México también entró en la discusión, la institución negó haber confirmado a CNN la participación de la CIA en el caso. Ese deslinde es relevante porque la publicación original atribuía parte de la reconstrucción a fuentes oficiales o cercanas a la investigación local.

Pero el caso tiene un antecedente incómodo para el gobierno mexicano: semanas antes se reportó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, presuntamente vinculados a la CIA, en un accidente en Chihuahua después de una operación contra un narcolaboratorio. Sheinbaum dijo entonces que el gobierno federal no había autorizado esa participación y pidió que no se repitieran acciones sin conocimiento de México.

Ese antecedente le resta comodidad al discurso oficial. Aunque el gobierno niega que existan operaciones encubiertas autorizadas, el episodio de Chihuahua dejó abierta una pregunta delicada: si México no autorizó ni fue plenamente informado de la presencia de esos agentes, ¿qué tanto control real existe sobre ciertas actividades estadounidenses en territorio nacional?

El asunto también se cruza con Sinaloa. La versión de CNN involucra a un presunto operador del Cártel de Sinaloa, mientras en paralelo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA han intensificado la presión contra funcionarios mexicanos, incluido el gobernador sinaloense con licencia Rubén Rocha Moya, acusado junto con otros funcionarios y exfuncionarios de delitos relacionados con narcotráfico y armas.

La DEA, además, elevó el tono político al advertir que el caso contra Rocha Moya sería “sólo el comienzo” en México. El jefe de la agencia, Terrance Cole, declaró ante el Senado estadounidense que desde hace años existiría colusión entre narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos, pero que ahora Estados Unidos estaría prestando mayor atención a ese fenómeno.

En ese contexto, la reacción de Sheinbaum no puede leerse únicamente como una defensa ante una nota de CNN. Es también una respuesta política frente a una narrativa estadounidense que mezcla tres elementos explosivos: operaciones de inteligencia, combate al Cártel de Sinaloa y señalamientos contra autoridades mexicanas.

La Presidenta busca cerrar la puerta a una idea que puede tener alto costo interno: que agencias de Estados Unidos actúen en México con margen propio, sin autorización mexicana o bajo esquemas que recuerdan episodios históricos de intervención. Por eso el énfasis no sólo está en negar la nota, sino en insistir en la soberanía nacional como eje de la relación bilateral.

El problema para el gobierno mexicano es que la discusión ocurre en una zona gris. Por un lado, la CIA desmiente la operación y Harfuch niega cualquier acción extranjera letal. Por otro, existen antecedentes recientes de presencia estadounidense vinculada a operativos de seguridad y un ambiente político en Washington donde funcionarios y legisladores presionan por una estrategia más dura contra los cárteles.

En términos analíticos, Sheinbaum intenta construir una defensa en tres niveles: legal, al señalar que sólo hay funcionarios acreditados bajo reglas mexicanas; diplomático, al rechazar acciones unilaterales; y político, al denunciar una campaña coordinada contra su gobierno. Pero el caso sigue abierto en la opinión pública porque CNN sostiene su publicación y porque el antecedente de Chihuahua impide que el tema se cierre sólo con una negativa presidencial.

Para Sinaloa, el impacto es mayor. El estado vuelve a quedar colocado en el centro de una narrativa internacional sobre narcotráfico, poder político e inteligencia estadounidense. La mención del Cártel de Sinaloa en la supuesta operación de la CIA se suma a las acusaciones contra Rocha Moya y al mensaje de la DEA de que habría más acciones por venir.

La controversia, entonces, rebasa la pregunta de si hubo o no una operación de la CIA en el Estado de México. El fondo es más amplio: hasta dónde llega la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos, quién la autoriza, qué sabe realmente el gobierno mexicano y cómo se administra políticamente una relación bilateral cada vez más presionada por el narcotráfico, la soberanía y los expedientes judiciales abiertos en Washington.