La credibilidad de un político va directamente proporcional al grado de tolerancia o ignorancia que una sociedad tenga a la usencia de la verdad. El gobernante se nutre principalmente de la falta de reflexión y cuestionamiento del ciudadano en el quehacer público, la principal columna en que gobernantes y políticos apoyan sus falsos y cínicos discursos es en la apatía de los ciudadanos de vigilar que los políticos y gobiernos cumplan cabalmente con lo comprometido por ley al momento de protestar por un cargo público. El ciudadano prácticamente le firma al político o gobernante un cheque en blanco.

El caso especifico del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es un claro ejemplo de este postulado. Mentir, engañar y embaucar es el ingrediente principal en cada una de sus narrativas, sin importar el evento o asunto a tratar. El uso perverso de las instituciones públicas para uso personal y político es más que evidente y cualquier individuo con la mínima reflexión se da por enterado del tema.

Reza el dicho: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, ni “peor sordo que el que no quiere oír”; claro que el uso desmedido de mentiras, verdades a media y manipulación de la verdad se propaga por los canales oficiales y los medios de comunicación que se encuentran en la nómina gubernamental la replican, lo que antes era el “chayote” transformado en convenio de publicidad que, incluso, se factura con otra actividad empresarial como lo realizó el gobierno de Sinaloa con Latinus en 2021 por 15 millones de pesos, esto señalado en la “mañanera” del pasado 3 de julio por Pablo Gómez titular de la Unidad de Inteligencia Financiera federal, a los que llamó de paso “enemigos jurados del gobierno actual”.

Medios de comunicación locales hacen lo mismo en Sinaloa, facturan a nombre de otras empresas ligadas al medio con otra actividad empresarial que no es publicidad. Los más visibles: Noroeste, El Debate, Línea Directa, Los Noticieristas, etc.

En este panorama el ciudadano se encuentra prácticamente alienado por gobernantes que destinan presupuestos millonarios para que medios de comunicación que ven en la difusión de contenidos gubernamentales la bonanza comercial. Al final del día la comunicación, bajo este perfil, ha resultado el enorme negocio para este tipo de empresarios, muchos de ellos creados por políticos que se convirtieron en servidores públicos.

Es por ello que la naturaleza perversa de la realidad que se esconde detrás de esas narrativas queda claramente expuesta en los hechos: Rocha siendo senador declaró que no buscaría la gubernatura porque esa era la ruta priista y él era diferente, ahora como gobernador, ni él ni los medios de comunicación en nómina se acuerdan de eso; es decir, Rocha mintió.

Durante una de sus semaneras se le preguntó a Rocha Moya si el secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cazares, quien en ese momento se encontraba a un lado, tenía denuncia de acoso sexual y otras lujurias por parte de la jueza Ana Karina Aragón Cutiño, de manera cínica y perversa ambos negaron el hecho; Rubén Rocha y Enrique Inzunza mintieron ya que fue la misma jueza la que salió públicamente a señalar que Inzunza Cazares seguía acosándola dando pormenores de lo retorcido de la conducta sexual del hoy senador electo por MORENA.

El gobernador asegura que la fiscalía es autónoma, pero la fiscal carnala, Sara Bruna Quiñónez, tiene más de 300 carpetas de investigación en relación a la UAS, lo que significan más del 90 por ciento del total con que cuenta la dependencia.

Rocha a grito pelón señala que quiere regresar el voto a los universitarios, pero fue precisamente él, durante su rectoría, el que proclamó la reforma para que el rector fuera designado por el Consejo Universitario; Rubén Rocha suelta su perorata de que no le alcanza el dinero a la UAS porque no ahorran, pero fue él durante su rectoría el que dejó de pagar impuestos creando una deuda multimillonaria anualmente. 

Rocha Moya constantemente esgrime el falso discurso de demócrata al asegurar que en Sinaloa sí hay separación de poderes, pero a escondidas reúne a los diputados, liderados por su exsecretario particular, Feliciano Castro, para dar línea en el trabajo legislativo como lo ventiló en redes su enemigo jurado, Héctor Cuén, hace unos días en que el Tribunal Colegiado de Distrito otorgó la razón Jurídica en relación a que el Congreso local está violando la autonomía universitaria al querer aplicar una Ley de Educación Superior con tintes políticos rochistas, lo que enfureció al gobernador quien desconoció dicha resolución y ordenó a diputados crear una nueva ley orgánica para la UAS totalmente montada en la ilegalidad.