Instruidos por el gobernador Rocha para aprobar la Reforma Orgánica de la UAS antes de que concluya su periodo legislativo, los diputados oficialistas de las 65 Legislatura luchan contra reloj. Para sacar adelante la encomienda de Rocha, no han dudado en cometer arbitrariedades e ilegalidades que, en un estado con separación de poderes, tendrían que ser sancionadas.

Por David Fuentes M.

El pasado 23 de agosto, diputados locales de Morena y aliados aprobaron el informe sobre las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para ello, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Educación Superior aprobada en 2023, las autoridades universitarias deben realizar previamente una consulta entre alumnos y trabajadores.

Sin embargo, autoridades universitarias han promovido y ganado diversos amparos que contra de la reforma y la aplicación de la consulta ya que, argumentan, con ese intento de imposición por parte del Legislativo se violenta el artículo tercero, fracción séptima, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza la autonomía de la universidad y su derecho al autogobierno, con el Consejo Universitario como su máximo órgano de autoridad.

Aunque los legisladores de Sinaloa han recibido varios reveses por parte de autoridades federales a sus pretenciones, la reforma a la Ley Orgánica de la UAS es una obsesión del gobernador Rubén Rocha Moya, por lo que los diputados oficialistas tienen la consigna de sacar adelante primero la consulta universitaria y después la aprobación de las reformas y abrogaciones a la Ley Orgánica universitaria.

Para ello han tenido que retorcer los argumentos con los que buscan darle una apariencia de legalidad y honorabilidad a una causa con la que en realidad se juegan su futuro político y laboral una vez que termine la 65 Legislatura el próximo 30 de septiembre.

Con el reloj encima, los diputados oficialistas se han jugado todas las cartas a su disposición: gira de entrevistas por todos los medios de comunicación locales cooptados con publicidad oficial, reiterados exhortos desde tribuna para que las autoridades universitarias realicen la consulta previa que es requisito para cualquier intento de reforma y reuniones con autores de iniciativas de reforma a la Ley Orgánica que son cercanos al partido Morena.

Sin embargo, de todas las iniciativas presentadas ante el Congreso, ninguna puede considerarse válida, ya que no cuentan con el aval del máximo órgano de gobierno de la UAS: el Consejo Universitario, así como tampoco tienen el apoyo ya sea de los consejos técnicos o del Colegio de Directores.

Aquellos que presentaraon iniciativas de reforma orgánica ante el Congreso del Estado, tendrían que haberlas presentado previamente ante el Consejo Universtario para su discusión, aprobación o rechazo, ya que el mencionado artículo tercero en su fracción séptima deja claro que las universidades e instituciones de educación superior tienen la facultad, garantía y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, por lo que se rigen por sus propias leyes orgánicas y normatividad.

En sus arengas los diputados oficialistas incluso le han puesto fecha a las autoridades universitarias para que realicen la consulta: tiene que ser entre el 26 de agosto en que inició el nuevo ciclo escolar y el 6 de septiembre. Esto para que tengan tiempo de continuar con el proceso legislativo que implica los cambios y abrogaciones a la ley orgánica antes de abandonar el Congreso el 30 de septiembre.

En respuesta a estos exhortos desesperados, el encargado de Despacho de la Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, hizo un llamado a los diputados para que se tranquilicen, se mantengan apegados a la ley y les recomendó que mejor se pongan a hacer sus maletas porque su periodo ya está por terminar.

“Yo invitaría a los diputados a que se tranquilicen, a que hagan sus maletas y esperar que la próxima legislatura se instale y se encarrile, y podemos hablar. En la universidad no estamos cerrados a ningún tema, a ninguno, pero hay que ser un poquito congruente, responsables. No lo pudieron hacer en toda la legislatura porque lo iniciaron mal”, expresó.

Para el asesor jurídico de la UAS, José Ramón Bonilla, las declaraciones de los diputados que dicen que sí se puede realizar una consulta universitaria al margen de sus autoridades, son “infundadas” y “tontas.

“¿Se puede hacer la consulta al margen de las autoridades universitarias? no, no y no (…) el tema de la consulta tiene que ver con el parecer de la comunidad universitaria, eso tiene implicaciones en cuanto al autogobierno y la autonormación, por lo tanto, si la hace el Congreso en esta etapa haciendo una consulta por sus pistolas simplemente operarían la inconstitucionalidad”, manifestó.

Señaló que el diputado Sergio Mario Arredondo y otros legisladores locales con sus declaraciones sólo muestran que no han leído el resultado de los jueces federales, porque si se adjudican una facultad que le corresponde a la Universidad, como es la de realizar la consulta, violan el principio de autogobierno de una institución autónoma y que fue el motivo por el cual perdieron ante el amparo interpuesto contra algunos artículos de la Ley Estatal de Educación Superior.

Bonilla Rojas criticó el discurso falso de la paridad de género y de la vida democrática de la institución, porque asegura que la Universidad nunca impugnó ningún artículo que habla de ello, por el contrario, son temas que se adoptan, se aceptan y se ven como algo viable.

Indicó que  para materializar eso la Universidad lo puede hacer perfectamente por medio de sus Estatutos y por medio de los Reglamentos.

“Déjense de tonterías, déjense de estar engañando, señor Sergio Mario el Congreso no tiene facultades constitucionales para hacer la consulta respecto a la Ley Orgánica de la Universidad, eso lo tienen que tratar con la Universidad (…) creen que saben, son gente muy soberbia, pero su soberbia no está sustentada en nada”, aseguró.