“Se ha dejado avanzar demasiado a la delincuencia organizada que llegan y dominan territorios. Y mientras tanto las poblaciones están a expensas de ellos porque no se les está atacando frontalmente. Y mientras el poderío de los grupos criminales se fortalece porque tienen todo el dinero del mundo, no se les ataca en las finanzas, no se les ataca en los ingresos que es donde les dolería”.

Por Sergio Ramos.

Del horror por la violencia a la pérdida de la capacidad de asombro: en poco más de una década los mexicanos han pasado del miedo, la indignación y la rabia por la violencia, a la indiferencia, el silencio y la resignación.

Vivir en el México contemporáneo, señala el periodista Jesús Reveles en su más reciente libro “Necropolítica y Narcogobierno: nuevas dinámicas del poder en México” (Grijalbo, 2024) implica dejarse llevar por una ruta en la que los narcogobiernos han elegido el camino hacia la deshumanización.

En esa estrategia hay sectores de la población considerados “desechables”, o “daños colaterales”, que pagan el precio de la necropolítica aplicada por gobiernos como los de Felipe Calderón en México, o Álvaro Uribe en Colombia.

De Primera Noticias: ¿A qué te refieres con la expresión necropolítica?

José Reveles: Es una categoría filosófica que desarrolló el historiador camerunés Achille Mbembe para describir a los gobiernos que suelen acudir de manera contínua a los “estados de excepción” para gobernar. Se trata de gobiernos que fabrican un enemigo y a partir de entonces se puede decidir a qué parte de la población se considera personas desechables. Y se gobierna bajo ese esquema. En México esto ocurrió desde la época de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Ellos decidieron a quién se iba a calificar como enemigo. Ese gobierno operó de esa manera, cosificando la vida de la gente, permitiendo ambientes de exclusión social para sectores como los migrantes o los desplazados que reciben un trato particularmente discriminatorio. Entonces de esa manera se gobierna para unos pocos y los sectores que acabo de mencionar son las primeras víctimas, que no necesariamente pertenecen a grupos criminales, sino que son parte de la sociedad civil que se ve afectada por las políticas oficiales.

El concepto de “población desechable” o “víctimas colaterales” comenzó a usarse en México a partir de la guerra contra el narco en el sexenio de Calderón. Otra expresión es la de “falsos positivos”, que se usó durante el régimen de Uribe en Colombia, con quien Calderón tiene muchas similitudes.

Así es. Estamos hablando de población civil a la cual se le impide ejercer la solidaridad, la posibilidad de crear, de ser, porque están dentro de estados de excepción y en medio de maquinarias de guerra. Cuando se impone el paradigma de luchar contra la delincuencia organizada se decide desde los gobiernos que estas personas pueden ser víctimas de la violencia y entonces se les comienza a llamar “víctimas colaterales” con Calderón. Él decía que el 3 o el 4 por ciento de las víctimas de su guerra eran “daños colaterales”, pero la verdad es que no eran colaterales sino directos. Y eso dañó mucho al país porque se llegó a tener un gobierno que se confrontaba constantemente con la delincuencia organizada y se generaban muchas víctimas entre la ciudadanía que no tenía nada que ver con eso. De esa manera se generó en México lo que en Colombia se llamó “falsos positivos”. En tiempos de Álvaro Uribe se premiaba a los militares con ascensos, con vacaciones, con remuneraciones, en la medida en que dieran resultados en la guerra contra los guerrilleros. Por tanto empezaron a aparecer los falsos positivos, es decir, personas que no tienen nada que ver con la delincuencia, que eran recogidas en las calles y llevadas a cuarteles militares. Fue el caso de la masacre de  Soacha, un municipio al sur de Bogotá, donde en 2008 un grupo de 19 jóvenes de escasos recursos fueron secuestrados por militares y luego aparecieron muertos en la frontera con Venezuela, uniformados como integrantes de las FARC. Los jóvenes fueron reportados como desaparecidos en sus barrios y aparecieron muertos a 800 kilómetros de distancia.

Algo similar a lo que sucedió en México con los estudiantes del Tec de Monterrey asesinados por militares en 2010 y a quienes se les sembraron armas para hacerlos parecer como sicarios.

Ese es un ejemplo muy evidente de lo que pasó en México con falsos positivos. Se trataba de dos estudiantes de excelencia, gente muy preparada y que estaba teniendo buenos resultados en sus estudios. Y fueron victimados por el ejército. Les pusieron armas que no tenían y les colocaron casquillos de tal manera que pareciera que ellos habían disparado primero a los soldados y por tanto el ejército tuvo que responder. Desde el punto de vista oficial ya se reconocido que fue un sembrado a personas inocentes y se ofrecieron disculpas a los familiares porque esos jóvenes no tenían que haber muerto así.

Mencionas a Genaro García Luna como un artífice de la necropolítica calderonista. Háblanos sobre cómo este personaje diseñó una guerra contra los enemigos del Cártel de Sinaloa y cómo se usaron millonarios recursos públicos para beneficiar a esta organización criminal.  

Genaro García Luna protegió al Cártel de Sinaloa desde 2001 hasta el año 2019, incluso cuando ya no era Secretario de Seguridad Pública Federal. Pero mientras estuvo en el puesto durante el Calderonismo utilizó todo el poder del Estado, todo el presupuesto (nueve veces superior al que empleó para ese mismo fin el gobierno de Vicente Fox) y unos cuarenta mil policías federales para ponerlos a disposición del Cártel de Sinaloa. ¿Para qué? Para traficar, para recibir cargas de droga, para uniformar falsamente a integrantes de la organización criminal y atacar a los enemigos del Cártel de Sinaloa. Caían en enfrentameintos personas de los grupos rivales pero eran liquidados por sicarios del cártel que se disfrazaban como policías federales. Hay evidencia de ese uso faccioso de uniformes de policías federales en el caso, por ejemplo, de Sergio Villarreal “El Grande”. En una incursión en un domicilio de la colonia Buenavista, en la Ciudad de México, cuando se quería capturar al “Rey” Zambada, “El Grande” iba disfrazado de policía federal. Y eso se lo permitió Genaro García Luna a él y a otros delincuentes del grupo criminal protegido por la Secretaría de Seguridad Pública. Se fingió operar una guerra entre la policía y los grupos criminales cuando en realidad estaban haciéndole el trabajo sucio a uno de esos cárteles, el de Sinaloa. Eso está confirmado. Está declarado ante autoridades de Estados Unidos. Y no solo les prestaban uniformes de la Policía Federal, sino que también les vendían armas y cartuchos. No se podía distinguir la línea entre autoridades y sicarios del crimen organizado.

Una de las maneras en que la necropolítica y la narcopolítica confirman su poder es durante los proceso electorales. Vemos cómo son asesinados candidatos, aspirantes a candidatos y sus familiares.  

A nivel municipal es donde más se puede comprobar ese avance de la delincuencia que primero nombró quién puede encargarse de la seguridad pública municipal. En segundo lugar, exigen que se les asigne obra pública porque a través de sus empresas tienen maquinaria la construir carreteras, hospitales, escuelas. Y en tercer lugar han avanzado hasta decidir quién puede ser candidato y quién no, quién puede aspirar a una Presidencia Municipal, a una Regiduría. Y esto llega hasta este momento en que varios de los candidatos han sido bajados, retirados de la contienda a la fuerza. O se les permite llegar, participar en las elecciones y, si ganan, inmeditamente los liquidan. Estamos en el peor de los mundos posibles en tiempos electorales. Se ha llegado hasta esto que yo describo en el libro como narcopolítica y narcogobierno. Se ha extendido en la parte más débil de las instituciones que es la Alcaldía.

¿A qué nos referimos exactamente cuando se habla de un narcogobierno?

A que en ciertos lugares del país donde hay vacíos de poder, quienes gobiernan, quienes mandan, no son las personas que fueron elegidas en las urnas, sino los poderes de facto. Los representantes de este poder real son quienes deciden quién es desechable, quién puede ser eliminado o dejado atrás. Un narcogobierno es cuando los poderes de facto son los que mandan y no las autoridades elegidas en las urnas. Aquí las elecciones resultan un lujo inútil porque quienes ganan no se van a convertir en autoridad que pueda mandar en su territorio. Están al servicio de los cacicazgos locales, son demasiado débiles las autoridades municipales como para imponer su propio criterio, entonces tienen que obedecer a aquellos que dominan la ruta del tráfico de drogas, quienes cobran derecho de piso, quienes provocan el desplazamiento de la población. Esto lo vemos en Michoacán, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Zacatecas. La gente ya no puede vivir en sus lugares de origen porque se impone una violencia que cobra hasta por ir a la escuela.

¿Usted considera que en el actual gobierno se inició algún proceso para revertir esta dramática situación heredada de administraciones anteriores?

Yo creo que se intentó con esta frase que es un poco caricaturesca (“abrazos no balazos”) que buscaba darles mayores oportunidades de empleo o estudio a los jóvenes. Pero esto es a largo plazo. No se ven los resultados de manera inmediata. Es un trabajo de varios años que va a prolongarse durante muchos años desgraciadamente para ver resultados positivos. Pero mientras se mantiene una especie de contención de la delincuencia sin generar, digamos, disputas armadas, sin que el gobierno esté atacando a la delincuencia, sino dejandola estar ahí. Eso no lleva a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no se ataca al poderío económico de estos grupos que tienen mucho dinero. Tienen dinero para dominar en los territorios, para comprar armas, vehículos blindados, para poder someter a la población a estados de sitio. Creo que es un trabajo de largo plazo que no va a rendir frutos inmediatamente. Sería sacudir el avispero otra vez. Es increible pero Chiapas, donde se están disputando las rutas de todo tipo de ilícitos, entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Ninguno de los dos tiene raíces en Chiapas. Llegaron después y sembraron un modo de vida muy difícil para los pobladores.

Y mientras estas estrategias a largo plazo rinden fruto, la población civil qué puede hacer. La población de Zacatecas que está en medio de las disputas entre Sinaloa y Jalisco, la población en Tijuana, en Chiapas, en Guanajuato.  ¿Qué se puede hacer ante la inoperancia del gobierno que en el afán de no enfrentarse con ellos los ha dejado que se empoderen aún más afectando a los civiles?

Se ha dejado avanzar demasiado a la delincuencia organizada que llegan y dominan territorios. Y mientras tanto las poblaciones están a expensas de ellos porque, como tú lo dices, no se les está atacando frontalmente, sino que se va con lentitud para generar alternativas. Pero, repito, eso va a tardar años, y mientras el poderío de los grupos criminales se fortalece porque tienen todo el dinero del mundo, no se les ataca en las finanzas, no se les ataca en los ingresos que es donde les dolería. Quitarles todos sus métodos de lavado de dinero, que es para lo que viven, ellos viven para obtener ganancias y se siguen enriqueciendo porque no es un negocio local sino un negocio trasnacional que se ejerce desde México. Para poner el ejemplo del fentanilo: en México es donde más se está produciendo esta sustancia que mata adictos estadounidenses y empieza a consumirse también en México. Si no se frena pronto este avance de la delincuencia que sigue enriqueciéndose no vamos a llegar a ningún lado.