Mucho tuvieron de “brazo armado” del rochismo junto con el Poder Judicial, el Congreso del Estado y la Fiscalía de Sinaloa, al ser usadas estas instituciones “autónomas” como verdaderos arietes en contra de sus enemigos políticos, desde Jesús Estrada Ferreiro, pasando por los universitarios y terminando con Gerardo Vargas Landeros. Ahora con Rubén Rocha Moya fuera del poder, ninguna de estas autoridades ha expiado sus culpas al servir como maquinaria de golpeteo contra los enemigos del régimen que todo parece indicar empieza a desmoronarse.

Por Santiago Rentería.

Congreso, Fiscalía y Poder Judicial, los tres entes que sirvieron como maquinaria de guerra en contra de los enemigos políticos del gobernador Rubén Rocha Moya, que le ayudaron a tumbar alcaldes y doblar a las autoridades universitarias, todo para obtener más poder, más recursos, más control.

Sin embargo, ahora que Rocha Moya y su equipo cayeron en desgracia –fulminados por el ánimo presidencial al que no le pidieron permiso para regresar–, nadie ha volteado a ver a estos entes que todavía siguen bajo el control del rochismo más pernicioso: Palacio Nacional no logró imponer al gobernador interino en la figura de Jesús Ibarra y negoció, junto con Rocha, dejar a Graciela Domínguez Nava, una política de corte gris emanado de su grupo pero ninguneada durante la campaña reciente: nunca fue la favorita de Rocha.

Fue en junio de 2022 cuando el Congreso del Estado formuló dos juicios políticos en contra del entonces alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien –a decir de él mismo– siempre fueron parte de grupos políticos separados, Rocha no quería a Estrada en la alcaldía y usó de pretexto el diferendo que éste tenía con las viudas de policías para defenestrarlo.

Usando al mismo tiempo a la Fiscalía, desde el Tercer Piso de Palacio se le fabricaron delitos a Estrada por la renta de camiones de basura y por supuesto abuso de poder, al insultar a las viudas, cosa que tiempo después el mismo Estrada probaría que era una mentira ante los jueces que, una tras otra, a pesar de ganar amparos, le volvían a imponer la vinculación a proceso.

Fue Estrada Ferreiro el que acusó persecución política y declaró que, luego de él, seguiría Luis Guillermo Benítez Torres, El Químico y enseguida Gerardo Vargas Landeros. Nadie le creyó hasta que el siguiente de la lista fue embestido por el poder de la Fiscalía General del Estado, al formularle cargos por las compras de unas lámparas en Mazatlán.

Sin embargo, El Químico dejó la alcaldía antes de que el Congreso actuara contra él. Rocha lo mandó un tiempo a la Secretaría de Turismo hasta que lo separó y empezó a enjuiciarlo. Benítez Torres declaró recientemente que fue amenazado de muerte por el gobernador y ha salido a declarar que el rochismo es lo peor que le pudo pasar a Sinaloa.

LA LUCHA CONTRA LA UAS

El siguiente de la lista fue el rector Jesús Madueña Molina y su equipo de trabajo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Previo a la guerra frontal, usando al periódico Noroeste, el rochismo atacó a Héctor Melesio Cuén Ojeda y a su familia, de la cual sólo a su hijo llevarían a proceso penal por supuestas compras irregulares cuando fungió como titular de Bienes y Suministros.

Desde el Congreso, los universitarios fueron vapuleados por los rochistas que empezaron a maniobrar para modificar la Ley Orgánica de la UAS, y así poder imponer un rector a modo, para quitarle la estructura y recursos al cuenismo.

La lucha “cuerpo a cuerpo” entre la UAS y Gobierno fue cruenta, se organizaron marchas, protestas y todo tipo de movilizaciones para impedir que Madueña y los suyos fueran llevados a prisión, todo el comité de adquisiciones fue vinculado a proceso bajo carpetas de investigación que dejaban más dudas que certezas por su forma de ser integradas. 

En el enfrentamiento por arrebatarle la UAS a Cuén, su líder moral, ocurrió de todo: denuncias aquí y allá, Cuén sacó información de primera mano con las corruptelas de los hijos de Rocha Moya, los nuevos millonarios del sexenio, mientras el acoso judicial estiraba la lista tanto, hasta que desembocó en aquel 25 de julio de 2024 en Huertos del Pedregal, donde Cuén fue asesinado y el Mayo emboscado para ser trasladado a Estados Unidos.

Con Héctor Melesio Cuén muerto, la UAS transitó con el gobernador, se hicieron los cambios en la ley, se convocaron a elecciones y el poder quedó repartido.

VARGAS, EL ÚLTIMO ESLABÓN

Pero cuando se creía que los conflictos que provocó gobierno usando su desmedido poder habían terminado, surgieron los juicios políticos y penales en contra de Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, por la renta de patrullas con un costo de 126 millones de pesos.

Vargas Landeros declaró, tras la caída de Rocha, que fue amenazado para dejar la alcaldía, de lo contrario se le iniciarían los procesos penales y se usaría al Congreso para destituirlo como alcalde, situación que ocurrió el 1 de mayo de 2025.

Así, se volvió a repetir el mismo proceso que con Estrada Ferreiro, usar no sólo a la Fiscalía de Sinaloa como brazo ejecutor, sino también a instancias como la Auditoría Superior del Estado, la cual también jugó un importante papel en el caso de la UAS.

Sin ningún pudor, toda la maquinaria del Estado fue usada por Rocha y los suyos como herramientas de sometimiento en contra de quien era su rival político.

Pero el golpe contra el rochismo no vendría de las entrañas del estado, sino del exterior, cuando el Departamento de Justicia entabló un proceso penal contra el gobernador y sus cercanos por presuntos nexos con Los Chapitos, desnudando todo un sistema político criminal que, si algo hizo, fue abusar del inmenso poder acumulado.