Con 26 votos a favor, Morena y aliados en el Congreso, aprobaron la reforma judicial en Tamaulipas, convirtiéndose en la primera entidad del país que llevará a elección a la totalidad de jueces, juezas y magistrados.
El debate, que duró una hora y media, no fue suficiente para detener la reforma que renovará el Poder Judicial en el estado el domingo 1 de junio del 2025, de manera simultánea con las elecciones federales.
El diputado Isidro Vargas Fernández dijo que la reforma se nutrió de los resultados de la consulta pública, en el que se incorporaron propuestas de especialistas, instituciones educativas y la ciudadanía, tras un diálogo que permitió realizar ajustes clave al proyecto.
Se contemplan cambios, como la creación de dos nuevos órganos que sustituirán al Consejo de la Judicatura: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar faltas en el desempeño de juezas, jueces, magistradas y magistrados; y el Órgano de Administración Judicial, que gestionará las operaciones internas del Poder Judicial.
En el proceso de análisis, dijo que se garantizó la protección de los derechos laborales de los trabajadores judiciales y se establecieron lineamientos claros para que la transición al nuevo modelo orgánico no afecte sus condiciones ni estabilidad.
Entre las modificaciones derivadas de los foros destaca que la remoción de jueces será exclusiva del Tribunal de Disciplina Judicial, eliminando esta facultad del Congreso, además, se realizaron ajustes para armonizar la reforma con la Constitución Federal y se integraron jueces en proceso de ratificación en la elección de 2024-2025.
La diputada local del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, dijo a Morena, PT y Partido Verde que “esgrimir como argumento que la mayoría del pueblo les dio el derecho de cambiar todo, es absolutamente falso”.
“Elegir a los jueces, politizará el Poder Judicial y será incapaz de controlar el abuso del poder, o como dijo alguien, es como permitir a los aficionados al fútbol, elegir a los árbitros”, declaró en el congreso tamaulipeco.
La panista María del Rosario González Flores señaló que la reforma amenaza con socavar los principios de la justicia e independencia institucional y solo se crearán jueces de consigna política, dependientes y sumisos, “como lo ha sido la recién nombrada Rosario Ibarra como la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a las denuncias contra ella”.