Con el respaldo de su mayoría afín a Morena, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde a los servidores públicos para promover la elección judicial del próximo 1 de junio, desechando el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibía expresamente el uso de recursos públicos para ese fin.
La resolución, promovida por los tres magistrados identificados con la llamada Cuarta Transformación, encabezados por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, desató polémica inmediata por revertir una medida que ellos mismos avalaron legislativamente: la prohibición de propaganda institucional en procesos de designación judicial.
Del impulso a la trampa legal
El fallo se produce tras una ola de impugnaciones promovidas por el partido Morena, cinco gobernadores, la presidenta Claudia Sheinbaum y dos ministras aspirantes a permanecer en la Suprema Corte de Justicia: Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
El argumento central del bloque mayoritario fue que la elección judicial no es equiparable a una elección tradicional de partidos políticos, por lo tanto —según ellos— no aplica la prohibición establecida en la propia reforma promovida por el expresidente López Obrador. “Los Poderes de la Unión postulan a los candidatos, por lo que pueden participar en su promoción”, justificó el magistrado Felipe de la Mata, autor del proyecto.
Magistrados disidentes: "Esto sí es darle la vuelta a la Constitución"
Por su parte, los magistrados disidentes Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón defendieron el acuerdo del INE, advirtiendo que la prohibición de usar recursos públicos para fines de propaganda tiene sustento legal y constitucional, y que la participación de los Poderes debe limitarse a la postulación de aspirantes, no a su promoción en campaña.
“La ley prohíbe tanto la propaganda como la difusión institucional sobre estos procesos”, sostuvo Otálora, mientras Rodríguez acusó al bloque mayoritario de reinterpretar a modo una ley que ellos mismos ayudaron a redactar.
¿“Didáctico”, pero funcional?
Aunque el fallo establece supuestos “candados” —como no llamar abiertamente al voto ni mencionar candidaturas concretas— el permiso para promover la elección bajo el pretexto de educación cívica abre la puerta a que figuras públicas puedan influir en el ánimo del electorado, en plena recta final de la contienda.
Con esta decisión, la presidenta Sheinbaum y otros servidores públicos quedan legalmente habilitados para hablar del proceso judicial, siempre que lo presenten como “orientación ciudadana”. Críticos han señalado que este tipo de excepciones vacían de contenido las prohibiciones que supuestamente la ley impone.