El Congreso de Sinaloa encaminó un nuevo reordenamiento del sistema de transparencia estatal con una señal política delicada: desechó de plano una iniciativa ciudadana para expedir una nueva Ley de Transparencia y, al mismo tiempo, dio cauce a la propuesta enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya. La decisión no sólo marca una ruta legislativa; también exhibe qué modelo quiso privilegiar la mayoría: uno más controlado por el poder público y con menor peso de la vigilancia ciudadana.

La pieza central del cambio es la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), una modificación que ya había sido anticipada desde la reforma constitucional aprobada por el Congreso el 18 de diciembre de 2025. Esa reforma trasladó las funciones garantes del derecho de acceso a la información a las contralorías de los tres poderes y a órganos internos de control, bajo el argumento oficial de armonizar la legislación local con la reforma federal y optimizar recursos públicos.

Sobre esa base, el 21 de abril de 2026 el Congreso dio lectura a dos iniciativas para sustituir la ley vigente. La del Ejecutivo estatal plantea una nueva norma de 161 artículos y 11 transitorios, extingue formalmente a la CEAIP y ordena transferir recursos e inventario a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Además, propone que en el Poder Ejecutivo el derecho de acceso a la información sea garantizado por un organismo desconcentrado adscrito a esa misma secretaría, es decir, por una instancia sin la autonomía constitucional que tenía el órgano anterior.

Frente a esa propuesta oficial, la iniciativa presentada por ciudadanos sinaloenses ofrecía otro diseño institucional: una ley de 182 artículos, con nuevas autoridades garantes, mecanismos de participación ciudadana y la creación de un Sistema Estatal de Transparencia orientado a fortalecer la rendición de cuentas y la coordinación interinstitucional. En otras palabras, no se trataba sólo de una disputa entre textos; estaba en juego si Sinaloa avanzaba hacia un modelo con más contrapesos sociales o hacia uno donde cada poder terminara vigilando su propia transparencia.

Mientras la iniciativa ciudadana fue desechada,  la del gobernador avanzó tras ser recibida el 16 de abril, analizada en comisión y llevada a primera lectura en el Pleno el 21 de abril. Todo ello ocurrió sin que se concretaran los ejercicios de parlamento abierto solicitados desde febrero por integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y sin respuesta a la petición de audiencia promovida por Iniciativa Sinaloa.

Ese punto es el que vuelve más severo el reproche ciudadano: la mayoría legislativa no sólo escogió una ruta jurídica, sino una forma de construirla. El Gobierno de Sinaloa había sostenido desde febrero, por voz de la secretaria Sandra Angulo Cázarez, que los derechos a saber y a la privacidad estarían garantizados en las leyes secundarias, y que la intención era impulsar un modelo “eficiente y cercano” a la ciudadanía. Sin embargo, la secuencia de los hechos terminó contradiciendo el discurso de apertura: el debate avanzó más rápido que los espacios prometidos para discutirlo.

Las reservas no provienen sólo de activistas. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción advirtió este 22 de abril que la iniciativa del Ejecutivo presenta riesgos por falta de autonomía institucional, exclusión de mecanismos de participación ciudadana y posibles limitaciones operativas en los órganos internos de control, especialmente en municipios. El CPC incluso planteó modificar la naturaleza del nuevo órgano garante para convertirlo en un organismo descentralizado e incorporar un Consejo Consultivo Ciudadano.

El problema, entonces, no es meramente administrativo. Cuando un órgano autónomo desaparece y su función pasa a estructuras insertas en el propio aparato gubernamental, el derecho puede seguir escrito en la ley, pero cambia el equilibrio real de poder. El discurso oficial insiste en que no habrá retroceso; los críticos responden que sí lo hay, porque el árbitro independiente se sustituye por un modelo en el que el gobierno y los poderes públicos quedan más cerca de juzgarse a sí mismos.

Así, el revés del Congreso a la iniciativa ciudadana no sólo cierra una puerta legislativa: manda un mensaje político. En una entidad golpeada por la desconfianza institucional, la transparencia requería abrir más el proceso, no replegarlo. Pero la mayoría eligió otra cosa: privilegiar la ley de Rocha, reducir el margen de intervención ciudadana y dejar a Sinaloa ante una reforma que, más que fortalecer contrapesos, parece reacomodar el control del derecho a saber dentro del mismo poder que debe ser vigilado.