“Nosotros fuimos espiados, nosotros no espiamos”, sentenció Sheinbaum en su conferencia matutina, en referencia a prácticas del pasado como el espionaje con Pegasus durante gobiernos anteriores. Rechazó que la CURP biométrica y el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia tengan fines de control o censura, y enfatizó que toda intervención de comunicaciones sólo puede ser autorizada por un juez federal, como estipula el artículo 16 constitucional.

Sin embargo, la respuesta de la mandataria no ha disipado las preocupaciones. Diversos sectores advierten que las nuevas facultades de recolección de datos —como la centralización de biometría y metadatos— abren la puerta a una vigilancia sistemática, aunque se enmarque formalmente en la legalidad. El argumento de que todo acceso requiere orden judicial no siempre se traduce en garantías efectivas cuando existen opacidad institucional y debilidades en los mecanismos de control.

Además, el contexto político y el historial del Estado mexicano en materia de espionaje —desde el CISEN hasta Pegasus— obligan a mirar con cautela cualquier reforma que implique acumulación de información personal en manos del gobierno.

Mientras Sheinbaum apela a la legalidad y la buena fe de su administración, organizaciones civiles exigen transparencia y vigilancia ciudadana sobre cómo se aplicarán estas medidas en la práctica. Porque en un país donde el espionaje ha sido arma política, no basta con decir “nosotros no somos iguales”.