Sin siquiera tomar en cuenta que se tratan datos sensibles que pueden desembocar en una problemática mayúscula, la Secretaría de las Mujeres dirigida hasta hace unos días por la aspirante a una diputación local, Teresa Guerra Ochoa, transparentó contratos de arrendamientos de refugios para víctimas de violencia familiar que pueden revelar ubicaciones de estos domicilios donde son resguardadas las mujeres y sus hijos que escapan a las agresiones de sus parejas; si bien aquí no se dan a conocer por proteger a víctimas, se narra cómo es que SEMUJERES violenta la ley en la materia.

Por Redacción Deprimera Noticias.

En flagrante violación a la Ley de Protección de Datos Personales de Sinaloa, la Secretaría de las Mujeres encabezada por María Teresa Guerra Ochoa, quien hoy se dispone a esperar entrar al Congreso del Estado mediante una diputación plurinominal, subió información sensible de las ubicaciones de algunos refugios de resguardo para mujeres víctima de violencia familiar.

Fue a través de la Secretaría de Finanzas dirigida por Enrique Díaz Vega en que estos documentos, con datos que deberían ser resguardados por la autoridad, en que se publicitó la información.

La Ley de Protección de Datos señala que las instituciones deben tener en cuenta el riesgo inherente en dar a conocer información sensible y debido a ello contempla posibles consecuencias para las personas que lo hagan, filtren o den mal uso de este tipo de información.

El marco normativo señala sanciones administrativas en su artículo 196, a quien por negligencia (como pinta este caso) o por dolo o mala fe, revele datos sensibles y también la ley prevé las actuaciones conducentes para no vulnerar los datos personales.

DeprimeraNoticias confirmó la información, la cual solamente hará pública en el tema de recursos públicos. De acuerdo con uno de estos contratos, firmado por Juan Carlos Vizcarra Estrada, subsecretario de Finanzas y Administración Pública, y se le entregó por adjudicación directa a una particular, de nombre Gladys N.

El inciso C del documento señala que el contrato es con el objeto de arrendar un inmueble “para cubrir sus necesidades de albergar oficinas del refugio para mujeres víctimas de violencia de riesgo alto y extremo”.

La vigencia del contrato fue por tres años, iniciando el 1 de marzo de 2022 y hasta el mismo mes de 2025. En total se pagan de manera mensual la cantidad de 44 mil 120 pesos, más siete mil 59 pesos y 19 centavos de IVA, lo que da un total de 51 mil 179 pesos con 20 centavos.

Dentro de las cláusulas hubo un pago de 88 mil pesos por concepto de depósito, así como el acuerdo de un aumento anual de acuerdo con el índice inflacionario.

Como si fuera un chiste siniestro, la cláusula décima segunda señala a la letra: “Las partes manifiestan que guardarán confidencialidad estricta respecto de la información que sea intercambiada (...) de manera especial de no dar ubicación y datos del bien inmueble ya que dicha información será clasificada”.

Sin embargo, en el documento se anota la ubicación exacta del domicilio en una colonia de Culiacán, incluyendo las dimensiones que no fueron testadas, lo que incurre en una violación a esa confidencialidad de la que habla el contrato.

Además del subsecretario de Finanzas y de la propietaria, también viene estampada la firma de Teresa Guerra Ochoa, quien fue puesta por el gobernador Rubén Rocha Moya en la posición uno de la lista plurinominal al Congreso del Estado.

Dentro de la documentación revelada de manera indebida y presuntamente negligente, también se anexó una factura del SAT por el concepto de la renta del inmueble, en donde se repite de nuevo la dirección exacta del domicilio refugio.

A la política

Guerra Ochoa, polémica por guardar silencio ante las constantes denuncias de acoso sexual en el círculo cercano del gobernador Rocha Moya, pedirá licencia para separarse del cargo. Aunque no tendrá que hacer campaña debido a la privilegiada posición en la lista plurinominal, por ley se tiene que separar del cargo debido a que la legislación contempla que no debe ser servidor público al menos tres meses antes de la elección, la cual será el 2 de junio próximo.

Pero de acuerdo con testimonios del Centro de Justicia para Mujeres, el cual gestiona los refugios para mujeres, esto apenas es la punta de iceberg de una serie de situaciones que ocurren al interior de la Secretaría creada para apoyar a las mujeres, pero que no ha logrado junto con la Fiscalía, abatir los altos índices de violencia familiar y feminicidios, por el contrario, desde la creación de este instituto sólo se ha convertido en parte fundamental del problema.