Sara Bruna: nepotismo en la Fiscalía de Sinaloa
lunes, 13 de noviembre de 2023
Sara Bruna: nepotismo en la Fiscalía de Sinaloa
 

 

La fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada fue denunciada por actos de nepotismo ya que contrató a su hija Paloma Sarahí Herrera Quiñónez como consultora pedagógica de la Fiscalía General del Estado, por lo que la titular de la FGE habría incurrido en un delito grave sancionado por la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Sinaloa.

 

 

Por Redacción De Primera Noticias.

 

 

El pasado 7 de noviembre las consejeras ciudadanas del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, Zulma Judith Gastélum Valdez y Cristal Ilenia Ochoa Monzón, presentaron una denuncia en contra de la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada y contra quien resulte responsable por violaciones al artículo 63 Bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

 

Dicho artículo señala que comete nepotismo el servidor público que contrate, ya sea de base, confianza o por honorarios, a personas con quienes tenga lazos de parentesco hasta por cuarto grado, y de afinidad por segundo grado, vínculo de matrimonio o concubinato.

 

Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.

 

Las denunciantes señalan que de acuerdo con lo que mandata el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho que probablemente se trate de un delito está obligada a denunciarlo.

 

Es así que decidieron interponer la denuncia contra Sara Bruna Quiñónez Estrada ya que el organismo autónomo a su cargo contrató como empleada de honorarios a la hija de la fiscal, Paloma Saharí Herrera Quiñónez, para ocupar el cargo de consultora pedagógica, con un salario mensual de 20 mil pesos.

 

Para avalar la contratación de Paloma Sarahí y su relación de parentesco con la fiscal general del estado, las denunciantes presentaron un acta de nacimiento original, en la que consta que la consultora pedagógica, nacida en Culiacán, Sinaloa, en febrero de 1983, es hija de Francisco Herrera Urquidez y de Bruna Quiñónez Estrada.

 

Asimismo presentaron las solicitudes que Paloma Sarahí ha enviado a la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Graciela Domínguez Nava, para obtener licencias temporales para cubrir otro empleo en la Fiscalía General del Estado. La primera solicitud fue por un plazo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022. La segunda solicitud para ausentarse de su plaza como docente fue para el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

 

La autorización de la prórroga del permiso fue firmada por Jesús Alfonso Durán López, subdirector de personal, quien formaba parte del grupo de funcionarios de la SEPyC que fueron despedidos en febrero de 2023 por el gobernador Rubén Rocha Moya por presuntamente desempeñar sus funciones de forma irregular.

 

Junto con los anteriores documentos, las denunciantes presentaron una constancia laboral firmada por Manuel de Jesús Ibarra Salazar, encargado de la Oficialía Mayor de la FGE, en la que se hace constar que Paloma Sarahí Herrera Quiñónez labora en esa institución como Asesora de Pedagogía bajo la modalidad de contrato por honorarios, con un sueldo neto ordinario de 20 mil pesos mensuales.

 

La hija de la Fiscal cuenta solo con una Licenciatura en Educación. Carece de algún grado de maestría o doctorado que le permita ejercer o que la acredite como consultora o asesora en Pedagogía. 

 

“Se solicita a la Fiscalía y a todas las autoridades que se consideren competentes la información y/o testimonial que sirva como medio pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos señalados”, concluye la denuncia, presentada por las consejeras ciudadanas en el despacho de la fiscal Sara Bruna Quiñónez el pasado martes 7 de noviembre.

 

 

 

 

 

 

 

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