No es la primera vez que Rubén Rocha Moya se ve imbuido en un Gobierno con tintes mafiosos. Durante el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, cuando el actual gobernador era jefe de asesores, también estalló una crisis de seguridad en la que las instituciones y hasta la investidura del gobernador se vieron manchadas en la guerra entre el Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva. Más de cien policías asesinados, una narconómina relevada e investigaciones de la DEA apuntalaron a la administración en la que Rocha medró en los sótanos del poder como una involucrada con el crimen organizado hasta en las más altas esferas. Nadie en los gobiernos ha pecado de candidez a la hora de pactar con el narco.

Por Santiago Rentería.

En los últimos 25 años no ha habido un gobernador de Sinaloa que no enfrente escándalos de narco corrupción. Con Juan S. Millán Lizárraga, el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en Plaza Cinépolis en 2004, selló el fin de un sexenio y la caída en desgracia de un jefe policial junto con todo su equipo cercano.

Sí, fue Jesús Antonio Aguilar Íñiguez quien “renunció” a la Policía Ministerial del Estado junto con una docena de comandantes de sus confianzas, al ser investigada la corporación por la creciente corrupción y su colusión con el narcotráfico. Todo porque se descubrió que uno de los escoltas del Rodolfillo, el comandante Pedro Pérez, era un cercano de Chuy Toño.

La PGR investigó a Aguilar Íñiguez y a su círculo cercano, pero nada sucedió después, porque llegó Jesús Aguilar Padilla a la gubernatura, en una elección muy cerrada en 2005.

Ahí entró como secretario de Economía Jesús Vizcarra Calderón, el empresario de la carne compadre de El Mayo Zambada y gran amigo de Rocha Moya -como ambos lo han dejado en claro- para apuntalar el proyecto de sucesión en la gubernatura.

Aguilar incluyó en su administración a Rocha Moya, un hombre que venía del rectorado de la UAS en los noventas y de un fracaso electoral bajo las siglas del PRD en 1998, frente a un Juan Millán poderoso.

A su vez, tras la ruptura del Cártel de Sinaloa en 2008, que inició con la captura de Alfredo Beltrán Leyva, brotó evidencia de las complicidades entre los gobiernos estatales de Millán y Aguilar con el Cártel de Sinaloa, pero sería años más tarde, durante el juicio de El Mochomo en Estados Unidos, que se confirmó una red de sobornos que en México nunca fue investigado por la entonces PGR.

TESTIGO EN EL CASO BELTRÁN LEYVA

En el año 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó tener evidencias de que El Mochomo sobornó a un gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios estatales entre los años 2000 y 2008, que corresponde a los sexenios de Millán y Aguilar.

Según publicó Reforma en aquel año, la evidencia incluía el testimonio de un testigo cooperador sobre los sobornos pagados por Beltrán Leyva y otros del Cártel de Sinaloa a todos los niveles de la Policía y personal militar. Específicamente la Policía Municipal, la Policía estatal, el Gobernador del Estado, la Policía Federal de Caminos, la oficina del fiscal y su agencia de investigación en Culiacán.

Sin embargo, como Alfredo Beltrán Leyva se declaró culpable no se dio un juicio donde los fiscales expusieran esta evidencia, por lo que el tema cayó en el olvido, aunque el mismo diario afirmó que los Estados Unidos tenían información clave de Millán y Aguilar, no se actuó debido a la política de la DEA de no actuar contra ciertos políticos.

DESTINO MARCADO

Así, aunque Rocha Moya hoy se escude en que son sus detractores quienes “quieren hacerlo narco a la fuerza”, lo cierto es que el hoy gobernador ha gravitado inevitablemente entre el poder público y el fáctico que representa el crimen organizado, sobre todo con el apoyo que fue evidente en la campaña de 2021 con el secuestro de decenas de operadores del PRI y en la reciente campaña, con amenazas en contra de operadores del Partido Sinaloense.

Es decir, no se trata de que sea de Badiraguato, sino que el crimen organizado, como grupo de poder empresarial, mantiene sus intereses inmersos en la vida pública de Sinaloa, y por más negativa discursiva de las relaciones ocultas, el gobierno de Rocha quedó expuesto desde la carta de Ismael Zambada García difundida el pasado 10 de agosto.

El Mayo, según analistas, más allá de una estrategia legal que van armando sus abogados, puso el dedo en la llaga de cómo se gobierna el estado con uno de los cárteles trasnacionales más antiguos del país, con profundas raíces en lo cultural, empresarial e, inevitablemente, político.