La traición Quirino Ordaz Coppel a su partido fue una de las cosas que facilitó la llegada de Rubén Rocha al poder en Sinaloa. A cambio de los servicios prestados, Quirino fue premiado con una Embajada. Ahora, Rocha debe afrontar las millonarias deudas heredadas por los malos manejos de Quirino a quien, por los acuerdos entre ambos, deberá solapar y exculpar de cualquier delito.

Por Redacción De Primera Noticias.

Culiacán, Sinaloa. - El pasado 16 de noviembre, el gobernador Rubén Rocha Moya publicó un video en redes sociales en el que se deslindaba del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del gobierno de Sinaloa, tras la denuncia interpuesta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por las “auditorías erráticas” que la administración de Quirino Ordaz Coppel practicó a dos empresas de Sinaloa y que representan un robo para la hacienda pública.

Rocha Moya señaló que las faltas en que se sustentó la sentencia de la SCJN a favor de la autoridad hacendaria federal fueron cometidas en la administración estatal anterior, por lo que todo este tiempo su gobierno se había estado limitando a “controvertir estas sentencias”, cuyo fallo final se dio a conocer a mediados de noviembre en contra del gobierno de Sinaloa.

En el video, Rocha aparece junto a sus tres funcionarios más cercanos, los que manejan el dinero y la política: el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega y el director del SATES, Ismael Bello Esquivel.

Cabe recordar que durante el periodo de gobierno de Quirino Ordaz Coppel se suscribió un convenio entre la Federación y el Gobierno Estatal para que éste asumiera facultades en materia de fiscalización de impuestos federales de empresas con domicilio fiscal en Sinaloa.

En dicho convenio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reservaba la facultad de supervisar y verificar que el Gobierno Estatal ejerciera adecuadamente esas atribuciones fiscalizadoras a cambio de una remuneración económica para las arcas públicas estatales.

Sin embargo, el SAT detectó que el gobierno de Sinaloa violó los lineamientos estrictos del Convenio de Coordinación Fiscal en el caso de dos empresas “muy conocidas y muy prominentes”: Coppel y Grupo Arhe, por lo que el SAT procedió a establecer la denuncia correspondiente.

“Esos juicios que se perdieron ahora, quiero decirles, vienen desde el gobierno anterior, ahí se cometieron los errores, las faltas que ahora se sancionan”, declaró Rocha en el video. Y agregó que él fue informado del primer fallo que sancionaba al gobierno de Sinaloa el mismo día de su toma de protesta como gobernador. “A mí me comunicaron el mismo día que tomé posesión, que ya había resuelto la Corte sancionar al Estado por ese motivo”.

“Lo que ahora estamos haciendo es buscando con la propia Federación que no nos dañe, ni se suspendan los convenios, porque no es nuestro gobierno el que incurrió en la falta, es aquel gobierno el que cometió faltas en dos auditorías”, concluyó Rocha Moya.

Posteriormente, en entrevista con los medios, el gobernador declaró que las faltas se cometieron porque no se habían seguido los procedimientos que demanda el SAT para las auditorías y confirmó quiénes eran los empresarios involucrados en el fraude: Coppel y Arellano, dijo, este último en referencia al mazatleco Juan José Arellano Hernández, dueño de Grupo Arhe, con empresas en los ramos inmobiliario, energético, turístico y logístico.

“Ni siquiera concluyeron las auditorías. Hicieron un procedimiento inadecuado, el SAT se da cuenta, suspende y procede legalmente contra el convenio de colaboración. Y a partir del 1 de noviembre en que tomé posesión comenzó una sanción de seis meses que consistía en no poder hacer más auditorías”, declaró el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si hubo dolo por parte de la administración quirinista para beneficiar a sus familiares y a sus amigos empresarios, Rocha respondió: “Seguramente sí, si no, no hubiera procedido el SAT. Se hicieron con una falla que perjudicaba al erario”.

¿Habrá responsabilidades administrativas o denuncias contra Quirino Ordaz Coppel por este fraude millonario que afecta directamente la entrada de ingresos del gobierno actual? Rocha respondió titubeante: “No sé, tenemos que revisar la cosa jurídica, no he hablado con Quirino, para nada, el día en que me entregó él y yo lo supimos. Me dijo, oye, hay esto, una multa de mil millones de pesos”.

Viejas complicidades

A pesar de que el gobierno de Sinaloa deberá pagar la multa de más de mil millones de pesos por el fraude cometido en la administración del ahora embajador de México en España, el gobierno de Rubén Rocha Moya no alista ninguna denuncia contra Quirino Ordaz Coppel ni ante la Fiscalía General del Estado ni ante ninguna otra instancia.

En lugar de proceder penalmente contra el ex gobernador, teniendo todas las pruebas del fraude a la mano, Rocha Moya se ha limitado a pedirle al presidente López Obrador que le perdonen la multa. Pero el propio presidente se burló de Rocha cuando en la conferencia matutina realizada en Culiacán el 14 de noviembre recordó cómo el gobernador le había pedido “un mes más” de subsidio en la tarifa de energía eléctrica. “Me pide un mes más el gobernador, así nomás, fácil”, dijo López Obrador entre risas.

Si desde el primer día de su gobierno, Rocha estuvo enterado del fraude cometido por Quirino Ordaz contra la hacienda pública, no fue sino hasta que llegó el fallo de la corta cuando lo hizo público. Es decir, solapó la conducta delictiva de Quirino Ordaz cuyo gobierno dolosamente practicó auditorías erráticas para facilitar la evasión fiscal de sus familiares y amigos los Coppel y los Arellano.

Sin aceptar su responsabilidad, Rocha se auto exculpa y busca lavarse las manos a pesar de la protección que con su silencio le dio a Quirino Ordaz, cuando desde que se enteró del mega problema que le estaban heredando pudo haberlo hecho público y exigirle que cumpliera con sus compromisos con el SAT.

Pero Rocha optó con convertirse en parte del eslabón de la cadena de corrupción del ex gobernador ahora embajador, quien no solo favoreció con fiscalizaciones tramposas a sus amigos sino que también les regaló estadios, acuarios y millonarios contratos con dinero público.