El ministro Juan Luis González Alcántara confirmó que no participará en la elección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025 en la que estarán en juego nueve asientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo dijo el martes durante su participación en el Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades en la UNAM.
Con esta decisión, González Alcántara se suma al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien presentó su renuncia a la Corte, y al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien también renunció al cargo, ambas dimisiones con efectos a partir del 31 de agosto del siguiente año.
“Lo que no podría haber imaginado nunca cuando recibí esta invitación hace un par de meses, era estar en las circunstancias en las que me encuentro yo y muchísimos juzgadores de nuestro país. En esto no habíamos pensado ni reflexionado hace un año y nunca, nunca lo hubiera pensado hace seis años, que fue cuando me incorporé al Poder Judicial federal”, dijo.
“A un día de declinar una candidatura para las elecciones extraordinarias del 2025, en las que otras personas accederán al cargo para el cual yo fui nombrado hasta el 2033, hoy me enfrento más que nunca nuevas preguntas, pero también a nuevos ejemplos de mutabilidad constitucional”, explicó.
González Alcántara defendió su proyecto de sentencia sobre la reforma judicial, que propone invalidarla parcialmente y que será discutido por el Pleno del máximo tribunal el próximo 5 de noviembre.
“La propuesta que yo hago a mis pares es una propuesta que busca conciliar, romper las distancias que hoy nos mantienen en una crisis constitucional, donde el desacato y la inseguridad jurídica son cotidianos, y no lo digo yo nada más”, declaró.
“Dentro de nuestra república federal caben las reformas, caben las transformaciones, caben los progresos, pero también caben los desvaríos. Un sistema de candidatos incierto que cambia las condiciones de permanencia, que genera votaciones que no son auténticas y que acaba por remover a todas las juezas y jueces, a todos los magistrados y magistradas de nuestro orden federal, obligando a los estados de la república, estados soberanos, en su orden interno, a replicar lo mismo, no cabe en una república como la nuestra”, enfatizó.
“¿Puede acaso nuestra república representativa, nuestra república democrática, nuestra república laica y nuestra república federal aceptar la reforma judicial? La respuesta que propongo es que no. No toda reforma judicial es viable”, consideró.