El Colegio de Abogados de México expresó su postura respecto al decreto del Ejecutivo Federal mediante el cual se declaran de interés público y seguridad Nacional diversas obras públicas, el mismo día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de un decreto similar.

A continuación el comunicado íntegro:

En sesión del día de ayer jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional 217/2022, en la que analizó la constitucionalidad del Acuerdo que decretaba distintas obras y proyectos prioritarios como de interés público y de seguridad nacional.

Determinó, por mayoría calificada, la invalidez de esa declaratoria, ya que transgredía el derecho a saber e invadía la facultad del INAI para delimitar los alcances de la seguridad nacional y el interés público.

Con sorpresa advertimos que en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Poder Ejecutivo decretó nuevamente como de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, entre otras actividades las relacionadas con el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; Chetumal y Tulum, Quintana Roo, contraviniendo, en un nuevo Decreto, lo resuelto por la Suprema Corte.

Condenamos cualquier acto que desconozca, ignore o burle la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ello vulnera el equilibrio constitucional.

La reforma constitucional en materia judicial del 11 de marzo de 2021 y específicamente el párrafo 12 del artículo 94, ordenó expresamente reconocer la obligatoriedad de las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas en el Pleno de la Suprema Corte.

El Poder Ejecutivo debe cumplir con su obligación de hacer guardar la Constitución, como se lo impone el artículo 87 de nuestra Carta Magna.

Es nuestro deber denunciar el grave riesgo que se corre al evadir el cumplimiento de las decisiones de los tribunales.

La paz y tranquilidad de la ciudadanía recae en el respeto a nuestra Constitución. El trabajo de las y los jueces nos permite vivir tranquilos, seguros frente al poderoso y protegidos de la ley del más fuerte.

El desconocimiento de las decisiones judiciales, abre el camino a la arbitrariedad, a la violencia y a la justicia por propia mano. Nada más alejado del México que necesitamos y debemos procurar para nuestras familias.