La violencia volvió a estremecer a Culiacán con el asesinato de un policía estatal y cinco presuntos delincuentes abatidos, un hecho que exhibe la distancia entre el discurso triunfalista de la presidenta Claudia Sheinbaum y la realidad que viven los sinaloenses.
Por David Fuentes M.
El pasado martes 7 de octubre la violencia volvió a estremecer a Culiacán como recordatorio de la guerra que sigue librándose en sus calles. Un enfrentamiento entre policías estatales y presuntos miembros del Cártel de Sinaloa dejó un saldo de un agente muerto y cinco presuntos pistoleros abatidos.
Todo comenzó en el estacionamiento de un centro comercial del fraccionamiento Stanza Cantabria, donde elementos de la Policía Estatal fueron atacados a balazos. Horas después, los agresores fueron localizados en un domicilio del fraccionamiento Urbivilla del Cedro. Al llegar, las fuerzas de seguridad fueron recibidas a tiros. El resultado: cinco presuntos delincuentes muertos y un policía estatal caído.
Este nuevo atentado evidencia los dos Sinaloas que coexisten: el que la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch presumen desde Palacio Nacional, y el que viven día a día los ciudadanos en las calles. Mientras el gobierno federal asegura que los homicidios van a la baja, la realidad responde con plomo.
LA NARRATIVA DEL PRIMER INFORME DE SHEINBAUM
En su primer informe de gobierno, la presidenta Sheinbaum afirmó que los homicidios dolosos en México se redujeron 32 por ciento en el último año. Aseguró desde el Zócalo capitalino que su Estrategia Nacional de Seguridad funciona y que cada mañana, a las seis, evalúa junto a su gabinete los avances de su política de “construcción de paz”.
Sin embargo, entre los estados con “reducciones significativas”, no mencionó a Sinaloa, donde la guerra entre La Chapiza y La Mayiza ha teñido de sangre al estado. Las cifras nacionales pueden acomodarse, pero en Sinaloa la violencia continúa en forma de enfrentamientos, levantones, homicidios y robo de autos.
El gobernador Rubén Rocha Moya, fiel al discurso presidencial, celebró el informe y aseguró que Sinaloa “camina junto a la Cuarta Transformación”. Sin embargo, bajo su mandato los homicidios dolosos se han disparado a niveles no vistos desde hace décadas: 476 homicidios en 2022, 534 en 2023, 993 en 2024 y ya mil 292 homicidios dolosos entre enero y septiembre de 2025, según la Fiscalía estatal.
Es una cifra que revela no solamente la incapacidad del gobierno local para contener la violencia, sino también la desconexión entre los informes oficiales y la realidad de las calles.
La percepción de inseguridad se intensificó en septiembre, cuando la celebración del aniversario de Culiacán fue cancelada nuevamente por motivos de seguridad, tal como sucedió semanas atrás con los festejos del Grito de Independencia. Las calles amanecieron con narcomantes dirigidas al propio gobernador Rocha y a la presidenta Sheinbaum, señalando presuntos vínculos de autoridades con facciones del Cártel de Sinaloa.
LOS SECTORES MÁS GOLPEADOS
La violencia no es el único problema que golpea al estado. En el campo y la pesca (dos de los pilares de la economía sinaloense) la crisis se profundiza. Productores agrícolas denuncian abandono, importaciones descontroladas y políticas sin rumbo.
La diputada priista Irma Moreno Ovalles lamentó que Sheinbaum haya dejado a Sinaloa “completamente reprobado” en agricultura. Juan Enrique Habermann, exdirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, advirtió que la eliminación de programas y apoyos ha dejado al campo en la orfandad. “Estamos ante políticas fallidas, con una competencia desleal y sin rumbo”, alertó.
La economista Cristina Ibarra señaló que el valor de la producción agrícola cayó de 58 mil millones de pesos en 2019 a 48 mil millones en 2024, y que el empleo formal en el sector se ha reducido de 107 mil a 92 mil puestos. Sin financiamiento, sin seguros agrícolas y sin una política clara, el campo sinaloense se encamina a una crisis estructural que podría llevar la economía estatal veinte años atrás.
La pesca enfrenta un panorama aún más desolador. De 22 programas de apoyo, 21 han sido eliminados, denunció la senadora Paloma Sánchez. Miles de familias quedaron sin subsidios para diésel ni recursos para motores. “El programa Bienpesca apenas entrega siete mil 500 pesos al año y llega tarde. No alcanza para nada”, afirmó. A la falta de inversión se suma el abandono de la acuacultura, cuya electrificación sigue pendiente pese a su potencial productivo. La crisis pesquera se traduce en desempleo, pobreza y migración forzada.
El discurso presidencial, lleno de cifras optimistas, no alcanza para ocultar la realidad que vive Sinaloa. Las promesas de seguridad, bienestar y apoyo al campo se desmoronan frente a la evidencia. Mientras la presidenta presume una nación que avanza, en Sinaloa los productores se hunden, los pescadores sobreviven y las balas siguen dictando el ritmo de la vida cotidiana en ciudades como Culiacán y Navolato.