A confesión de parte, relevo de pruebas. Una vez más el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, al intentar negar un problema que existe y está ampliamente documentado por parte de las instancias de derechos humanos, terminó por aceptar que los penales del estado mantienen autogobierno por parte de los mismos reos, lo que implica que son los delincuentes presos -con conexiones afuera- quienes dirigen la seguridad y organización de las cárceles sinaloense, aunque el Ejecutivo mencionó que era un “problema de todo el país”, sin ofrecer pruebas de ello. Lo que sí cobró relevancia es que si en las penitenciarías bajo sujeción gubernamental existe el autogobierno, ¿quién manda en las esferas de seguridad en todo Sinaloa? La prohibición del fentanilo, las redes de halcones, el lavado de dinero y el poderío de la delincuencia organizada que mantiene una sólida base social, son solo unas pistas a una respuesta en el vacío.

CULIACÁN, SINALOA.- Por años, los penales de Sinaloa se han mantenido en los niveles más bajos de las calificaciones en los reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en cuanto a las condiciones en las que viven los prisioneros que purgan condenas o están bajo proceso penal, los cuales se enfrentan a condiciones de hacinamiento y precariedad, pero lo que más destaca es el autogobierno, es decir, que las cárceles son gobernadas por los mismos delincuentes que se reparten en jerarquías provenientes de los grupos criminales del narcotráfico.

Aunque en el informe 2022, la CEDH posicionó a los cuatro penales del estado con una puntuación de 6.17, en este rubro de que al interior se registran actividades ilícitas, no hay reglamentos y se rigen bajo los códigos de la delincuencia organizada, el estado permanece reprobado.

Y es que la forma en que se organizan con sus reglas y liderazgos los internos al interior de las cárceles, es el reflejo de los mandos afuera, porque tanto mandan adentro como los temas de seguridad en general.

¿QUÉ DIJO ROCHA?

Al ser cuestionado sobre el autogobierno y el hacinamiento, Rocha Moya, como lo hace Andrés Manuel López Obrador, dijo que tenía otros datos.

“Yo tengo otro informe, nosotros revisamos cuando entramos, eso que dices tú del autogobierno (señala al reportero) no te lo voy a refutar, y si van a cualquier otro penal del país lamentablemente eso hoy impera”, comentó.

Admitió que es el problema más fuerte de resolver en los penales, pero del país, aunque él es gobernador de Sinaloa y tiene bajo su mando la seguridad de las cárceles estatales.

“Por supuesto que es el tema más agudo de resolver en los penales de este país, no hay una estrategia única, estamos viendo mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad”, declaró en la semanera.

CONTRATO DE COMIDA

Para justificar el tema, Rocha Moya contó que el contrato de alimentación en los penales se firmó siempre y cuando la empresa o empresas beneficiadas, contrataran a su vez a los internos para hacer la comida.

“Nosotros hicimos en el tema de la comida, que por cierto uno de los temas que nos interesan, alimentos, contratamos condiciones muy peculiares, entre otras que sean los propios que están en la cárcel los que trabajen directamente en el tema de los alimentos”, dijo.

En el tema de hacinamiento reconoció que el penal de Los Mochis (Goros) tenga esta situación o el de Angostura, que es uno de los más pequeños del estado.

“No hay un solo penal que tenga una población que la de que debe tener, ese es el diagnóstico que tenemos nosotros, yo no sé con quién se entrevistaron ustedes allá”, señaló.

LA REALIDAD EN SINALOA

No se trata de algo que nomás se da en su sexenio, sino es algo que se ha desarrollado a lo largo de los gobiernos, antes priistas, ahora del PRIMOR (PRI-Morena), sobre el autogobierno del crimen organizado y el orden que imponen en las calles del estado.

Una evidencia reciente es que la facción de Los Chapitos fueron quienes impusieron la veda de producir y traficar fentanilo, so pena de muerte a quien se atreva a violentar la prohibición.

Aunque las estadísticas señalan que ha habido menos homicidios dolosos en 2023, lo que arrojan los análisis de cifras de delitos, es que las desapariciones y levantones van en aumento. Es decir, la delincuencia organizada tiene años que movió el foco de estos delitos graves, y con esto se evita en radar de poner a Sinaloa como un estado violento.

Los índices de impunidad en Sinaloa permanecen inamovibles, la Fiscalía General del Estado presenta grandes vacíos para resolver las denuncias que se presentan día a día, mientras que el narcotráfico continúa mandando en las corporaciones.

DESGOBIERNO

Según personal de la Fiscalía, al contar la mecánica de cómo se manejan la resolución de delitos, basta que un homicidio o una serie de crímenes tengan relación con el narcotráfico, investigadores y ministerios públicos optan por no continuar con los casos.

Por más que haya evidencias o testimonios, los fiscales prefieren dar carpetazos, lo mismo en la dirección de periciales que ha habido casos, según cuentan exempleados, que llegan a borrar huellas, perder indicios, para no resolver casos relacionados con el crimen organizado.

¿Quién manda en Sinaloa? Otro de los casos que arrojan un dato es el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, homicidio por el que se cuentan con dos órdenes de aprehensión vigente.

La Fiscalía ofreció una recompensa de un millón de pesos por cada uno de los presuntos responsables del crimen, identificados como autor intelectual y material del homicidio, pero la fiscal Sara Bruna Quiñones argumentó en mayo pasado que no han logrado detenerlos debido a que ni la prensa ni la sociedad coopera, además que no arriesgarían a sus agentes a ir a la región de Pueblos Unidos a hacer operativos.

“¿Qué quiere decir esto?, ¿Qué lectura se puede sacar? Que la sociedad no coopera, no le interesa, les gusta leer por el morbo quizás, pero no les interesa cooperar con las autoridades, estamos llamado cuando no podemos las autoridades, hay que reconocerlo, hay que ser humildes, honestos decir no hemos podido detenerlos, les ofrecemos dinero para que nos aporten datos y han hecho caso omiso”, declaró el 5 de mayo, fecha en que se cumplió un año del asesinato.

Fue ahí cuando reclamó a vecinos de diversas comunidades de Culiacán su apatía en participar con información. “No creo yo que en Pueblos Unidos no haya gente que no los conozca, en Eldorado nos los conozcan, o en El Salado no los conozcan, que son los lugares que todos saben que por ahí siguieron pero nadie nos da un dato concreto”, se quejó la fiscal.

DOS CULIACANAZOS

Casi al cumplirse cuatro años del primer Culiacanazo, el 17 de octubre de 2019, y al acercarse el primer año de la captura de Ovidio Guzmán López en Jesús María (que desató el segundo Culiacanazo), también son hechos delictivos que evidencia el poder de mando de las organizaciones criminales.

En estos dos casos, las víctimas inocentes nunca tuvieron justicia, y por el contrario, el Cártel de Sinaloa continúa en permanente reorganización para continuar con sus operaciones, pese a la prohibición del fentanilo.

Las balaceras de Año Nuevo también exhiben datos sobre el autogobierno del narco sobre el legalmente establecido, y más recientemente el despido del teniente coronel Cristóbal Castañeda como secretario de Seguridad Pública, separado de su cargo al sostener enfrentamientos contra liderazgos del narco.

El mismo gobernador Rubén Rocha lo dijo en entre líneas: “La evaluación es, que tenía aquí actuando operativamente más de 5 años y que un mando policial se desgasta, genera conflictos que nosotros deseamos evitar, es decir no queremos que derivado de conflictos ya muy directos, eso nos complique el tema de la seguridad… Incluso por razones de seguridad de los propios mandos, nosotros tenemos que tener responsabilidad en eso y darnos cuenta de que tenemos que cuidar la seguridad de nuestros miembros de este gobierno”, explicó sin explicar que Castañeda no era bien visto por líderes del crimen organizado.