Deprimera Internacional 

Durante años, mientras otros países construían nuevas prisiones para enfrentar el hacinamiento, Países Bajos tomó una decisión aparentemente impensable: comenzó a cerrar cárceles. La razón fue una drástica reducción de su población penitenciaria, producto de una combinación de menor criminalidad, cambios en la forma de sancionar los delitos y un mayor uso de penas alternativas al encarcelamiento.

Entre 2005 y 2015, el número de personas encarceladas en el país cayó 44 por ciento, una reducción extraordinaria incluso dentro de Europa. El descenso permitió cerrar más de 20 prisiones durante las últimas dos décadas. Algunas instalaciones dejaron de funcionar como centros penitenciarios y fueron reutilizadas para otros fines, desde alojamiento para solicitantes de asilo hasta espacios comunitarios.

La transformación del sistema no se explica únicamente porque hubiera menos delitos. La justicia neerlandesa también ha recurrido con mayor frecuencia a penas comunitarias, libertad supervisada y otras alternativas a la prisión, especialmente para infracciones que no representan un alto riesgo para la sociedad. La lógica detrás de estas medidas es que mantener a una persona vinculada con su familia, trabajo y comunidad puede favorecer su reinserción y reducir las posibilidades de reincidencia.

El modelo convirtió a Países Bajos en uno de los países occidentales con menor proporción de población encarcelada. En 2023 había alrededor de 64 presos por cada 100 mil habitantes, según datos del World Prison Brief.

Después de años de reducción, la población penitenciaria comenzó a aumentar nuevamente y el sistema empezó a quedarse sin espacio. En 2024, cientos de celdas permanecían inutilizadas debido a la falta de personal, mientras que alrededor de dos mil personas condenadas no habían podido ingresar a prisión por problemas de capacidad y recursos.

En 2025, el gobierno reconoció la gravedad del problema. La Agencia de Instituciones Penitenciarias llegó a declarar un “código negro”, utilizado cuando la ocupación supera el 99.5 por ciento y las autoridades enfrentan dificultades para alojar a todas las personas que deberían estar detenidas. El propio gobierno neerlandés reconoció que el problema pasó de ser principalmente la falta de personal a convertirse también en una escasez de celdas.

La presión continuó durante 2026. En abril se reportó que 658 personas con condenas de prisión tenían retrasado el inicio de sus penas debido a la falta de celdas y personal, y algunas corrían incluso el riesgo de no cumplirlas dentro de los plazos legales.

La experiencia neerlandesa resulta particularmente relevante porque desmonta una idea común: menos personas en prisión no necesariamente significa una sociedad más peligrosa.

El descenso penitenciario fue resultado de múltiples factores y no puede atribuirse exclusivamente a una política de rehabilitación. La caída de determinados delitos, los cambios en la persecución criminal y las decisiones judiciales tuvieron un papel importante. Sin embargo, el país también demostró que la prisión puede dejar de ser la respuesta automática para determinados delitos.

Ahora, paradójicamente, Países Bajos enfrenta el problema contrario: después de cerrar instalaciones porque no eran necesarias, necesita recuperar capacidad penitenciaria.

La historia neerlandesa, por eso, no es la de un país que “se quedó sin delincuentes”. Es la de un sistema que durante años redujo el uso de la prisión hasta transformar su infraestructura, pero que hoy intenta encontrar un nuevo equilibrio entre castigo, rehabilitación, seguridad y capacidad.

El caso plantea una pregunta que trasciende sus fronteras: ¿debe una sociedad medir la eficacia de su sistema de justicia por el número de personas que encierra o por su capacidad para reducir el delito y evitar que quienes cumplen una condena vuelvan a delinquir?