Por Redacción Especial
La presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido un intenso debate nacional tras enviar al Congreso una propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Presentada como una respuesta a la reciente transmisión en medios mexicanos de campañas antiinmigrantes provenientes de EE. UU., la iniciativa busca prohibir la difusión de propaganda extranjera con fines políticos, ideológicos o comerciales. Sin embargo, detrás de esta aparente defensa de la soberanía mediática, críticos ven una peligrosa herramienta de control.
Lo que propone la reforma
El proyecto de ley contempla, entre otros puntos, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un nuevo órgano que absorbería funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esta agencia tendría facultades para regular el espectro radioeléctrico, supervisar medios y plataformas digitales, e incluso bloquear contenidos.
También plantea multas de hasta el 5 % de los ingresos anuales a concesionarios que transmitan propaganda extranjera, salvo que esta tenga fines culturales o turísticos. El objetivo, según el gobierno, es evitar “injerencias ideológicas extranjeras” y proteger el espacio informativo mexicano.
Críticas y preocupaciones
No tardaron en alzarse voces preocupadas. Desde la oposición hasta organizaciones de la sociedad civil, diversos actores han alertado sobre el potencial autoritario de la reforma, en especial por el polémico artículo 109, que otorga a la ATDT la facultad de bloquear plataformas digitales sin necesidad de orden judicial.
Legisladores, juristas y defensores de la libertad de expresión advierten que esta medida abre la puerta a la censura discrecional del contenido en internet, además de representar un grave retroceso en términos de autonomía regulatoria.
La Cámara Internacional de Comercio México ha exigido un debate parlamentario abierto y transparente, argumentando que el diseño de esta reforma podría concentrar demasiado poder en el Ejecutivo y vulnerar derechos digitales de los usuarios.
Sheinbaum responde… pero no cede
Ante la creciente controversia, la presidenta reconoció que algunos artículos podrían necesitar ajustes, pero negó rotundamente que exista intención de censura. “Hay que corregir la redacción del artículo 109”, dijo, y dejó la responsabilidad en manos del Congreso.
Aun así, el mensaje es claro: el gobierno busca tener mayor control sobre lo que se transmite en el país, ya sea en medios tradicionales o digitales, bajo el argumento de defensa nacional e identidad cultural.
Durante su conferencia mañanera de este viernes 25 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que no se pretende la censura y no tiene que ver con autoritarismo, “sino con recuperar atribuciones”.
“El artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, entonces o que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema porque ese no es el centro de la ley”, dijo.
¿Qué viene?
La iniciativa ya avanza en comisiones del Senado y podría votarse en el pleno en los próximos días. Aunque voces como la del diputado Ricardo Monreal han admitido la posibilidad de modificaciones, la prisa con la que se está procesando la reforma genera suspicacias.
Lo que está en juego no es menor: la autonomía de los organismos reguladores, la libertad de expresión en el entorno digital, y el derecho ciudadano a recibir información sin filtros gubernamentales.
La pregunta de fondo: ¿México necesita blindarse de propaganda extranjera… o lo que realmente necesita es blindarse contra el autoritarismo disfrazado de protección nacional?