A mediados del mes de julio brotó el escándalo de que en al menos dos seudo centros de rehabilitación del municipio de Angostura criminales retenían a la fuerza a decenas de personas a las que obligaban a trabajar de manera forzada. En este municipio costero de Sinaloa, en donde ya el estado tiene detectado un foco de adicción a la droga, y donde de manera constante hay patrullajes de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, ninguna autoridad se había percatado de que, en dos negocios con rótulos de clínicas contra adicciones, se esclavizaba de manera infrahumana a más de 60 personas, incluyendo a menores de edad. Todo mundo lo sabía en el pueblo, menos quien se ostenta como autoridad.

Por Santiago Rentería.

Por fuera, los dos edificios lucían como cualquier otro centro de rehabilitación, con su fachada en color azul y blanco, que contrastaban con los círculos en negro que anunciaban el rótulo que se trataba de un centro de rehabilitación de adicciones.

Esta fachada, sin embargo, ocultaba un infierno: el de grupos armados levantando a personas y obligándolas a trabajar de manera forzada en labores del campo, sin paga y sin alimentación adecuada, una esclavitud moderna en la que toda la cadena de autoridad en esa región, se hacía de la vista gorda.

De acuerdo con diversos testimonios, el grupo criminal que controla la región de Angostura decidió de un año para acá implementar esta estrategia de tener mano de obra esclavizada, encubriendo esta forma de trata de personas, con estos seudo centros de rehabilitación.

A la mayoría de las víctimas que fueron liberadas, un total de 57, las habían privado de la libertad bajo el mismo modus operandis. O los atrapaba una siniestra “voladora” de sujetos armados que argumentaban que al ser adictos los iban a internar en el centro, y a otros de plano, al verlos que ninguna familia podía protegerlos, se los llevaban al verlos en despoblado.

Se tratan de personas de entre 17 y 60 años, quienes sí se dedicaban por voluntad a labores del campo, y eran pocos quienes sí se consideraban adictos a alguna sustancia narcótica.

Según contaron algunos rescatados, los sujetos armados los tenían en condiciones infrahumanas, en cuartos hacinados sin camas, dormían en el piso, les daban comida mala y en porciones pequeñas, los sacaban a labores agrícolas en la zona, ya que Chinitos y La Reforma se consideran valles agrícolas del estado.

En todo momento, contaron al ministerio público, eran custodiados por hombres armados, y para ir al trabajo forzado también los sacaban en camionetas con sujetos que en todo momento los vigilaban.

Las casas del infierno

El primer rescate fue gracias a una denuncia anónima, ya que la gente de Chinitos sabía lo que sucedía en la casa denominada Hermanos Unidos. Hasta ahí llegaron elementos de Marina y de la Policía Estatal Preventiva el pasado miércoles 12 de julio pasado, ya al anochecer, cuando los guardianes armados eran pocos.

De hecho, los agentes solamente detuvieron a una persona, de nombre Luis Jahir, a quien las víctimas señalaron como el encargado. En este primer centro rescataron a 18 hombres, algunos de otros municipios y los menos, originarios de Guerrero, Colima y Nayarit.

Incluso otros manifestaron que eran albañiles que habían sido levantados cuando realizaban trabajos de construcción en la región. Todos sin posibilidad de comunicarse hacia el exterior, ya que también tenían prohibido tener celulares.

El segundo centro reventado ocurrió a los días, el viernes 15 de julio, también por la noche, cuando arribaron elementos de la Armada de México y del Grupo Élite de la PEP al edificio ubicado en La Reforma, donde además detuvieron a tres personas consideradas auxiliares.

La Secretaría de Seguridad Pública informó aquella noche que, tras un reporte anónimo, se acudió al centro que funcionaba como presunta franquicia del que se encuentra en Chinitos.

Ahí en este segundo lugar había 39 personas a las que tenían recluidas contra su voluntad y las forzaban a realizar trabajos de campo.

Según el comunicado oficial, el personal de la Semar y PEP acudió al sitio señalado, y al arribar se entrevistaron con tres personas que se encontraban a las afueras del inmueble. En ese momento escucharon gritos de ayuda que provenían del interior, por lo que solicitaron entrar, lo cual se logró cuando les dieron acceso.

Al ingresar, señalaron, se percataron de la presencia de 39 hombres, quienes dieron múltiples testimonios de estar ingresados involuntariamente para realizar labores de jornaleros en agrícolas y campos camaroneros sin recibir pago, además de ser golpeados como castigo; señalaron a los tres civiles que se encontraban afuera como los encargados del centro.

Ante estos indicios, apuntó la SSP, las autoridades procedieron a resguardar a las personas denunciantes y aseguraron a los señalados, mismos que fueron puestos a disposición de agentes del Ministerio Público Especializado en Violencia Contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

Los cuatro encargados

La Fiscalía General del Estado presentó ante el juez de control a los cuatro sujetos detenidos, el primero de ellos fue identificado como Luis Jahir, a quien vincularon a proceso por del delito de trata de personas agravado, al tratarse de más de dos personas y además hay un menor de edad entre las víctimas.

En la audiencia inicial, el juez dio la prisión preventiva oficiosa en contra del imputado y además dio un plazo de cuatro meses para que el ministerio público presente la investigación complementaria.

Se estableció que el procesado fungía como encargado y que, con la ayuda de personas armadas privaban de su libertad a personas del sexo masculino en las calles de esa región y poblados aledaños.

Esto con el objetivo de obligarlos mediante el uso de violencia física y moral, a realizar trabajos forzados en los campos agrícolas y granjas acuícolas, sin recibir pago alguno por su prestación de servicios, y si se quejaban o desobedecían órdenes eran golpeados.

Días más tardes, también fueron presentados ante el juez a Luis Enrique “M”, Leonardo “C” y Mario Uriel “G” contra quienes se formuló imputación por los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, privación de la libertad y secuestro (por una de las víctimas).

El Juez de Control calificó de legal la detención, se formuló imputación, y se solicitó vinculación a proceso, sin embargo, la defensa solicitó duplicidad de término, por lo que se programó continuación de audiencia para el 21 de julio a las 12:00 horas. En tanto los tres imputados, al igual que el primero, permanecerán en prisión preventiva oficiosa.

Centros irregulares

Como siempre que ocurren este tipo de eventos, el Gobierno del Estado y las instancias de seguridad comenzaron a decir que se realizará una revisión a los centros de rehabilitación del estado, para detectar si en otros ocurren prácticas similares.

La Secretaría de Salud, a través de su área de Comisión Estatal de Prevención de las Adicciones, indicó que tienen una lista de al menos 130 centros que no cumplen con los requisitos para operar, y que tres de ellos se negaron a recibir supervisión por parte del personal calificado. Lo mismo sucedió con las clínicas de belleza clandestina que cobraron la vida de varias mujeres.

Cuitláhuac González Galindo, titular de Salud, declaró a medios que, debido a esta situación de irregularidad, no descartan que en estas clínicas clandestinas se realicen prácticas indebidas, como las descubiertas en Angostura.

“Yo te puedo decir que tenemos el registro de CEPTCA, regulados, 130 centros en todo el estado. Se estima que hay 120 más que no están completamente regulados, que se hacen las supervisiones, pero que a veces ellos no nos dejan entrar, la ventaja es que sí hay un buen trabajo con estos centros y que estamos trabajando para que estos que estén fuera, se integren”, expuso ante medios.

González Galindo puntualizó que ya serán las autoridades correspondientes quienes hagan las supervisiones tal y como ha sucedido en los centros de rehabilitación del norte.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya rechazó que sea una práctica generalizada por parte del crimen organizado este modus operandis, aunque comenzó que había condiciones infrahumanas en Angostura, por lo que ordenó una revisión en todo el estado.