Análisis por Abel Jacobo Miller
Durante casi dos décadas, México ha apostado por una estrategia que parecía inevitable: entregar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Primero fue con Felipe Calderón y la “guerra contra el narco”; después con Enrique Peña Nieto; y finalmente con Andrés Manuel López Obrador y la creación de la Guardia Nacional bajo control militar. Hoy, con Claudia Sheinbaum se mantiene el mismo modelo y la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿funcionó la militarización?
Los resultados muestran que no.
México pasó de considerar al Ejército como una fuerza “de apoyo” a convertirlo prácticamente en el eje central de la seguridad nacional. Los militares administran aduanas, aeropuertos, puertos, obras públicas, inteligencia, la Guardia Nacional y buena parte de las tareas policiacas. Sin embargo, el país continúa registrando niveles históricos de violencia y expansión territorial del crimen organizado. Las organizaciones criminales no desaparecieron: se fragmentaron, crecieron y se infiltraron todavía más en las instituciones.
El problema es que durante años se vendió la idea de que el Ejército era incorruptible. La realidad terminó golpeando ese discurso.
El caso de Gerardo Mérida Sánchez es probablemente uno de los más delicados para el modelo militarizado. General de división, formado dentro de la estructura castrense y posteriormente nombrado secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, hoy enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y por supuestamente favorecer operaciones de “Los Chapitos”.
El golpe político y simbólico es enorme porque destruye una narrativa que durante años se utilizó para justificar la militarización: que los militares eran menos corruptos que las policías civiles.
Y aquí surge una pregunta clave: ¿quién puso a Gerardo Mérida en Sinaloa?
Formalmente, el gobernador tiene la facultad constitucional de nombrar a sus secretarios de Seguridad. Pero, en los hechos, desde hace años existe una fuerte intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional en la designación de mandos estatales. En Sinaloa, incluso la gobernadora interina Yeraldine Bonilla declaró públicamente que la designación de Mérida provino de la SEDENA y no directamente del gobierno estatal.
Eso confirma algo que en los estados ya se sabía desde hace tiempo: muchos gobernadores terminan aceptando perfiles militares enviados o “palomeados” desde el centro del país. Jurídicamente, el nombramiento es estatal, pero políticamente la influencia federal y militar es determinante.
Sinaloa representa quizá el laboratorio más claro de esta estrategia fallida. El estado ha tenido militares en puestos clave de seguridad, despliegues permanentes del Ejército, operativos federales y coordinación directa con las Fuerzas Armadas. Aun así, la violencia no desapareció. Al contrario: el estado continúa marcado por disputas internas del ‘Cártel de Sinaloa’, desapariciones, ejecuciones y desplazamientos.
Y hay un punto todavía más delicado: cuando las corporaciones civiles se debilitan porque todo se deposita en manos militares, el sistema entero queda vulnerable si algunos mandos son corrompidos. Exactamente eso ocurrió en el pasado con Genaro García Luna, y hoy las acusaciones contra mandos militares en Sinaloa vuelven a encender las alarmas.
La militarización tampoco resolvió el problema estructural de las policías locales. Muchos municipios siguen con corporaciones mal pagadas, sin capacitación y penetradas por el crimen organizado. En vez de construir policías civiles fuertes, profesionales y supervisadas, México optó por depender cada vez más de las Fuerzas Armadas.
El resultado es contradictorio: el Ejército tiene hoy más poder que nunca, pero el país no es más seguro.
Además, la lógica militar no necesariamente funciona para tareas policiacas. Un soldado está entrenado para neutralizar amenazas, no para investigar delitos, proteger derechos civiles o construir proximidad social. La seguridad pública requiere inteligencia financiera, ministerios públicos eficaces, policías científicas y sistemas judiciales sólidos. Ninguna de esas áreas se fortaleció al mismo ritmo que el poder militar.
En Sinaloa, la discusión ya dejó de ser ideológica y se volvió práctica. Si incluso mandos surgidos del propio aparato militar terminan señalados por presuntos vínculos criminales, entonces queda claro que el problema no era solamente “civil contra militar”. El problema real es la ausencia de controles, transparencia y rendición de cuentas.
Porque ninguna institución —ni civil ni militar— es inmune a la corrupción cuando enfrenta organizaciones criminales con miles de millones de dólares, poder territorial y capacidad de infiltración política.
México apostó por militarizar la seguridad creyendo que eso traería orden. Después de casi veinte años, la violencia sigue ahí. Y, en estados como Sinaloa, los casos recientes demuestran que el modelo no sólo no resolvió el problema, sino que también comenzó a desgastar una de las pocas instituciones que todavía conservaban altos niveles de confianza pública.