Ante la violencia que padece la población, inerme ante el gran poderío del Cártel que domina en el estado, el gobierno de Rubén Rocha Moya opta por enfrascarse en sus vendettas políticas sin cuento, en justificar la inseguridad y en hacer brillar la estulticia narrativa, pero bastaron tres días que en realidad fueron uno solo, para que el “monstruo” se revelara: uno tras otro, del sábado 29 de junio al lunes primero de julio, sumaron 12 personas asesinadas de manera violenta, de las cuales cuatro fueron identificadas como parte de las víctimas del levantón masivo de marzo pasado, cuando el gobernador decretó que “son cosas que pasan”, normalizando que en Sinaloa puede el Cártel levantar a familias enteras sin que pase nada y la autoridad, enfrente la inseguridad.

Por Santiago Rentería.

Así como ocurrió la madrugada del 22 de marzo pasado, días antes de semana santa y en plena campaña electoral, de nuevo las células del Cártel de Sinaloa repartieron al menos 10 cuerpos entre el sábado y el lunes pasado en diferentes puntos de la zona centro del estado.

En Navolato aparecieron los cuerpos de cuatro hombres, tenían huellas de tortura, cinchos en sus cuellos y a manera de mensaje brutal, llevaban las manos cortadas. Uno de ellos, de nombre Jorge Alfredo, fue identificado como una de las víctimas del “levantón” masivo de familias, hechos atribuidos al Cártel de Sinaloa, particularmente al grupo de Los Chapitos.

Según los datos, Jorge Alfredo era originario de Imala, pero habría sido privado de la libertad junto con su esposa -que luego liberaron- en el fraccionamiento Los Ángeles. Entre los cuerpos apilados cerca de Los Arredondo, sindicatura de San Pedro, estaban los de los hermanos Alisandro Adinael y Félix Aarón, originarios de San Javier, Badiraguato, y otro de nombre Baldomero.

Cuando apenas los peritos terminaban de hacer las diligencias en Los Arredondo, las corporaciones recibieron un mensaje: abandonarían otros tres cuerpos con similares características de violencia, cerca del crucero de la carretera México 15 hacia Cosalá.

Al anochecer, y sin que los cadáveres fueran encontrados, ya se había filtrado que se trataba de una familia que también había sido “levantada” de la colonia Rubén Jaramillo en marzo. Hacia la medianoche del domingo 30 de junio, las autoridades no confirmaban el hallazgo en La Papalota.

Fue hasta la mañana en que, se dijo, localizaron los cuerpos, mutilados y envueltos en bolsas, en Conitaca, en los límites de Cosalá y Elota. Fueron identificadas las víctimas como Manuela, de 56 años, su esposo Jesús Manuel, de 62 años y su hijo Édgar Arturo, de 26 años.

Para evadir que eran parte de las familias “levantadas”, se consignó que la persona que reclamó los cuerpos dijo que el 20 de marzo los tres habían “salido de viaje a México”, y desde entonces no se sabía de ellos. Fin de la historia.

JORNADA VIOLENTA

Pero mientras el lunes 1 de julio el gobernador Rubén Rocha Moya, en su semanera, aseguraba que no sabía si había relación en estos homicidios con las personas privadas en marzo, otros tres cuerpos aparecieron en la capital del estado.

El primero fue encontrado en una brecha que comunica el fraccionamiento Montesierra con el de Zona Dorada, al norte de la ciudad, y los otros dos a un lado de la carretera que va de Imala a Sanalona.

Sin embargo, estos tres crímenes no fueron relacionados con los siete en que los responsables mutilaron las manos. Más tarde dos de estas víctimas fueron identificadas como los primos Jesús Alberto y Mauricio, de la colonia Emiliano Zapata.

Con ellos sumaron 10 personas asesinadas, más una más que había sido encontrada el sábado en el Piggy Back y otra que fue rematada cuando era trasladada en una ambulancia de Tamazula a la capital del estado.

LA JUSTIFICACIÓN

Al respecto de esta ola de violencia, el gobernador Rubén Rocha Moya indicó que era la Fiscalía la encargada de investigar, por lo que él se limitó a sacar unas ilustraciones para señalar en este 2024 en realidad es el año con menos homicidios dolosos de los últimos tres lustros.

“No quiero justificar nada”, apuntó y mencionó las cifras. En el 2010, dijo, se registraron mil 203 homicidios, siguiendo con mil 009 en 2011; 791 en 2012; 650 homicidios en 2013; 550 en el 2014; 484 en el 2015; 513 en el año de 2016; 839 en el 2017; 572 en el 2018; 420 en el 2019; 412 en el 2020; y 307 en el 2021, que fue el último de Quirino Ordaz.

Al comparar por semestre los años, en 2022 dijo que fueron 247, para 2023 la cifra llegó a 273; y con un descenso para el 30 de junio del 2024, justamente hasta un día antes de su semanera, con 243 homicidios.

La fiscal Sara Bruna Quiñónez también solamente declaró que esta ola de homicidios pudiera tratarse de un asunto de rencillas entre grupos antagónicos.

“Dada las condiciones en las cuales fueron privadas de la vida, donde hubo corte de sus manos, de sus extremidades superiores, creo yo que sí podría tener relevancia en sus orígenes, tanto los encontrados en Navolato como los encontrados en La Cruz, Elota. Quizás pertenecían a una misma organización o tenían un enemigo en común”, declaró a medios.

Y a pesar de que comentó que las víctimas no estaban identificadas, los medios revelaron poco después las identidades de las siete víctimas y sus posibles vínculos.

SE JUNTAN OPERATIVOS

Para enrarecer aún más el clima en Culiacán, durante la madrugada del 1 de julio, el Ejército y la Secretaría de Marina desplegaron varios operativos diseminados por toda la capital.

Con un par de helicópteros, las unidades de tierra entraron a por lo menos cuatro sectores, en uno de ellos persiguieron a un grupo de punteros en moto que arrojaron “ponchallantas” en el sector Santa Fe, para evadir la acción militar.

En esta zona, frente a la Ley Exprés, el Ejército empezó a custodiar la entrada de una privada, en donde revisaron los carros que entraban y salían.

En la colonia Loma Linda, afuera de la secundaria ETI, también se apostaron afuera de un inmueble para catearlo y los marinos hicieron lo mismo en un domicilio de la colonia 6 de enero, a una cuadra de una primaria, así como en Lomas del Sol, sobre el bulevar de Las Américas.

De estas acciones militares, las autoridades federales no informaron ningún dato, solo al día siguiente se confirmó que en una casa de la 6 de enero la FGR colocó sellos de aseguramiento