La madrugada del martes 23 de mayo pasado, dos jóvenes fueron “levantados” y encontrados asesinados a espaldas de un expendio de cerveza en la comunidad de Palos Verdes, municipio de Guasave, y justo al amanecer, familiares comenzaron a señalar a elementos de la Secretaría de Marina como los responsables del doble crimen, esto debido a que una de las víctimas se había comunicado por celular que ya regresaba a su domicilio después de visitar a su novia y que había caído en un retén de marinos. Ante el deslinde de la Fuerza Naval, los deudos aseguran contar con testimonios suficientes que incriminan a los elementos de la Secretaría de Marina en el suceso, todo esto ante una Fiscalía General del Estado supeditada a los caprichos del gobernador. En este caso, como en muchos, ya se vislumbra la impunidad rampante.

Por Santiago Rentería.

Jorge Alfredo se despidió de su novia antes de la medianoche del lunes en la comunidad de Palos Blancos y tomó rumbo a su domicilio en la población de El Buen Retiro, a pocos kilómetros de carretera.

Pero a los pocos minutos de despedirse, quizá con aquel amor de la juventud a flor de piel, el joven le marcó a su celular para avisarle que había caído en un retén de elementos de la Marina.

Hasta ahí, ella suponía que iba solo. Fue la última llamada de Koke y horas más tarde su cuerpo fue encontrado con señas de tortura y heridas de bala a espaldas de un expendio de cerveza ubicado en las afueras de Palos Verdes, por la carretera que comunica a la playa de Las Glorias.

El cadáver de Jorge Alejandro, de 28 años, estaba con un short y sin el resto de la ropa, junto con otro cuerpo que más tarde sería confirmado que era el de Alejandro Guadalupe, de 22 años. Ambos presentaban la misma saña criminal y estaban encima uno del otro.

Fue a las 3:30 de la madrugada del martes 23 de mayo cuando la Policía Municipal notificó el hallazgo de las víctimas y de inmediato familiares se movieron al lugar.

Con el testimonio de que Koke había avisado del retén de marinos, y además con otros testigos, familiares de inmediato acusaron a los infantes navales de la Secretaría de Marina (SEMAR), ya que, a pocos kilómetros de ahí, se encuentra la base de Boca del Río, en donde de manera constante los elementos han sido visto cometiendo desmanes.

De inmediato, al amanecer, los deudos de Jorge y Alejandro se apersonaron en las instalaciones, y armados con pancartas, rabia e impotencia, exigieron aclaración del caso y justicia para las víctimas.

La protesta

Con pancartas en donde se leían frases cortas como “asesinos” y gritos de “perros asesinos”, “queremos justicia”, los familiares de ambos jóvenes bloquearon el acceso de la base naval de Boca del Río durante la mañana de ese martes 23 de mayo.

Incluso tomaron un camión recolector de basura del Ayuntamiento de Guasave para atravesarlo en la entrada de las instalaciones para evitar la salida de las unidades oficiales.

Sin embargo, tras algunas horas de protesta, y tras una plática con el alcalde de Guasave, Martín Ahumada, los deudos y amigos se retiraron de la zona para iniciar los trámites de los funerales de los jóvenes.

Ahumada llamó a los familiares a denunciar ante la Fiscalía del Estado para que esclarezca los hechos y lamentó la pérdida de dos vidas humanas.

“Lamento mucho estas pérdidas humanas, creo que a todos nos duele, que alguien pueda fallecer por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, bajo cualquier condición, ante todo, nuestra solidaridad con las familias porque es un hecho lamentable”, dijo.

El deslinde

Durante la tarde del martes, la Secretaría de Marina emitió un breve comunicado rechazando la responsabilidad de sus elementos en los crímenes de los jóvenes.

A través de la Octava Zona Naval con sede en Topolobampo, Ahome, aseguraron que familiares acusaron a los elementos sin fundamentos.

La Marina indicó que está tomando las acciones necesarias a fin de colaborar con las autoridades competentes para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer los hechos.

Por último, la SEMAR refrendó “el compromiso por velar por los intereses nacionales y la debida observancia del estado de derecho”.

Desde luego, los familiares de los jóvenes rechazaron esta postura y se mantuvieron en que la Marina tiene que responder por los homicidios, toda vez que ni siquiera ha iniciado una profunda investigación y ya negó la participación de sus elementos.

La poca intervención

Familiares señalaron que de lo poco que lograron es que se le harían pruebas de balística y periciales necesarias a los cuerpos, que fueron trasladados esa mañana al Forense de Angostura para realizar los estudios.

Por otro lado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de manera oficiosa para determinar si los elementos tuvieron alguna participación en los hechos.

El visitador general de la CEDH, Miguel Ángel Calderón, indicó que se comenzaron a solicitar los informes a las autoridades para iniciar a integrar el expediente correspondiente.

Durante el funeral de las víctimas, los deudos pidieron a las autoridades del estado intervenir para esclarecer los homicidios.

“Lo que queremos es que el señor gobernador Rocha nos ponga atención y que esos marinos asesinos den la cara por lo que hicieron al Koke, él no merecía eso, él era una persona buena, era un jugador de primera fuerza (de futbol)”, dijo una sobrina.

Apuntó que hay testigos que vieron cómo los marinos tenían retenidos a los jóvenes durante la noche del lunes, e insistió en que el gobernador y la fiscal Sara Bruna Quiñonez intervengan en el caso.

“Es la fiscal más corrupta que hemos tenido y el peor gobierno que hemos tenido”, reprochó la mujer al borde del llanto.

Violaciones de las Fuerzas Armadas

Si bien las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las fuerzas armadas han disminuido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, todo indica que su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, simpatizante de AMLO, ha buscado dilatar los procesos de queja.

La cifra más reciente es de septiembre del año pasado, cuando entonces sumaban 14 recomendaciones tanto a la SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional por violaciones como detención arbitraria, uso excesivo e ilegítimo de la fuerza, desaparición forzada, tortura y privación de la vida.

En 2022, un informe de la CNDH indicó que se tenía el reporte de mil quejas en el territorio nacional, las cuales no necesariamente terminan en una recomendación a la institución militar.

De acuerdo con el recuento, la Guardia Nacional encabeza el listado con 577 denuncias, mientras que la Secretaría de Defensa Nacional acumula 428. La Guardia Nacional habría protagonizado en total siete asesinatos, tres desapariciones forzosas, 16 casos de tortura, 29 de trato cruel y 43 detenciones arbitrarias.

La Secretaría de Defensa Nacional en cambio ha sido denunciada por un asesinato, cuatro detenciones arbitrarias, nueve casos de tortura, 19 de trato degradante y 34 de detención arbitraria. El reporte no incluye a la Marina.

Uno de los casos más sonados de manera reciente es el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, caso que fue expuesto a nivel internacional ya que las víctimas supuestamente iban desarmadas. Además, hubo videos donde civiles encaraban de manera violenta a los soldados y uno de ellos disparaba al suelo para amedrentar a los manifestantes.

Por ese caso en Tamaulipas, la SEDENA y la FGR procesan a varios elementos del Ejército involucrados en esta presunta ejecución extrajudicial que empañan la labor de las fuerzas militares mexicanas.