El delirio absolutista de Andrés Manuel López Obrador costará al pueblo de México 13 mil 305 millones de pesos. Esa es la cantidad que el Instituto Nacional Electoral (INE) anticipó que costará la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros que se realizará en junio de 2025.

Esa cantidad representa mucho más de lo que se gastó en las pasadas elecciones del 2 de junio. Las llamadas “elecciones más caras de la historia de México” tuvieron un presupuesto de casi 9 mil millones de pesos. Es decir, la elección de los representantes del Poder Judicial costará 4 mil millones de pesos más que la elección presidencial.

El pasado 1 de noviembre, en sesión extraordinaria, la Junta General del INE aprobó el monto para la realización de las elecciones de los juzgadores, el cual deberá integrarse a las bases generales del anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2025.

De acuerdo con el INE, ese es el monto estimado para “llevar a cabo unos comicios ordenados y eficientes”, en una elección que representará un reto logístico descomunal por la cantidad de puestos en contienda que se elegirán por voto popular: 850 plazas del Poder Judicial que corresponden a 386 jueces y 464 magistraturas, la mitad de los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito.

Producto de la apresurada reforma judicial impulsada por el ex presidente López Obrador, por la actual presidenta Claudia Sheinbaum y por la mayoría de Morena y aliados en el Poder Legislativo, el 1 de junio los mexicanos podrán elegir entre miles y miles de candidatos a sus favoritos para renovar a los ministros de la Suprema Corte, las magistraturas de la Sala Superior y todas las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral, así como a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

El ciudadano tendrá en sus manos decenas de boletas, con cientos de aspirantes entre los cuales, previo análisis de cada uno de los perfiles, tendrá que elegir a sus próximos juzgadores. Para la organización de esta contienda, el INE deberá diseñar una nueva referencia geográfica, en la cual deberá incluir los 300 distritos electorales y los 32 circuitos judiciales. Además, deberá organizar debates entre los miles de aspirantes, para los cuales se anticipan jornadas maratónicas de transmisiones en vivo que sin duda pocos o nadie va a ver.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el presupuesto presentado por el INE y declaró que la democracia no puede salir “tan cara”.

“Vamos a seguir insistiendo en disminuir el costo de la elección judicial. Gobernación ha hablado con la Secretaría de Hacienda. No debe costar tanto la elección. No le puede costar tanto la democracia al pueblo de México y hay manera de reducir los costos”, declaró en una conferencia matutina.

Sheinbaum señaló que la Secretaría de Gobernación va a estar en contacto con el INE y seguirá insistiendo en que se reduzca ese presupuesto, al recalcar que no son necesarios “tantos recursos, sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos”.

En total, el INE prevé solicitar un presupuesto total de 40 mil 476 millones de pesos para 2025, de los cuales, más de 13 mil millones serían para la elección de juzgadores. Pero además el INE a cargo de Guadalupe Taddei incluye un bono de más de mil millones de pesos para repartir entre el Consejo General y el personal directivo y administrativo por “las altas cargas de trabajo” que implicará diseñar la elección de los impartidores de justicia.

El apartado más cuantioso será por cerca de 7 mil millones de pesos para la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para contratar a personal que recorrerá toda la República Mexicana para capacitar a las miles de personas que participarán en el nuevo proceso de votación. 

También se incluyen 4 mil 522 millones de pesos para la Dirección Ejectuvia de Organización Electoral, la cual se encargará de todo lo relacionado con las casillas, desde su instalación, limpieza y alimentos para los funcionarios de casilla.

Para diversos analistas en temas políticos, el presupuesto acordado por el INE sí representa un “escándalo” y un “monto inaceptable”. Sin embargo, también ponen en duda que el organismo electoral haya establecido un presupuesto “abusivo o despilfarrador”. Por el contrario, indican, “abaratar procesos o costos” en una elección tan desafiante se puede caer en el peor de los mundos posibles: una elección de jueges, magistrados y ministros “con carpitas” como las que hubo en la “consulta” para decidir la cancelación del aeropuerto de Texcoco al inicio del sexenio de López Obrador.