Más allá de los cinco meses de locura y muerte que ha significado el conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa, de los más de 900 asesinatos, de las 34 mujeres que han perdido la vida, de los más de dos mil 600 vehículos robados con extrema violencia y casi mil 200 desaparecidos, todos datos oficiales de la fiscalía de Sinaloa y una economía totalmente en declive, y, por supuesto, el terror que ha significado estos hechos de violencia para la población, principalmente en Culiacán, se tiene que sumar el desdén, carencia de empatía, cinismo exacerbado y burla que ha sufrido la población por parte de todos los niveles de gobierno.

La violencia en Sinaloa tiene dos caras: las de los grupos de narcotraficantes en disputa y la que se desprende de los gobiernos en voz de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, el presidente del senado, Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Cámara de Diputados en San Lázaro, Ricardo Monreal y, principalmente, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

La violencia del narco ahí está y para la población no queda otra cosa que lo que señaló el lunes 16 de septiembre, Jesús Leana Ojeda, general de la Tercera Región Militar en Mazatlán: “la seguridad no depende de nosotros”, aceptó el militar en rueda de prensa en Culiacán, “depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que dejen a la población en paz”. Esa es una realidad que lastima a la población en Sinaloa y la cual no se puede cambiar.

El monopolio de la violencia lo tiene constitucionalmente el Estado, en sus fuerzas armadas, civiles o militares, pero cuando el Estado se rinde ante civiles armados, el Estado pierde su jerarquía de gobierno y la población queda totalmente indefensa ante cualquier acto de violencia.

Rubén Rocha Moya llegó al gobierno estatal cabalgando en hombros del Cártel de Sinaloa, todo documentado por medios locales y nacionales, pero sobre todo vivido y atestiguado el día de la votación por la población a lo largo y ancho del estado. La ciudadanía en Sinaloa le dio la puntuación más alta de las 15 gubernaturas en disputa en la elección del 2021; lo que Rocha Moya saca a relucir cada vez que se habla de su renuncia.

Pero, así como Rocha llegó en hombros del Cártel de Sinaloa, el gobierno de Claudia Sheinbaum hizo lo mismo a nivel federal en 2024. El apoyo del cártel a gobiernos locales y nacionales no es sólo de la época morenista, no, el apoyo abarca varios sexenios y partidos políticos. Ahora los morenistas ya en el poder se sienten intocables y se manejan como un cártel de mafiosos.

La violencia que se desprende de las declaraciones de políticos morenistas de cualquier jerarquía ha enardecido a la población en Sinaloa, principalmente en la capital del estado. Las marchas y abucheos en estadios deportivos al gobernador exigiendo su renuncia dan testimonio fehaciente de que el morenista ha perdido el apoyo de una gran parte de la población.

Esto se ha traducido en llegar con el nivel más alto de votos en 2021 a la gobernatura y tres años después el rechazo de la ciudadanía en Sinaloa ubica a Rocha Moya en el lugar 32 de los gobernantes del país, es decir, en el último lugar con apenas el 18 por ciento de aprobación, esta es la realidad que se niega a ver y escuchar el bloque mafioso de Morena a nivel nacional.

Ahora el movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador con el apoyo de una gran parte de la población en el país, entre ellos los sinaloenses, y que le permitió gobernar, ya no los ocupan, se han apropiado de las instituciones y el movimiento se enfila a perpetuarse en el poder con o sin el apoyo de las mayorías. Los congresos son suyos, el Senado es suyo, el Poder Judicial ya es suyo, manejados con un totalitarismo desde la presidencia. Sólo ellos son dueños de la verdad.

De ahí que Noroña miente cínicamente al señalar públicamente a nivel nacional que el caso de Rocha Moya se resuelve con la revocación de mandato en Sinaloa, sabiendo de antemano que es improcedente; la presidenta con “A”, advierte un estado democrático, del pueblo y para el pueblo.

A nivel local tenemos que vivir entre balas y muerte y con un cártel político que ha demostrado ser enemigo jurado de la ciudadanía… y todos, ¡todos! Nos volveremos a ver las caras en 2027 en las urnas.