El desastre financiero que se vive en Mazatlán por deudas perdidas desde hace más de dos décadas se han ido acumulando en los distintos gobiernos municipales de Mazatlán. Detrás de estos casos, asegura el alcalde, están las malas prácticas de los propios abogados del ayuntamiento que intencionalmente perdían las demandas contra el Municipio para beneficiar a amigos o empresas. Administraciones como las de Carlos Felton, el Químico Benítez o “El Diablo” Higuera, actual secretario particular de Rocha, fueron acumulando demandas impagadas que ahora representan una bomba de tiempo para las arcas municipales.

Por Redacción.

El Ayuntamiento de Mazatlán acumula un total de 2 mil 466 demandas, algunas ya perdidas y otras aún en proceso judicial, interpuestas por distintas causas desde el año 2001 hasta la fecha.

Lo anterior representa un fuerte daño al erario público por las millonarias erogaciones que se tienen que presupuestar para cubrir los montos de los casos que ya cuentan con sentencia a favor de los demandantes.

El alcalde de Mazatlán, Édgar González Zatarain, dio a conocer que durante las últimas dos décadas se fueron acumulando las demandas en contra del Municipio en distintas categorías.

Del total, 510 son demandas por motivos laborales, 1558 son demandas administrativas, 343 son demandas por amparos, 40 son demandas en el tema agrario, cinco por acciones colectivas y 10 en materia civil.

El alcalde acusa a los anteriores equipos jurídicos del Ayuntamiento de haber caído en omisiones y malas prácticas de manera deliberada para que la Comuna perdiera todas las demandas.

En 2023 el Ayuntamiento deberá pagar más de 544 millones de pesos por concepto de demandas perdidas, aunque ese monto no representa el total de lo que el Municipio deberá erogar por este concepto.

La cifra total es incalculable, aunque en palabras del alcalde, el monto aproximado puede llegar a representar más de 2 mil millones de pesos.

“Son más de dos mil demandas y muchas de ellas no tienen sentencia y no sabemos cuánto va a ser de esas sentencias. A muchas de ellas ya se les terminó la fase de instrucción de pruebas, es decir, que ya no puedes hacer nada. A pesar de ser incalculable, sí se han sacado aproximados, lo que puede llegar a representar más de 2 mil millones de pesos”, declaró el alcalde Édgar González Zatarain en entrevista con medios locales.

Las millonarias deudas que enfrenta el Ayuntamiento de Mazatlán por las demandas perdidas obligan a que se hagan reajustes presupuestales que afectan directamente a la población en la aplicación de servicios de calidad y en la construcción de obra pública.

González Zatarain ha lanzado mensajes de auxilio al gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha contestado de manera tajante diciendo que las deudas de Mazatlán le corresponde pagarlas al Ayuntamiento y no al gobierno de Sinaloa.

Demandas perdidas

Algunas de las demandas millonarias que ha perdido el Ayuntamiento de Mazatlán son por la invasión de predios que no le correspondían para realizar obras públicas, además de cuantiosas multas que no atendió en su momento y por indemnizaciones por incumplimiento de contrato.

Entre las más importantes destaca la demanda perdida ante particulares por la construcción del parque lineal ubicado en el camellón de la avenida Óscar Pérez Escobosa. Inaugurado en noviembre de 2015, durante la administración municipal del panista Carlos Eduardo Felton González, este fue el primer parque lineal de Mazatlán, para el cual se invirtieron 18 millones 157 mil 94 pesos.

Pero como dice el dicho: salió más caro el caldo que las albóndigas. Un tramo del Parque Lineal pertenecía a particulares y las obras de construcción se hicieron sin indemnizar a sus propietarios. Estos demandaron al Ayuntamiento de Mazatlán y ganaron. El gobierno municipal deberá pagar la suma de 97 millones de pesos en concepto de indemnización.

Pero además existen otros dos tramos por los cuales se deben pagar, 40 millones y 70 millones de pesos, respectivamente, en demandas por ocupación, “vialidades que se hicieron sin indemnizar, daño patrimonial que te metes a un predio y se deben sacar costos por metro cuadrado para cubrir las cantidades que se les debe demandan al Municipio”, señala González Zatarain.

Otra de las millonarias demandas perdidas es contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a quien se le adeuda la cantidad de 51 millones de pesos en concepto de multa por incumplimiento de un estudio que presuntamente se haría sobre el basurero municipal.

Fue en 2014, también durante la administración de Carlos Felton González, cuando el municipio se comprometió a realizar unos estudios al basurero tras una denuncia ciudadana en la que se exponían las malas prácticas que se realizaban en ese espacio. El gobierno se comprometió a realizar el estudio pero este no se llevó a cabo.

En un principio, se le ordenó al Municipio pagar al SAT la cantidad de 140 millones de pesos, pero tras una serie de revisiones y negociaciones, la cifra quedó en 51 millones de pesos. Ya existe un ordenamiento del SAT para pagar de inmediato.

A mediados de mayo, se dio a conocer que por una orden judicial el Ayuntamiento mazatleco debía pagar otra demanda millonaria relacionada con invasión de predios para realizar obra pública.

Esta demanda se originó en el año de 2012, durante el tercer mandato del ahora secretario particular de Rubén Rocha, el panista Alejandro Higuera Osuna, la cual no fue atendida en su momento y ahora el pago que la ciudadanía a través de sus impuestos deberá cubrir ascienda a los 190 millones de pesos.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Mazatlán cuenta con un presupuesto establecido de 200 millones de pesos para resolver las situaciones jurídicas pendientes, pero esa cantidad apenas cubrirá una tercera parte de lo que debe resolver en 2023.

Afectaciones

En este año ya se realizó un pagó de 50 millones de pesos. Sin embargo, el Cabildo de Mazatlán está obligado a modificar el presupuesto anual para cumplir con estas obligaciones legales. Esto repercutirá en los servicios públicos, la obra pública y en la inversión para la rehabilitación del hospital municipal “Margarita Maza de Juárez”, conocido como “el hospitalito”, del cual fueron clausurados los quirófanos por la Coepriss a finales de mayo.

Para el tesorero municipal, Melesio Montoya, la única solución a este problema es llegar a acuerdos con los demandantes, ampliar los plazos de pago lo más posible y evitar nuevas demandas.

“Lo que se está haciendo es llegar a acuerdo con los que se les debe. El trabajo que está haciendo el área jurídica junto con Secretaría del Ayuntamiento es tratar de que los compromisos que existen se vean disminuidos y lograr plazos. Eso es lo más que se puede hacer”, declaró el tesorero.

Negado el apoyo por parte del gobernador para resolver las millonarias deudas municipales, el alcalde le ofreció una alternativa a Rocha Moya para evitar la quiebra del municipio: que el gobierno estatal pague las obras para servicios públicos en el municipio.

“Todos los municipios tienen endeudamientos, unos no tienen para pagar la electricidad, todos tienen algo. ¿Qué le pedimos al gobernador? Que nos ayude con obras, que le ayude al pueblo, a la ciudadanía en materia de servicios públicos, obra pública, el apoyo prefiero solicitarlo para eso”, señaló González Zatarain.

El alcalde asegura que el Ayuntamiento está haciendo su parte: interponer las denuncias correspondientes contra los funcionarios que encabezaban las anteriores administraciones. Asegura que fue en 2017, durante el gobierno de Fernando Pucheta Sánchez, cuando muchos de los casos se dispararon y se incrementaron sustancialmente las demandas contra el Municipio.

Sin embargo, no fue sino hasta 2018, ya en la administración de Luis Guillermo Benítez Torres, cuando dichas demandas se fueron perdiendo, una tras otra, por las malas prácticas del área jurídica del ayuntamiento, hasta llegar al caso más emblemático de todos: el caso Nafta.