En Sinaloa, el debate sobre la reducción de legisladores plurinominales no es nuevo y guarda una ironía. En 2017, Morena se opuso con firmeza a la iniciativa del entonces gobernador Quirino Ordaz, que buscaba recortar diputaciones para ahorrar recursos. Años después, ya con mayoría legislativa, revirtió la reforma argumentando que la pluralidad debía prevalecer sobre la austeridad. Sin embargo, ahora, desde el ámbito federal, el mismo partido impulsa una propuesta similar, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la congruencia política y la defensa real de la representación ciudadana.

Por David Fuentes M.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de un nuevo proceso de reforma electoral, el primero bajo su mandato, que contempla la eliminación de legisladores plurinominales.

Esta propuesta, presentada como un mecanismo para compactar el aparato legislativo y reducir costos, es vista por especialistas como una medida que podría afectar directamente a la representación de las minorías y favorecer al partido hegemónico, Morena.

La iniciativa forma parte de un paquete de reformas constitucionales planteadas desde el sexenio anterior, entre las cuales estaba la eliminación de 200 diputaciones plurinominales y 64 senadurías de representación proporcional, con lo que se dejaría únicamente a 300 diputados electos por mayoría relativa y 64 senadores, dos por cada una de las 32 entidades federativas.

Con esto se buscaba reducir drásticamente la participación de los llamados “pluris” en las cámaras legislativas, bajo el argumento de que dicha eliminación contribuiría a la austeridad y a un Congreso más ágil, aunque la contraparte argumentaba que se trataba de un golpe a la pluralidad y un fortalecimiento excesivo de la fuerza política mayoritaria.

ANTECEDENTE EN SINALOA

En Sinaloa ya se vivió un debate similar y, paradójicamente, Morena —que hoy impulsa la eliminación de legisladores plurinominales a nivel nacional— fue el partido que, en el ámbito local, se opuso con firmeza a una medida análoga cuando fue planteada por un gobernador de oposición.

En 2017, el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel propuso reducir el número de diputados en el Congreso del Estado, así como el número de regidores en los cabildos municipales, en una iniciativa que buscaba reformar los artículos 24 y 112 de la Constitución local.

La propuesta concreta de Ordaz Coppel planteaba una disminución de 40 a 30 diputaciones y la reducción de 233 a 153 regidurías en los 18 municipios, lo que implicaba eliminar seis diputaciones de mayoría relativa y cuatro plurinominales, siguiendo la fórmula electoral federal.

El gobernador justificó su propuesta con el argumento de que se trataba de una demanda ciudadana surgida durante la campaña, con beneficios claros: agilizar la toma de decisiones en el Congreso, generar consensos más rápidos y ahorrar recursos públicos, tanto en dietas y prestaciones de legisladores y regidores como en el gasto operativo del personal que los acompañaba.

En marzo de 2017 la 62 Legislatura aprobó por mayoría la iniciativa de Quirino Ordaz, con el aval de 35 legisladores del PRI, PAN, PAS, Verde y Panal, y el voto en contra de tres legisladores de Morena y del PRD.

Sin embargo, con la llegada de la 63 Legislatura, dominada por Morena y liderada en la Junta de Coordinación Política por Graciela Domínguez Nava, el panorama cambió.

Desde el inicio, Domínguez Nava planteó la posibilidad de revertir la reforma quirinista, argumentando que la reducción afectaría la representación popular y que el supuesto ahorro presupuestal era menor.

La ahora diputada federal por Morena sostuvo en ese entonces que la representatividad no debía sacrificarse por austeridad, y el Congreso podía operar con un gasto más reducido sin necesidad de recortar curules.

En 2022, esta postura se consolidó en una contrarreforma aprobada por unanimidad, que derogó el artículo constitucional que establecía la reducción de diputados a 30 y mantuvo la integración actual de 40 legisladores, distribuidos en 24 por mayoría relativa y 16 plurinominales.

Con ello, la propuesta de Quirino quedó oficialmente sin efecto, y el Congreso sinaloense preservó tanto su tamaño como la distribución territorial vigente.

La ironía política es evidente: Morena, que en Sinaloa defendió la existencia de un número mayor de legisladores y protegió las diputaciones plurinominales en nombre de la representación y la pluralidad, ahora, desde el ámbito federal, impulsa una reforma que reduciría drásticamente esas mismas figuras.

CONVENIENCIAS POLÍTICAS

Esta contradicción no ha pasado desapercibida para analistas y opositores, quienes señalan que el cambio de postura responde más a conveniencias políticas actuales que a una visión de Estado sobre el sistema electoral.

En cuanto a las implicaciones de aplicar en Sinaloa un modelo similar al que Sheinbaum propone a nivel nacional, uno de los puntos más discutidos es el posible debilitamiento de la representación de las minorías.

Los plurinominales, conocidos coloquialmente como “pluris”, cumplen una función clave en los sistemas democráticos que adoptan el principio de representación proporcional.

A diferencia de los legisladores de mayoría relativa, que son elegidos directamente por los votantes de un distrito y obtienen el cargo al reunir la mayor cantidad de votos, los plurinominales son asignados a partir del porcentaje total de votos que obtiene un partido en una región.

Esta fórmula fue introducida en México con la reforma constitucional de 1977 como un mecanismo para garantizar que las minorías políticas tuvieran voz y voto en los órganos legislativos, rompiendo el dominio absoluto que mantenía el PRI, el partido hegemónico en aquel entonces.

Eliminar o reducir drásticamente estas figuras, como plantea la reforma, significaría que partidos con menor votación a nivel general quedarían subrepresentados o, en algunos casos, excluidos por completo de los congresos.

En el caso de Sinaloa, un cambio de este tipo podría consolidar el control de la fuerza mayoritaria (hoy Morena) y dejar a partidos medianos o pequeños con escasa o nula capacidad para incidir en decisiones legislativas.

Además, sin plurinominales, el contrapeso político se debilitaría y las decisiones podrían tomarse con menor debate y mayor alineación a la línea del partido dominante.