El gobernador Rubén Rocha presume un aumento del 9 por ciento en la recaudación del Impuesto Sobre Nómina como señal de reactivación económica en Sinaloa. Sin embargo, mientras empresarios y ciudadanos cumplen con sus obligaciones fiscales, la realidad en las calles es otra: la violencia se ha disparado. Robos de autos, asaltos a comercios, extorsiones y homicidios evidencian que el Estado no cumple con su obligación de garantizar seguridad a la población.

Por David Fuentes M.

“Se está reactivando la economía en el estado. Siguen pagando los negocios sus impuestos, uno muy importante que es el Impuesto Sobre Nómina. Están pagando más que el año pasado, tenemos un nueve por ciento de aumento en el Impuesto Sobre Nómina, lo que quiere decir que los negocios están trabajando”, afirmó el gobernador Rubén Rocha Moya durante su conferencia semanera más reciente.

El mandatario estatal subrayó que, incluso cuando se otorgaron prórrogas fiscales, los empresarios cumplieron con sus obligaciones tributarias, lo cual, dijo, demuestra la solidez de la actividad económica. Aseguró que los restaurantes que habían reducido horarios por la crisis de seguridad retomaron ya su operación normal, y destacó que “la actividad nocturna en Culiacán está completamente reactivada”.

No obstante, mientras el gobernador presume cifras de recuperación económica y de recaudación, la realidad para los sinaloenses es distinta: la seguridad no muestra la misma mejoría que se escucha en el discurso oficial. La ciudadanía y los empresarios cumplen con el pago de impuestos, pero el Estado no ha podido garantizar el derecho básico de la población a vivir en paz ni proteger su patrimonio.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2, establece que la seguridad es una función a cargo de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, con el fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como prevenir e investigar los delitos. En el mismo sentido, la Constitución mexicana en sus artículos 2 y 21 refuerza esta obligación del Estado Mexicano: garantizar la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos. Sin embargo, en Sinaloa, esa responsabilidad se incumple de manera evidente.

LA REALIDAD

La violencia en la entidad se desató después del 9 de septiembre de 2024, cuando estalló una guerra interna en el Cártel de Sinaloa. Desde entonces, los delitos contra la población civil se dispararon a niveles no vistos en años recientes.

Uno de los crímenes más persistentes es el robo de vehículos. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 6 de septiembre de 2025 se habían registrado seis mil 990 despojos de automóviles, un promedio de 19.3 diarios. Antes de esa fecha, el promedio era de 7.5.

Entre enero y agosto de 2025 suman cuatro mil 648 autos robados, lo que equivale a 581 por mes, con una proyección de alrededor de siete mil al final del año. Aunque la cifra no alcanza todavía el pico de 2011 (año en que se robaron 10 mil 327 autos), sí duplica los registros de años recientes, como 2020.

Al mismo tiempo, el robo a comercios se ha convertido en un problema creciente para los pequeños empresarios. En julio de 2024, antes de la explosión de violencia, se denunciaron 120 robos, pero en noviembre la cifra aumentó a 270. El mes más severo fue febrero de 2025, con 283 denuncias. En lo que va del año se han reportado oficialmente mil 767 robos a locales comerciales, aunque las cifras reales son mayores, pues la mayoría de los afectados no se atreven a denunciar.

La extorsión y el secuestro, aunque con estadísticas más opacas, también han golpeado a la ciudadanía. Las denuncias son escasas, pero el testimonio de comerciantes y familias revela que se trata de delitos frecuentes que siguen ocurriendo sin que las autoridades ofrezcan solución.

A PESAR DE TODO, CIUDADANOS CUMPLEN

Pero sin duda la expresión más dramática de ese incumplimiento del Estado en sus obligaciones con la ciudadanía es el homicidio de personas inocentes, víctimas colaterales, que quedan en medio del fuego cruzado entre grupos delincuenciales. El caso más reciente, el de la maestra Jesamel Rodríguez Zazueta, asesinada en Altata cuando viajaba junto con sus dos hijos y su esposo, obligó a Rocha a cancelar los festejos del grito de Independencia.

Así, mientras el gobierno estatal presume un 9 por ciento más en la recaudación del Impuesto Sobre Nómina y asegura que la economía “está funcionando”, la percepción en la calle es distinta. La gente paga impuestos, los negocios intentan mantener sus operaciones y los ciudadanos cumplen con el Estado. Lo que no se observa con la misma claridad es el cumplimiento del gobierno hacia la sociedad: no está garantizada la seguridad de nadie, ni siquiera del entorno más cercano del gobernador.