En febrero de 2022 asistí a la semanera del gobernador Rubén Rocha Moya con el tema de la construcción de estadios para deportes profesionales con recurso público, entre ellos, el Carlos González y González, coloquialmente conocido como el de “los Dorados”.
Le dejé en claro al gobernador que el saqueo al patrimonio público en la construcción de estadios profesionales con dinero de todos los sinaloenses, ha sido sistemático durante los últimos 20 años. Gobiernos de todos los colores han beneficiado a empresarios multimillonarios, construyéndoles estadios para posteriormente por medio de convenios, contratos o cualquier figura jurídica leonina se les regalen literalmente.
En el caso del club Dorados de Sinaloa y la persona jurídica que los representa: Estadios de Sinaloa, S.A. de C.V., un apéndice de Homex de la familia De Nicolás; le puntualicé el caudal de violaciones de los compromisos adquiridos vía convenio con el gobierno del estado. Dicho sea de paso, en ese preciso momento de mis señalamientos el convenio entre la persona moral y gobierno estatal llevaba cuatro años de haber concluido, esto sucedió el último día de julio de 2018, por lo que, en febrero de 2022, la ocupación era totalmente ilegal por parte de la empresa dueña del club.
Estadios de Sinaloa, S.A. de C.V. estaban obligados a invertir, por convenio, 40 millones en infraestructura del estadio, le aclaré al gobernador, también tenían obligación de aportar 120 mil pesos anuales para el desarrollo de dicho deporte en el estado vía PIDS, lo que arroja en 15 años de convenio un millón 800 mil pesos, que sumados a lo que se debía invertir en infraestructura, da un total de 41 millones 800 mil pesos en daño patrimonial, le señalé a Rocha Moya.
A pesar de todos estos incumplimientos por parte del empresario o empresarios, porque se manejó en su momento que la franquicia pasaba a formar parte de Grupo Caliente, de los Hank Rhon, de Tijuana, dueños del equipo de Primera División “Xoloitzcuintles” y de los casinos Caliente, lo que la Femexfut jamás ha confirmado.
El gobierno de Quirino Ordaz Coppel, donde Rocha Moya, fue coordinador de asesores, no sólo no obligó a cumplir cabalmente el convenio al empresario con el pueblo de Sinaloa, sino, le remodeló el estadio con una inversión pública documentada de 60 millones de pesos, le argumenté a un Rocha Moya visiblemente molesto y totalmente ausente de compromiso.
Queriendo evadir de entrada los cuestionamientos, Rocha espeta tener conocimiento de lo sucedido en el estadio de futbol en Mazatlán que se le construyó al empresario televisivo, Ricardo Salinas Pliego, durante el gobierno de Quirino Ordaz, en ese febrero de 2022, Salinas Pliego era amigo y principal empresario para el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente acérrimo rival de AMLO y la 4T al negarse a pagar miles de millones de pesos en impuestos al SAT, pero que posee en contrato dicho inmueble que le costó al pueblo de Sinaloa cerca de mil millones de pesos, en diferentes rubros.
Adriana Ochoa, coordinadora de comunicación sale al quite y me apresura a preguntar; suelto la pregunta: “¿Usted que formó parte del gobierno de Aguilar y de Quirino va a hacer algo respecto a que termine toda esta bonanza… usted va a terminar con todo este saqueo o simplemente va a pasar a la historia como uno más de los gobernadores que le han dado la espalda al pueblo de Sinaloa?”.
Rubén Rocha Moya molesto redirige responsabilidades y las aterriza en el congreso local, al tiempo que acepta tener la documentación que da certeza a los cuestionamientos que de mi parte le señalo y responde: “tenemos pendiente esa revisión, no voy a pasar a la historia por dejar que se sigan cometiendo irregularidades, ni ahí ni en ninguna otra parte, por eso estamos revisando cosas ya”, concluye. A un lado del gobernador se encontraba Enrique Inzunza Cazarez, en ese momento secretario de Gobierno. Como presidente de la JUCOPO en el congreso local se encontraba el exsecretario particular de Rocha, Feliciano Castro Melendrez, a quien el gobernador señalaba de responsable en el tema, actualmente, Castro Melendrez, es su secretario de Gobierno.
Tres años y medio después, Dorados prácticamente desapareció de Sinaloa entre la impunidad y la corrupción de autoridades locales de dar cabal cumplimiento a las normas establecidas en el convenio, entre ellas la cláusula que señala que si Dorados cambiaba de sede estaba obligado a pagar una indemnización de 50 millones de pesos. De nuestra participación en la semanera, nos cerraron la puerta y el tema permaneció prácticamente en el olvido, hasta hace unos días en que el estadio se tocó de manera superficial otra vez en la semanera, más como una narrativa de distracción ante la gravedad del gobierno de Rubén Rocha Moya en los señalamientos de colusión con el crimen organizado que con el verdadero ánimo de fincar responsabilidades legales a todos estos saqueadores, tanto empresarios como servidores públicos.