Fue el senador, Enrique Inzunza Cázarez, quien pronunció la aprobación en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con 22 votos a favor y seis abstenciones, la reforma constitucional en materia de no reelección y nepotismo electoral, iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los senadores priistas no asistieron y los panistas se abstuvieron de votar.
En relación al nepotismo, la iniciativa refiere que los ciudadanos que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja, parentesco consanguíneo o civil en la línea recta sin limitación de grado, y en la línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán. Las disposiciones serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales a celebrarse en 2027.
El senador panista Ricardo Anaya asegura que es claro que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se quedaba corta, al no considerar a los poderes Ejecutivo y Judicial donde hay mucho nepotismo.
Y es en el Poder Judicial en Sinaloa donde para nadie resulta extraño, desde hace por lo menos una década, que el actual senador morenista, Enrique Inzunza Cázares, quien antes de llegar a ocupar la Secretaría de Gobierno con Rocha Moya y de ahí saltar al Senado, fue tejiendo, como presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, un grotesco entramado de familiares, amigos y afines en el poder Judicial en Sinaloa; Inzunza operó el nepotismo como virtud política.
Morena quiere terminar con el nepotismo ajeno a ellos y su partido, al no tocar la iniciativa de Sheinbaum al Poder Judicial, la red de allegados de Enrique Inzunza se encuentra blindada y afilada para operar a su favor en la contienda electoral de 2027 a la gubernatura; actualmente Inzunza Cázares ya empezó campaña en Sinaloa, ya que sus privilegios se encuentran seguros.
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Por otro lado, la iniciativa de no reelección pretende que, a partir de la elección de 2030, prohibirá la sucesión familiar en los cargos de elección electoral. El dictamen establece que la no reelección aplicará para las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular, por lo que no podrán contender para el mismo cargo que están ejerciendo en un periodo inmediato posterior.