La Secretaría de Gobernación se convertirá en testigo vigilante de que los procesos abiertos en Sinaloa contra autoridades universitarias estén apegadas a derecho. Sin esa garantía, advierten universitarios, no es posible que los procesos se realicen conforme a derecho, pues los jueces y fiscalía local operan con consigna a favor del gobierno de Rocha.

Por David Fuentes M. 

“Se van a encontrar con una sorpresa”, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya a los universitarios que acudieron a Ciudad de México para protestar en el zócalo contra la violación a la autonomía universitaria.

La declaración la realizó en la conferencia semanera de lunes 15 de julio, cuando ya el contingente de universitarios iba en camino hacia la capital del país.

De esa manera, Rocha dejó en evidencia que su gobierno había impulsado, preparado y financiado un grupo de choque para intentar apagar las exigencias de los universitarios.

Pero las cosas no salieron como Rocha esperaba.

El contingente universitario, más numeroso y mejor organizado, eclipsó a los enviados por el gobierno de Sinaloa, quienes fueron arrinconados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en una esquina de la plancha del zócalo.

El contingente enviado por Rocha estaba integrado por jubilados, trabajadores del ayuntamiento de Culiacán y de El Rosario, integrantes del partido Morena en Sinaloa y por directivos y estudiantes de la Universidad Pedagógica del Estado.

Mientras que la mayoría de los integrantes del grupo de choque fueron enviados en camiones, los organizadores -Inzunza, Rocha, Adriana- viajaron en avión desde la noche del lunes 15 de julio, un día antes de la reunión en palacio de Bucareli.

Los manifestantes del gobierno estaban encabezados por Denisse Azucena Díaz Quiñónez, quien desde octubre de 2022 fue nombrada por Rocha como nueva titular de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mazatlán.

También estuvieron la morenista Claudia Valdez Aguilar, presidenta municipal de El Rosario, quien ganó la elección luego de que los candidatos opositores fueran bajados de la contienda electoral tras amenazas de muerte enviadas por grupos criminales al servicio del gobierno del estado.

De igual manera estuvieron presentes Arturo Nevárez Hernández, quien en 2021 intentó ser candidato de Morena a una diputación federal, aspiración que ya en 2015 había intentado alcanzar por las siglas del PRD, con iguales resultados negativos.

También acudieron como supuestos universitarios el actual secretario general de Morena en Sinaloa, Manuel de Jesús Guerrero, “El Meni”, a quien Rubén Rocha intentó imponer como presidente del partido contra las aspiraciones de la diputada morenista Merary Villegas.

Para engrosar las filas del grupo de choque se convocó a la propia Adriana Ochoa del Toro, directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, y a Juan Manuel Mendoza, rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa (UTESC) a quien Rubén Rocha le tomó protesta para el cargo en noviembre de 2021.

Juan Manuel Mendoza fue acusado en diciembre de 2023 de haber trasladado en varios autobuses a estudiantes uniformados de la UTESC para que asistieran al informe de gobierno de Rubén Rocha en Culiacán con la promesa de puntos o calificaciones aprobatorias.

A través de un comunicado de prensa, redactado por el propio “Meni”, Morena Sinaloa respaldó a los presuntos universitarios que, asegura, quieren la reforma orgánica de la UAS, a pesar de que fue el propio gobernador quien, en la semanera del 15 de julio, admitió que es él, no los universitarios, quien promueve y quiere la reforma.

Resultados de la reunión

Al salir de la reunión con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el gobernador Rubén Rocha no reconoció ningún avance a favor de los universitarios. Por el contrario, de sus palabras quedó claro que su gobierno seguirá intentando que en el Congreso se apruebe la reforma a la Ley Orgánica, mientras que los casos judiciales seguirán su curso.

Para el encargado de Despacho de Rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, los saldos fueron más positivos que negativos, pues si Rocha se negó a dejar que sean los auténticos universitarios los que decidan sobre sus leyes internas, se logró que la Federación actúe como supervisor o testigo de los procesos penales que enfrentan las autoridades de la universidad.

“Cualquier proceso legal que se quiera hacer, cualquier acto legislativo, tendrá que cumplir con el Estado Constitucional de Derecho. No hay vuelta de hoja. Tendrá que venir genuinamente de la comunidad universitaria, sin interacciones de ningún ente externo. Eso quedó claro y quedó de manifiesto en la mesa”, señaló Robespierre Lizárraga al salir de la reunión.

El encargado de Despacho agregó que la secretaria de Gobernación fue informada de que las causas penales son atendidas por una Fiscalía, ministerios públicos y jueces que trabajan con consigna, por lo que era necesario el acompañamiento del gobierno federal, particularmente de la SEGOB, para que se cercioren de que se aplique el Estado de Derecho y no se cometan más abusos de autoridad.

De igual manera, el gobernador fue obligado a que cese su discurso de odio en contra de los universitarios, justo un día después del llamado que hizo desde su conferencia semanera a violentar las instalaciones de Radio UAS y del Consejo Universitario.