Reportaje publicado en la Edición 417

El domingo 1 de junio pasará a la historia como un experimento fallido de democracia en México. Por primera vez en el país, más de dos mil 600 cargos dentro del Poder Judicial Federal (incluyendo jueces, magistrados y ministros) fueron elegidos por voto popular.

Por Redacción Deprimera Noticias.

Se trató de un ejercicio sin precedentes que buscaba, según sus promotores, “devolver al pueblo el control de la justicia”. Sin embargo, el resultado fue una abstención masiva, múltiples denuncias de irregularidades, desinformación generalizada y señalamientos de cooptación de candidaturas por parte del partido en el poder.

Aunque se había proyectado un abstencionismo del 85 por ciento, la realidad superó incluso las predicciones más pesimistas. El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, informó que apenas el 12.57 por ciento del padrón electoral participó en las urnas, lo que en términos prácticos significa que el 87.4 por ciento de los mexicanos inscritos en el padrón electoral rechazó participar.

Esto equivale a cerca de 13 millones de mexicanos, una cifra que ni siquiera alcanza los 16.5 millones que votaron en la revocación de mandato de 2022, y que representa poco más de un tercio de los votos que recibió Claudia Sheinbaum para convertirse en presidenta apenas un año antes: 35 millones 925 mil votos.

La apatía ciudadana, el desconocimiento general sobre los perfiles de los candidatos y la percepción de un proceso amañado por el oficialismo minaron una elección que, según analistas políticos, nació con el pie

izquierdo y terminó evidenciando un retroceso institucional más que un avance democrático.

UN CAPRICHO CARO

La primera elección judicial federal fue también una de las más costosas en la historia electoral del país. A pesar de los recortes presupuestarios impuestos por el Congreso, el INE destinó cerca de 7 mil 19 millones de pesos para su organización. Esto implicó que cada uno de los 13 millones de votos emitidos tuvo un costo de aproximadamente 531.73 pesos.

En contraste, si todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral hubiesen votado, el costo por voto habría sido de apenas 69.81 pesos. Pero no fue así. En cambio, se invirtieron miles de millones de pesos del erario en una elección marcada por el desinterés, la desinformación y la falta de legitimidad.

Muchos ciudadanos se acercaron a las casillas sin conocer los nombres, trayectorias ni capacidades de los más de dos mil 600 aspirantes a cargos judiciales. No hubo campañas claras, ni debates públicos, ni procesos de evaluación públicos o transparentes. Fue una elección realizada en la penumbra de la ignorancia.

Frente a la crisis de participación, la presidenta Claudia Sheinbaum trató de minimizar el impacto de la abstención durante su conferencia matutina del lunes posterior a la jornada electoral. “Todo es perfectible, ayer fue la primera elección, se sacarán las conclusiones para poder mejorar en 2027”, afirmó con tono conciliador.

A pesar del discurso institucional, diversos analistas coinciden en que el resultado, lejos de ser una oportunidad para mejorar, dejó al descubierto los vicios del sistema político electoral mexicano, donde los candidatos cercanos al partido hegemónico (Morena) y a los distintos gobiernos estatales ganaron la elección.

La secretaria de Gobernación también insistió en que el resultado “refleja el deseo de la ciudadanía por contar con un Poder Judicial más cercano a sus intereses”, aunque los datos apuntan en sentido contrario.

CRÍTICA DE LA OPOSICIÓN

Desde el PAN y el PRI, la evaluación del proceso fue lapidaria. El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Héctor Saúl Téllez, calificó la jornada como “una farsa disfrazada de democracia”. Según el legislador, la elección fue “amañada, sesgada y manipulada con fines ideológicos”, y añadió que “con casi 90 por ciento de abstencionismo, lo que se concretó fue el asalto al Poder Judicial”.

El PAN denunció la utilización de recursos públicos, la ausencia de debates, y el uso de los llamados “acordeones de la corrupción”, documentos que orientaban a los votantes sobre por quién debían sufragar, a pesar de estar prohibidos por el INE y el Tribunal Electoral.

“El pueblo fue manipulado con propaganda disfrazada, sin herramientas para tomar decisiones informadas. ¿Quién garantiza que los jueces elegidos no estén vinculados al crimen organizado o a redes clientelares del poder?”, cuestionó Téllez.

Por su parte, el presidente del comité directivo estatal del PRI en Sinaloa, César Emiliano Gerardo, sostuvo: “Lo que vivimos fue un día negro para nuestro país. No sólo se vulneró la democracia, también se dilapidaron más de siete mil millones de pesos del erario público en una elección innecesaria, impuesta por capricho y sin el respaldo de la ciudadanía”.

El líder tricolor denunció que en el caso de Sinaloa se presentaron acarreos, manipulación del voto, e incluso presentó evidencia fotográfica de vehículos trasladando votantes en varios municipios del estado.

En Sinaloa, donde se eligieron magistrados y jueces en dos distritos judiciales, se detectaron diversas anomalías, entre ellas, favoritismo

hacia ciertos candidatos considerados cercanos al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza, posible sucesor del mandatario en 2027.

“Desde el principio se mencionaban los nombres de quienes ya traían línea, es decir, que son cercanos al gobierno de Rocha. Hay una estructura clara de poder detrás de muchas de estas candidaturas”, reveló una fuente bajo anonimato.

En total, se disputaron 30 magistraturas de circuito (15 por cada distrito), 33 cargos de jueces y juezas de circuito. Los distritos abarcaron municipios como Culiacán, Mazatlán, Guasave, Ahome, Badiraguato, entre otros. Según fuentes del propio Poder Judicial entrevistadas por DeprimeraNoticias, varios de los nombres incluidos en las boletas “ya estaban palomeados” desde antes de que iniciara el proceso.