En un tiempo récord de 12 días, tras la escandalosa dimisión de la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada debido al presunto encubrimiento en la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el gobernador y su Congreso, reeditaron los viejos modos del priismo para designar como nueva fiscal a Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien hasta hace unos días era la Vicefiscal de la Zona Centro, y una de las funcionarias que se encargó de dar trámite a la carpeta de investigación desacreditada por la Fiscalía General de la República. Con este proceso al vapor, se comprueba una vez más que la Fiscalía General del Estado no cuenta con ninguna autonomía, sino que es un apéndice más al servicio del Gobierno del Estado con sus tentáculos en los poderes fácticos.

Por Santiago Rentería.

En los tres años que va del sexenio de Rubén Rocha Moya, la Fiscalía General del Estado (FGE) estrenará su tercera fiscal, pues al primero nombrado por el Congreso, Juan José Ríos Estavillo, la administración morenista lo hizo renunciar para poner en su lugar a Sara Bruna Quiñónez, quien tuvo que salir por la “puerta de atrás” luego de las irregularidades reveladas por la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación del crimen de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Desde la aplanadora morenista y sus aliados en el Congreso, con 33 votos para elegir a Claudia Zulema Sánchez Kondo, se hizo evidente la línea tirada desde el Tercer Piso de Palacio de Gobierno, a pesar de las críticas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que no respaldaron a la funcionaria debido a la inatención de las víctimas.

El colectivo Sabuesos Guerreras, en voz de su líder María Isabel Cruz, cuestionó seriamente la designación de Sánchez Kondo, a quien describió como una persona cerrada al diálogo y calificó de burla la elección.

“El gobernador tiene que tener alguien que lo cubra y lo defienda, tenía que quedar la Kondo. Se nos hizo una burla que ella quedara porque esperábamos un héroe que viniera salvar, pero no se pudo”, criticó María Isabel.

Cuando Ríos Estavillo renunció a la FGE en 2021, por pleitos con Enrique Inzunza Cázarez -fue el fiscal que le dio trámite a la denuncia de acoso sexual del entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia-, el proceso llevó el doble de días que hoy para nombrar a Sánchez Kondo

FISCALÍA REPROBADA

En Sinaloa, de acuerdo con cifras de organismos ciudadanos, la impunidad campea entre el 95 y 98 por ciento, esto quiere decir que, de cada cien delitos, solamente dos o cinco son los que se resuelven o esclarecen.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha realizado estudios en el sentido que en Sinaloa los ministerios públicos existentes son insuficientes para realizar las diligencias de la enorme cantidad de delitos que se denuncian, de los cuales se abren carpetas de investigación.

Los resultados mínimos que ofrece la FGE empata justamente con el poco presupuesto que tiene. Se trata de uno de los estados que menor recurso destina a la procuración de justicia.

Por ejemplo, según la asociación México Evalúa, en 2022 el estado de Nuevo León gastó 44 mil 258 pesos por habitante en el tema de servicios periciales. En Sonora el gasto fue de 28 mil 974 pesos y así en otros estados del país.

En Sinaloa el ejercicio presupuestal fue de dos mil 159 pesos por habitante, lo que quiere decir que el Estado tiene un eximio cuerpo de periciales, que siempre ha sido exhibido por las madres buscadoras, que siempre hallan restos humanos, pero que la Fiscalía no los procesa científicamente.

Para comprobar lo anterior, en Sinaloa la tasa de peritos por cada 100 mil habitantes es de 6.68, de las peores del país, cuando estados con menor población como Baja California Sur tiene 16.36 peritos por cada 100 mil habitantes, Colima tiene 15.46, mientras que la tasa promedio nacional es de 7.81.

De ahí que en Sinaloa nunca se ha querido ver la crisis forense como una realidad, pero ahí está en cada manifestación de familiares que buscan a sus seres queridos o que exigen justicia por sus muertos.

De este modo, Sinaloa invierte sólo 28 mil 441 pesos por cada ciudadano al año, cuando otros Estados andan de los 40 mil hasta los 80 mil pesos.

De hecho, Nayarit, una entidad con mucho menos población que Sinaloa, invierte anualmente 40 mil pesos por cada habitante en materia de procuración de justicia.

CASO CUÉN OJEDA

Todos estos datos tienen relación. Y es que la insuficiencia de peritos y de presupuesto para contar con un servicio científico desemboca en pifias como la del caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda, cuya carpeta de investigación que mínimamente supervisó la hoy elegida fiscal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, fue desacreditada en su totalidad por la FGR.

En 10 puntos, la FGR señaló entre otras cosas, el pésimo trabajo en material pericial: la Fiscalía de Sara Bruna, de Dámaso Castro y de Sánchez Kondo no realizó periciales en la gasolinera donde ellos alegaban que había sido el atentado.

En el video de la gasolinera queda establecido que no hubo intento de robo, sino una simulación de atentado, un teatro de parte de los criminales que posteriormente la Fiscalía intentaba encubrir con una pseudo investigación.

En la camioneta en la que presuntamente iba Cuén, no hubo el suficiente trabajo pericial, no analizaron la sangre de la batea y menos establecieron rutas de los disparos, ya que Cuén acusaba cuatro tiros y en el video, si acaso, sólo se escuchaba uno, aunque también eso quedó en duda.

Con el caso derrumbado, aun así, tanto el Consejo de Seguridad Ciudadana, que es el organismo que abre la convocatoria para fiscal, como el gobernador Rubén Rocha Moya y el Congreso, dieron trámite para ser elegidas a dos de las personas que tuvieron relación con esa carpeta de investigación mal realizada.

En un descaro total, Sánchez Kondo declaró el día en que fue designada que se investigarían las irregularidades que señaló la FGR, aunque por adelantado Dámaso Castro -el verdadero fiscal de facto- ya había negado que ellos hubieran hecho mal trabajo, a pesar del peso de las evidencias.

TAMBIÉN AL SERVICIO DEL NARCO

El escolta desaparecido del Mayo Zambada, el comandante Rosario Heras López, es sólo la punta de iceberg del grado de colisión de la Policía de Investigación con el crimen organizado.

La cloaca se extiende desde los sótanos de la Fiscalía por el bulevar Enrique Sánchez Alonso en el Tres Ríos hasta el bulevar Emiliano Zapata donde está la comandancia de la corporación.

No hay policía en la calle que no sepa el modus operandis de las células de sicarios, pero nunca actúan contra ellas, los lazos son profundos, por ejemplo, con El Nini era habitual toparse en las calles, a quien le abrían el paso.

De manera histórica los carteles han tenido cautivas a las corporaciones policiacas en Sinaloa. No es de ahora, sino de siempre, aunque sea algo en donde el Poder Ejecutivo y Legislativo decidan voltear para otro lado, sólo para responsabilizar de todos los males del país, al Poder Judicial de la Federación, y no a las fiscalías, ministerios públicos, policías y todo el entramado que no provee justicia a las víctimas del delito.