Mientras los delitos se acumulan día a día, y la tormenta de impunidad avasalla a los ciudadanos, la Fiscalía General del Estado mueve toda su maquinaria y recursos públicos para concretar los deseos del gobernador, de tumbar uno a uno a sus enemigos políticos. Lo hizo primero con el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien a pesar de que ha ganado amparos, el juez local no le hace válido las resoluciones. Lo hizo con Luis Guillermo Benítez Torres, El Químico, quien parece haber negociado ya la absolución, y en los últimos meses en contra de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en un juego de ajedrez en el que buscan derribar a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS, y quien fuera de aliado en la campaña de 2021.

Por Santiago Rentería.

El aumento de delitos de alto impacto y del orden común en Sinaloa se han desatado en los últimos meses, sobre todo en la zona centro del estado, pero como sucede cuando los datos no le favorecen, el gobierno sinaloense comenzó a maquillar las cifras.

De ahí que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en una vuelta de tuerca impensable, dio a conocer que, durante el primer semestre de 2023, la incidencia de homicidios dolosos bajó un once por ciento, pero comparado con 2021, cuando toda la incidencia iba a la baja.

Comparar las cifras con el 2022, año en que Rocha ejerció su primer año fiscal, los datos no cuadran, ya que hay un aumento de poco más del doce por ciento, con el detalle de que la mayoría de los asesinatos ocurren en Culiacán y áreas aledañas a Navolato.

Es decir, homicidios dolosos, muertes en accidentes, feminicidios, violencia familiar, entre otros, se han estado incrementando en este año

en que los grupos del crimen organizado pelean el control del fentanilo y el mercado de la metanfetamina, mientras que la Fiscalía opta por enfocar sus esfuerzos en arrasar a los enemigos políticos del gobernador Rubén Rocha Moya.

Ni el operativo Culiacán Seguro ha logrado contener la ola violenta en la zona centro de la entidad, eso sí, desde que arrancó el mes de julio la Fiscalía a cargo de Sara Bruna Quiñones, se dedica a armar carpetas de investigación y judicializarlas contra los universitarios.

Cateo que no fue cateo

El lunes 17 de julio, al menos una docena de agentes de investigación adscritos a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía acudieron temprano a las instalaciones de Rectoría, campus Buelna, para presentar una orden de cateo bajo el argumento de buscar documentos que la UAS se ha negado a aportar.

Esa mañana, una mujer había aparecido asesinada acuchillada en el interior de un motel y delincuentes habían dejado un cadáver en el área de urgencias del hospital del IMSS de Costa Rica, Sinaloa.

En cambio, afuera de Rectoría, los agentes exhibían a los guardias del campus una orden de cateo expedida por el juez de control que lleva el caso del recto Jesús Madueña, del director Jurídico Robespierre Lizárraga y del Comité de Adquisiciones.

Para el rumbo de Angostura, días antes, había estallado el escándalo de que en dos centros de rehabilitación ilegales había casi 60 personas secuestradas que eran obligadas a trabajar. A pesar de que los testimonios de las víctimas señalan que eran grupos armados organizados, la Fiscalía solamente detuvo a cuatro sujetos acusados de trata de personas. Nomás. La delincuencia organizada de la zona, se mantiene operativa en la región.

Al no poder llevar el cateo, supuestamente porque no quitaron los candados, los agentes de Sara Bruna se retiraron, aunque el gobernador

declaró horas más tarde que él ordenó que los policías cateadores no llevaran armas.

Pero mientras el gobernador señala con su dedo flamígero a sus contrincantes políticos, y el líder del PAS, Cuén Ojeda, sale de Sinaloa y acusa espionaje en su contra –aseguró que le implantaron un chip GPS a su camioneta– la Fiscalía trabaja en integrar las carpetas por delitos como abuso de autoridad y desempeño irregular de la función pública, sin permitir que los acusados tengan derecho a una adecuada defensa.

Contradicciones que afloran

El jueves 20 de julio, mientras la Fiscalía y los abogados de la UAS se preparaban para acudir al juez de control en Aguaruto, en Culiacán arreció la racha violenta, con cuatro homicidios dolosos.

Ya un día antes se había registrado el hallazgo de un cadáver en un tambo de plástico, usado para transportar químicos, y había sido acribillado un vecino de la colonia Lázaro Cárdenas.

Pero al amanecer del 20 de julio, los cuerpos de cuatro hombres fueron encontrados uno en el rumbo de Mojolo, al norte de la capital, dos más en las inmediaciones de El Quemadito, y otro estaba envuelto en plástico transparente en una calle de la colonia Real de Minas, pegada a La Costerita.

Para evitar ser cuestionada, la fiscal Sara Bruna ya comenzó a declarar que se tratan de crímenes relacionados con la delincuencia organizada, por lo que siendo del fuero federal, no le toca a la institución que ella dirige, aunque todo homicidio es investigado por el fuero común.

Esa misma mañana, en Los Mochis fue asesinada con arma blanca una mujer en el interior de un domicilio del fraccionamiento Virreyes, y de forma preliminar, se señaló a la ex pareja de la víctima como el presunto responsable.

Carpetas a modo

Pero en lo que toca a obedecer las órdenes del Tercer Piso de Palacio de Gobierno, la Fiscalía envió una carpeta “sin nada de fondo” en el caso de la acusación por abuso de autoridad contra funcionarios de la UAS.

Uno de los abogados del rector, Milton Ayala Vega, indicó que la acusación de la Fiscalía en contra de Madueña y Robespierre Lizárraga se basa en el tema de que la Auditoría no recibió información solicitada, cuando este tema se encuentra impugnado ante los tribunales.

Indicó que vienen entrevistas realizadas a trabajadores de la Auditoría Superior del Estado, quienes declaran que el personal universitario se opuso a que se practicara el ejercicio de fiscalización, a pesar de que es claro que los empleados de la ASE no tenían facultades, pues lo que pretendían auditar lo estaba revisando al mismo tiempo la Auditoría Superior de la Federación, al no ser recursos estatales.

“Son cuestiones que serán alegadas en la audiencia del 18 de agosto y ojalá el juez predique con el ejemplo de impartir justicia, y si se imparte justicia tendrá la razón el Rector, no la Fiscalía, eso nos queda muy claro”, dijo.

Sin embargo, debido a que la consigna que mantiene el gobernador Rocha y su equipo en contra de los universitarios, es que es posible que el juez termine por vincularlos a proceso, situación que será combatida en los tribunales.