Este sábado entró en vigor la ley SB 1718 de inmigración, una reforma impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios.

En concreto, la ley obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify.

Los empresarios que no cumplan la ley se enfrentan a multas de 1,000 dólares al día hasta que demuestren que sus trabajadores tienen los documentos requeridos.

El texto también contempla hasta 15 años de prisión para los individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.

Se estipulan además cinco años de prisión y multas de 5,000 dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de 10,000 dólares si es menor de edad.

“Si te traes a tu tía a Disney World, a Miami, o a Universal Studios te pueden acusar de un delito por traer a una persona indocumentada a Florida“, declaró el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Domingo García.

La norma prevé además un presupuesto de doce millones de dólares para el traslado de inmigrantes indocumentados a otros lugares de Estados Unidos y exige a las fuerzas de seguridad la obtención de muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.