Aunque el Congreso de Sinaloa hizo todo un procedimiento legislativo para aprobar la reforma a la Ley orgánica de la UAS, con la ley en la mano los abogados de la máxima casa de estudios de Sinaloa indican que dicha reforma nació “muerta” y “podrida” pues el procedimiento está viciado de origen y existen amparos que protegen a la universidad contra la violación a su autonomía por parte del Legislativo local.

Por David Fuentes M.

El pasado 20 de septiembre, los diputados de MORENA y aliados en el Congreso de Sinaloa aprobaron la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Previamente, el Congreso había realizado una consulta (declarada ilegal por las autoridades universitarias) afuera de los centros educativos, en la que solamente participaron mil 300 personas, de un universo de más de 175 mil universitarios.

Los diputados oficialistas también realizaron en el Congreso un foro “exprés” en el que participaron simpatizantes del partido MORENA y acarreados.

Todo lo anterior para simular que se cumplían con los requisitos de la Ley General de Educación Superior aprobada en 2023 para cambiar los estatutos internos de la UAS.

Sin embargo, desde 2023 un juez federal concedió un amparo a la UAS que inhabilita al Legislativo para organizar consultas universitarias con el propósito de reformar su Ley Orgánica.

POR ENCIMA DE LA LEY

Sin importar el amparo que protege a la Casa Rosalina, los diputados de MORENA tuvieron que continuar con el proceso por órdenes del gobernador Rubén Rocha, quien en junio pasado se reunió con ellos para presionarlos y sobornarlos con cargos en su gobierno una vez que concluya su periodo legislativo el próximo 30 de septiembre.

Con la aprobación de la reforma a la ley orgánica, se consumó la violación a la autonomía universitaria y se pretende que en abril de 2025 se emita una convocatoria para elegir a un nuevo rector que tendría que entrar en funciones el 8 de junio.

En respuesta, a través de un comunicado, la UAS indicó que la reforma aprobada por los diputados carece de toda legalidad porque previamente el juez primero de distrito y el Tribunal Colegiado con sede en Mazatlán ya habían declarado inconstitucional la ley de Educación Superior del estado de Sinaloa.

El artículo tercero de la ley aprobada por la mayoría morenista señalaba que la consulta universitaria debía ser realizada por el Congreso. Pero este planteamiento fue declarado inconstitucional porque se trata de una violación a la autonomía universitaria. Sin embargo, los diputados la desacataron.

El artículo tercero, fracción 7, de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las universidades autónomas tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.

Además, indica la universidad, la reforma aprobada por los diputados viola la Ley General de Educación Superior que establece que para reformar las leyes orgánicas de la universidad se deberá contar con los resultados de una consulta realizada no sólo a la comunidad universitaria, sino a los órganos de gobierno y deberá, también, contar con una respuesta explícita del Consejo Universitario.

DEFENSA

Para los abogados que representan a la universidad, la reforma nació “muerta” y “podrida” ya que jamás podrá aplicarse en la realidad pues el proceso de los diputados locales está viciado de origen.

El asesor legal de la UAS, Ramón Bonilla Rojas, recordó que en el amparo contra la Ley Estatal de Educación Superior se impugnó el Artículo tercero y la justicia federal le dio la razón a la Universidad.

“Hicieron una consulta que sólo la podía hacer la comunidad universitaria”, comentó.

Indicó que por jurisprudencia de la Corte cada vez que hay un procedimiento legislativo hay que impugnarlo, y la ventaja que tiene la UAS es que el procedimiento legislativo que está sustentando las modificaciones está totalmente viciado y ya fue combatido en un amparo anterior, por ello hay altas posibilidades de que un Juez Federal nuevamente vuelva a invalidar todas las modificaciones que hicieron.

“Hay un procedimiento viciado inconstitucional que va a dejar sin fondo esto, claro, hay que llevarlo a impugnar, jurídicamente estamos en posibilidad que una vez interpuestos los amparos los jueces suspendan las consecuencias legales de esos artículos (…) si se suspenden las consecuencias esa ley es inaplicable”, dijo.

Agregó que por medio de un amparo que se promoverá por orden judicial se mantendrán en el cargo por el tiempo que fueron elegidos el rector y los consejeros ya que la Ley no se puede aplicar retroactivamente.

“Esto apenas empieza, esas modificaciones a la Ley nacieron con epitafio, nacieron para irse a la sepultura, es una Ley que difícilmente va a poder ser aplicada, no por capricho de la Universidad”, enfatizó.

A favor de la UAS también se expresó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES).

En un documento firmado por todos los integrantes del consejo de la ANUIES, se indica que las modificaciones a la Ley Orgánica de la UAS son violatorias del artículo tercero, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo segundo, párrafo III de la Ley General de Educación Superior, donde establece que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas deberán contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, así como de una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.

La ANUIES lamenta que este procedimiento no fue observado por el Congreso de Sinaloa, por lo que, hizo un nuevo llamado para que las relaciones entre el Poder Legislativo y la comunidad universitaria se conduzcan invariablemente con el más irrestricto apego al mandato constitucional y legal para salvaguardar la autonomía universitaria.