“Para contrarrestar la presencia de los cárteles en nuestra región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando mucha de la masacre y el caos en el hemisferio, y el gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional y a nuestros ciudadanos”, sentenció el presidente norteamericano, Donald Trump, en el evento denominado “Escudo de las Américas”, el pasado 7 de marzo en Miami, Florida, al que, por cierto, no acudió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en representación de México.

Donald Trump mencionó que él le dijo a Sheinbaum: “Déjeme erradicar a los cárteles”, y la mandataria mexicana contestó: “No, no, no, por favor, presidente”. “Tenemos que erradicarlos, tenemos que acabar con ellos de una vez, porque están empeorando”, justificó el presidente norteamericano en dicha reunión.

Este pronunciamiento se robustece con la orden ejecutiva del 20 de enero de 2025 que firmó Trump, formalizando legalmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que permite operativos militares estadounidenses en suelo extranjero. Los cárteles señalados son, encabezando la lista: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, La Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Cártel del Golfo.

La designación de terrorismo a estas organizaciones criminales se basa en informes de inteligencia de diferentes agencias estadounidenses que señalan a estos grupos como amenazas a la seguridad nacional, principalmente por la violencia que generan al traficar drogas —destacando el fentanilo— y por el tráfico de migrantes.

La designación de narcoterrorismo tiene implicaciones legales. La principal es que el Departamento del Tesoro norteamericano congelará activos de estos cárteles, así como de empresas y personas ligadas a estos grupos. También habrá mayores penalizaciones para quienes brinden cualquier tipo de apoyo o se relacionen con estas organizaciones criminales.

Y, como ha sido la regla, aparece el Cártel de Sinaloa en primer lugar de la lista. En los meses recientes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha identificado empresas de varios giros comerciales que proporcionan suministros de precursores químicos y empresas fachada que lavan dinero. Entre ellas: casinos, gasolineras, alquiladoras de cabañas, restaurantes de sushi, empresas agrícolas y constructoras, entre muchas otras.

Si el Cártel de Sinaloa encabeza las listas estadounidenses del narcoterrorismo, el gobernador de Sinaloa es, sin lugar a dudas, el funcionario más documentado en presuntos vínculos con dicho cártel, según trabajos periodísticos y filtraciones de inteligencia tanto norteamericana como de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Un par de días antes de la elección de 2021 en Sinaloa, uno de los candidatos a ocupar un cargo público en la zona serrana refería: “¡Está de la chingada acá arriba!”. Al momento de renunciar a la candidatura, fueron docenas de candidatos de partidos opositores a Morena los que renunciaron por amenazas del crimen organizado; los demás lo hicieron en silencio.

Dicha elección se llevó a cabo entre amenazas, “levantones”, robo de urnas y grupos armados que se paseaban por todo el territorio donde se colocaron casillas pidiendo el voto por Morena, es decir, por Rubén Rocha Moya. Todo quedó registrado en medios locales, nacionales e internacionales.

“Venimos por el dinero de los votos”, dijeron cuando entraron a las casas de 29 de los 35 operadores del PRI en un municipio del centro de Sinaloa durante la madrugada del 6 de junio de 2021, se leía en un medio nacional. “La noche del sábado 5 de junio de 2021, varias camionetas del crimen organizado circularon por calles de Culiacán. Fue durante la madrugada cuando algunas de esas camionetas irrumpieron en el fraccionamiento Colinas del Rey y ‘levantaron’ de su domicilio al secretario de organización del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, José Alberto Salas Beltrán; posterior a la votación lo soltaron”, se leía en un canal alemán de noticias.

“No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere escuchar”, reza el refrán. En México es claro que el dinero de los cárteles y sus operativos con gente armada los días de las elecciones se constituyen claramente en la diferencia para ganar una elección y, con ella, el poder del Estado.

Este es el gran problema electoral en México y no aparece por ningún lado en las reformas electorales, principalmente en las impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. El no querer erradicarlo habla de un interés partidario gubernamental que se ve beneficiado porque esto permanezca igual e intocable rumbo a las elecciones de 2027.