El podrido Poder Judicial en Sinaloa: Las redes de Inzunza
sábado, 6 de julio de 2024
El pasado 27 de junio, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la reforma al Poder Judicial se eliminarán el influyentismo, el nepotismo, las imposiciones en cargos públicos y la corrupción.
Esto, aseguró, beneficiará a los propios empleados del Poder Judicial que llegarán a los cargos no por ser familiares de jueces o magistrados, como ocurre en muchos casos actualmente.
Las declaraciones del presidente tendrían que haber puesto a temblar a los representantes del Poder Judicial en Sinaloa, una cueva podrida donde el nepotismo es la norma para la designación de magistrados, jefes de área o empleados de planta.
Muchos de los que trabajan en las dependencias del Poder Judicial y en el Gobierno del Estado son familiares o parientes políticos del exmagistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y senador electo por MORENA, Enrique Inzunza Cázarez.
Antes de jubilarse, el todavía secretario general de gobierno de la administración de Rubén Rocha entregó plazas a sobrinos, primos, cuñados y hermanos, además de los familiares de su esposa Claudia Yuridia Meza Avendaño, a quien también le entregó el cargo de magistrada del Supremo Tribunal de Justicia.
Sin embargo, la reforma al Poder Judicial no traerá ninguna consecuencia radical para Sinaloa, ya que como afirma el especialista en Derecho Constitucional de la UAS, Gonzalo Armienta Hernández, van a participar para ser elegidos mediante el voto quienes ya ostentan dichos cargos a propuesta de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, por mandato del gobernador Rubén Rocha que como titiritero controla los hilos en los tres poderes del Estado.
El académico indicó que, aunque tienen la posibilidad de postularse los abogados que cumplan los requisitos que establece la convocatoria, las propuestas para que sean sometidos a votación popular surgirán de los poderes antes mencionados y controlados por un solo individuo.
“Yo creo que no va a haber un cambio radical en Sinaloa, van a ser casi los mismos los que van a participar y los que elija el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial porque ya los conocen”, advierte.
A MODO
El presidente López Obrador aseveró que el Poder Judicial “está podrido”. Eso es una realidad en el estado de Sinaloa. Jueces, magistrado, fiscales: todo el aparato de “justicia” está al servicio de los intereses políticos del gobernador Rubén Rocha.
“Si alguno de nosotros levanta la voz, los fiscales te abren una carpeta de investigación, así como les pasó a los agricultores cuando hicieron los plantones y que, en lugar de atender sus demandas, encarcelaron a su líder, o como han hecho con las autoridades de la universidad o gente de otros partidos contrarios a MORENA”, señala un empresario de Culiacán que pidió el anonimato.
Las represalias no sólo son contra los adversarios políticos de Rocha, sino también contra los propios trabajadores del Poder Judicial: si algún juez se niega a prestarse a la corrupción institucionalizada, lo cambian de sede, lo alejan de sus familiares y si trabajaba en Culiacán lo mandan a Los Mochis o a Mazatlán.
EL REY DEL NEPOTISMO
El principal exponente de ese nepotismo, influyentismo y corrupción que dice López Obrador que se quiere combatir con la reforma judicial es Enrique Inzunza Cázarez.
Para conseguir una jubilación de ensueño antes de los 50 años, el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa no sólo se aumentó el salario a más de 150 mil pesos dos meses antes de solicitar su retiro, también proporcionó información falsa y documentos sin validez oficial que fueron avalados en el Congreso del Estado por los diputados de la 4T, que ya habían sido instruidos por Rubén Rocha Moya para que le allanaran el camino a su secretario general de Gobierno.
Desde su posición en el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Enrique Inzunza llenó el servicio público de familiares, parientes políticos y amigos cercanos. Son al menos 15 familiares de Inzunza los que forman parte de la nómina tanto del Gobierno del Estado como del Poder Judicial.
La lista incluye a su hermano Santiago Cázarez Inzunza, quien quedó como director del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES). Le siguen Aida Inzunza Cázarez, a quien le consiguió un lugar como magistrada del Tribunal Electoral de Sinaloa. También está su hermano menor, Javier Inzunza Cázarez, quien fue nombrado como administrador de la sede regional de justicia penal acusatoria y oral.
Por órdenes de Enrique Inzunza también se le dio un puesto a su sobrina Diana Iribe Cázarez, quien fue nombrada jueza en Mocorito. A Aida Yudith Adana Anaya, cuñada, esposa de su hermano Javier, quien quedó como secretaria de Acuerdos. A Gerardo Vega Sainz, cuñado, esposo de su hermana Aida, quien quedó como actuario del Supremo Tribunal de Justicia. A su prima Yareli Valdez Inzunza, quien fue asignada como encargada de la sala de juzgados de primera instancia.
Fuera del Poder Judicial, los hermanos de Inzunza Cázarez, incluyen a Jorge Enrique Inzunza Osuna, sobrino, quien es director de Uso Sustentable del Agua y Energía. A Mario Alberto Romero Inzunza, sobrino, quien es coordinador de asesores en la Secretaría de Salud y proveedor de COBAES. A Carlos Mario Romero Inzunza, sobrino, jefe del Departamento Técnico de la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno.
El nepotismo también alcanza a los familiares de su esposa Claudia Yuridia Meza Avendaño, quien tiene a su cuñada Dolores Torres Meza, como su asistente personal, mientras que el hijo de esta, Jorge Daniel Calderón Sánchez fue nombrado secretario técnico y responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno.
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