El patíbulo político rochista
viernes, 27 de marzo de 2026
El patíbulo político rochista

El rastro de ingobernabilidad y fracaso que, evidentemente, ha acompañado a lo largo de estos cuatro años de administración a Rubén Rocha Moya en Sinaloa se manifiesta claramente, no en lo que dice que no va a hacer, sino en lo que termina haciendo el actual gobernador. Se convierten en testimonios brutales, principalmente en video, de la conducta de un mandatario que se finca en la mentira, el engaño, el resentimiento, la venganza y el revanchismo.

Fue el 31 de octubre de 2021 en que el entonces gobernador electo por Morena y el PAS rindió protesta en el Congreso de Sinaloa ante un legislativo abarrotado. Entre los invitados de honor, los más cercanos al recién nombrado gobernador, se encontraban, con una risa de oreja a oreja: Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán; Luis Guillermo Benítez Torres, El Químico, primer edil de Mazatlán; Gerardo Vargas Landeros, gobernante de Ahome. Todos ellos le disputarían en 2027 la gubernatura al rival número uno, por acuerdos pactados con Morena y, principalmente, con Rubén Rocha Moya: Héctor Melesio Cuén Ojeda.

¿Qué pasó con estos cuatro naturales firmes candidatos a suceder a Rocha Moya? Para entender el contexto real de los sucesos, tenemos que ubicarnos en ese 31 de octubre de 2021 y analizar a distancia el discurso de Rocha Moya al respecto durante su toma de protesta:

“Y les digo, porque a mí me gusta ser muy claro; y me dicen: oye, ¿vas a perseguir a alguien? Yo no vengo a perseguir a nadie, no vengo a perseguir a nadie… Ellos tres fueron aspirantes a la gubernatura y algunos me dicen: oiga, ¿y va a atender bien al Químico?, ¿va a ver bien a Gerardo?... Y le digo: aquí no vengo a jugar vencidas políticas con nadie, venimos todos juntos a hacer equipo para sacar adelante a Sinaloa”.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, principal rival político de Rubén Rocha Moya, fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal el 25 de julio de 2024. Esto ocurrió durante el secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada. Fue el mismo Zambada quien, por medio de una carta, señaló que Héctor Cuén era su amigo y que lo habrían asesinado en el lugar, mientras que a él lo secuestraron al acudir ambos a una reunión con Rubén Rocha Moya para limar asperezas entre los dos políticos en conflicto por el control político de la universidad. Esto, después de haber vivido Cuén y su familia una cacería mediática institucional por parte del gobierno rochista, principalmente en lo jurídico. El mismo Héctor Cuén señaló, días antes de su asesinato, que si algo le sucedía hacía responsables a Rubén Rocha Moya y a Enrique Inzunza Cázarez.

En la investigación local del asesinato de Cuén, la fiscalía estatal, dirigida entonces por Sara Bruna Quiñónez, fue señalada de fabricar un montaje por parte de la Fiscalía General de la República, en la persona de Alejandro Gertz Manero, lo que le costó el puesto a Bruna Quiñónez. A más de año y medio del asesinato, la verdad de los hechos se sigue escondiendo en la burocracia morenista, tanto local como federal.

Jesús Estrada Ferreiro recibió el “garrote” político en 2020, cuando se le acumularon tres procesos judiciales: dos por la vía penal y un tercero por la vía política. A mediados de junio de 2022, el Congreso de Sinaloa sesionó de manera secreta para votar la solicitud de procedencia para desaforar a Estrada Ferreiro. Los delitos que se le imputaban eran abuso de autoridad, discriminación, uso indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública. El Congreso local, haciendo las funciones de jurado en la acusación, ratificó por unanimidad los dos dictámenes de la comisión instructora y votó a favor del juicio de procedencia, retirándole el fuero al, hasta entonces, alcalde de Culiacán. Las acusaciones fueron conducidas por la fiscalía local de la mano de Sara Bruna Quiñónez; en el Congreso operó Feliciano Castro como presidente de la JUCOPO.

Luis Guillermo Benítez Torres subió al banquillo de los acusados en 2023. La ruta fue exactamente la misma: se abrieron carpetas de investigación por desempeño irregular de la función pública en la compra irregular de 198 luminarias sin licitación en 2021 por un monto de casi 35 millones de pesos; y fue procesado por la compra de dos vehículos con costo de 238 mil 300 pesos cada uno, y cinco motocicletas, dos de ellas con valor de 20 mil 899 pesos y tres de 18 mil 990 pesos. Las carpetas fueron elaboradas por la fiscal Sara Bruna Quiñónez, y el Congreso local operó el desafuero con reuniones secretas para votar la solicitud de procedencia, de la mano de Feliciano Castro, presidente de la JUCOPO.

El turno le llegó a Gerardo Vargas Landeros en 2025. El camino ya lo habían pavimentado Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres. La fiscalía local imputó cargos por desempeño irregular de la función pública contra el entonces alcalde de Ahome, y el delito de ejercicio indebido de la función pública contra el comité de adquisiciones que fungió durante la administración del morenista en el arrendamiento de 126 patrullas, con un costo de 171.4 millones de pesos. El contrato no se licitó, pero pasó a 135 unidades arrendadas y se redujo el costo a 161.1 millones de pesos.

Pero el Ministerio Público argumentó que Grinleasing, la empresa contratada por Vargas Landeros, no tenía los vehículos suficientes y subcontrató a la empresa Casanova Vallejo, lo que pudo haber generado un ahorro de más de 42 millones de pesos al Ayuntamiento. El Congreso local, en lo oscurito, lo desaforó, y la Suprema Corte de Justicia le negó el regreso a la presidencia de Ahome, argumentando que la defensa fue extemporánea.

“Imelda y yo tenemos una extraordinaria relación, hicimos campaña juntos, nos conocemos de muchos años atrás… y no tiene veto mío… que hagan lo que quieran; pero ahí sabrán ellos sus consecuencias”, señaló Rubén Rocha Moya en su más reciente semanera, respecto al interés manifiesto de Imelda Castro por la gubernatura en 2027.

Todas estas evidencias del rochismo demuestran claramente un patrón político-faccioso de ejecución por medio de las instituciones públicas contra adversarios políticos no alineados… ¡¿Se tiene que añadir algo más?!


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