Uno a uno salen a la luz pública los presuntos nexos de gobiernos o políticos de Morena con el narco. Mientras que los seguidores del movimiento exigen pruebas, los testimonios -otra forma de acreditar un hecho- se acumulan en el umbral del arranque de las campañas para la sucesión presidencial. Desde los dardos lanzados en periódicos estadounidenses en los que la DEA revela que investigó financiamientos del crimen a campañas de López Obrador, hasta cloacas abiertas en Guerrero, Tamaulipas y, se dice, muy pronto en Sinaloa. Candidatos que empiezan a morir bajo las balas y otros que despiden un intenso tufo a corrupción, este 2024 el narco en campaña no será la excepción como en otros años en que este poder fáctico logra imponer su agenda de sangre y dinero sucio.

Por Redacción Deprimera Noticias.

Más que pruebas documentales o videos, lo que existen son testimonios, todo porque los recursos en efectivo suelen no dejar este tipo de evidencia. Por eso poco a poco en las últimas semanas, desde distintos flancos, empieza a brotar la pus de los presuntos financiamientos del crimen organizado a políticos encumbrados. Antes eran los del PRI y los del PAN, hoy son los de MORENA.

En Sinaloa, desde 2021, se denunciaron las presuntas aportaciones del narco a la campaña de Rubén Rocha Moya y se documentó la estrategia de levantar e intimidar a los operadores del PRI para inhabilitar la maquinaria electoral que trabajaba por la candidatura del priista Mario Zamora Gastélum, quien, en los días posteriores a su derrota, hizo público cómo el narco intervino privando de la libertad a cerca de cien operadores políticos de su partido… Pero nada se hizo en ese momento.

Hoy, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sus hijos y varios de los gobiernos estatales de MORENA, se encuentran en el foco internacional por el enredo del narcotráfico.

El discurso de “abrazos, no balazos” quedó como el pacto en favor de los criminales, mientras que el morenismo se acuerpa para ganar terreno a la narrativa que empieza a tomar forma de verdad, de que MORENA ha sido apoyado por el crimen organizado para hacerse del poder en el país, marcado por la violencia, y ésta trata de ser sepultada con la propaganda oficial.

EL HACKER Y EL CANDIDATO AL SENADO

No sólo fue Dámaso López Serrano, El Mini Lic, quien acusó a Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum y hoy candidato al Senado, de recibir sobornos de Los Chapitos y de robarse al menos dos millones de dólares que tenía en su poder su padre, El Licenciado, en el año 2017 en que fue detenido en Ciudad de México.

En ese entonces, García Harfuch era titular de la Agencia Criminal de Investigaciones de la FGR, y según El Mini Lic, recibió 800 mil dólares como soborno para detener a Dámaso padre. Además, se quedó con dos millones que hallaron en un inmueble del Licenciado.

Todo esto lo negó en un Twitter el hoy aspirante al Senado, pero esta semana comenzó a circular un video del supuesto hacker del Licenciado, el cual logró venderlo en 2017 para ser capturado.

De nombre Julio Edmundo Guillén Faugier, originario de Chiapas, denunció que tanto García Harfuch como Santiago Nieto, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (hoy también aspirante al Senado), incurrieron en corruptelas con dinero del narco.

El chico favorito de Claudia, según Guillén, cobró la recompensa de 1.5 millones de dólares que ofrecía Estados Unidos por la captura de Dámaso, cuando él fue quien le proporcionó información y el video sobre su paradero, (recuérdese el famoso video del Lic en una marisquería).

De Santiago Nieto acusó que desbloqueó y vació cuentas de millones de dólares del clan de los Dámaso, a nombre de Juan Carlos Arellano Jiménez. El hacker señala que todo esto viene desde Felipe Calderón y Genaro García Luna, quienes nunca quisieron atrapar al Licenciado, por lo que hace responsable a Nieto y Harfuch, así como al gobierno federal, si algo le pasa.

EL NEW YORK TIMES Y EL ARDILLO

El alud de señalamientos y sospechas comenzó con la publicación de Pro Pública y de Anabel Hernández sobre el presunto financiamiento de Los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO del 2006, cuando fue candidato por el PRD.

Pero tras este golpe que lo descolocó, sobrevino el reportaje del New York Times firmado por los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff, en el sentido que la DEA investigó un nuevo financiamiento, ahora del clan del Mayo Zambada, a la campaña de 2018, cuando por fin ganó la presidencia.

La polémica, transformada en posverdad, se centró en que AMLO se adelantó a la publicación al revelar el cuestionario donde la periodista preguntaba el tema del dinero sucio que sus hijos habrían recibido para su campaña.

A esta investigación inconclusa de la DEA, se sumó la entrevista en Latinus a Celso Ortega, líder de la célula de Los Ardillos, la cual controla la región montañosa de Guerrero, estado gobernado por Evelyn Salgado y su padre Félix Salgado Macedonio.

Este personaje, desacreditado como un actor de montaje, señaló que en 2006 fue testigo de cómo Los Zetas aportaron dinero a la campaña de AMLO y retó a preguntarle a Miguel Treviño Morales, El Z-40, actualmente en prisión. De nuevo el régimen y los propagandistas combatieron con una contra narrativa las acusaciones, desvirtuaron los dichos y anularon al mensajero.

Pero los dardos envenenados no lograron matar la duda, pues tanto Guerrero como otros estados morenistas, se desangran en conflictos de pugnas entre el narco que no tienen solución: Chiapas y la sombra de la narcopolítica, lo mismo en Tamaulipas, en donde el hijo del gobernador Américo Villarreal, quien apareció como el contacto que recibió dinero de Sergio Carmona, el Rey del Guachicol, aparece en la lista pluri de MORENA al Senado.

De hecho, Mario Zamora hizo públicos documentos que ligaban en 2021 transferencias que le hizo el hijo de Américo Villarreal a un hijo de Rubén Rocha Moya, por poco más de un millón de dólares para la campaña. Los enredos del financiamiento del narco, todo intocable por el sistema morenista que busca perpetuarse a toda costa. 

En Michoacán ya suman dos precandidatos asesinados y la sombra del asesinato político se cierne sobre Guerrero, Chiapas, Morelos y hasta Sinaloa, donde el conflicto de Rocha con el PAS, ha escalado a manifestaciones y juicios judiciales traducidos en persecuciones políticas. Todo esto, en el arranque de la campaña hacia junio del 2024.