Durante más de dos meses en que la violencia ha cobrado cientos de víctimas y desaparecidos, la Fiscalía General de la República había guardado silencio en torno a la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael Zambada García, hasta el domingo 20 de octubre en que, cuando confirmó que mediante perfiles genéticos, hallaron huellas de sangre del líder del PAS y además están solicitando órdenes de aprehensión en contra de policías, peritos, ministerios públicos y “personal diverso” de la Fiscalía de Sinaloa por obstrucción de la justicia, al darle crédito a un montaje que se derrumbó tan pronto como El Mayo habló en una carta cuyas consecuencias mantienen a doble fuego a la ciudadanía sinaloense.

Por Santiago Rentería.

Poco a poco, la Fiscalía General de la República (FGR) parece cercar a los personajes clave que rodean la trama de enredo en el presunto secuestro de Ismael Zambada García, como del homicidio del líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, ya que por lo pronto la FGR ha hecho público que va por los funcionarios de la Fiscalía que encabezaba Sara Bruna Quiñónez por el montaje realizado en el crimen del exrector de la UAS.

Entre los dimes y diretes que asoman en esta controversia de tintes políticos y criminales, se encuentra la figura del gobernador Rubén Rocha Moya, quien no ha logrado a base de discurso y narrativa comprobar que él no tuvo nada que ver, no estuvo enterado de la famosa reunión -como el Mayo lo señala en su carta-, como tampoco ha logrado convencer a la opinión pública que viajó ese 25 de julio a Los Ángeles a un encuentro familiar imposible.

Por el contrario, la FGR parece avanzar para cercar al jefe del Ejecutivo que es, quiera o no y lo defiendan sus propagandistas, parte de una ecuación que no es posible sin su participación, pues de acuerdo con la misma carta, Ismael El Mayo Zambada acudió al encuentro convocado por Joaquín Guzmán López, “confiando en la naturaleza” de la reunión, para mediar en el conflicto de la UAS, pues a decir de fuentes de seguridad, no sólo era el tema de la Universidad, sino que el pleito ponía en riesgo acuerdos pactados en la elección de 2021.

COMUNICADO FATAL PARA SARA Y ROCHA

El domingo 20 de octubre, la FGR soltó la bomba: confirmó mediante pruebas genéticas encontradas en indicios hemáticos, es decir, rastros de sangre, que Cuén Ojeda estuvo en la finca San Julián de Huertos del Pedregal.

Si bien no afirma la Fiscalía que ahí murió, sí por lo menos que su sangre corrió en algún punto de la propiedad. Incluso la FGR descubrió que la sangre en la batea de la camioneta Ford Raptor que aparece en el video de la gasolinera, en donde un sujeto simula disparar al copiloto, era del excomandante Rodolfo Cháidez, uno de los escoltas personales de Zambada, desaparecido junto con el comandante activo José Rosario Heras López.

De manera definitiva, la FGR de Alejandro Gertz Manero descartó por completo la versión de la gasolinera, tildándola de “un montaje”, realizado sólo para encubrir la verdadera naturaleza del asesinato de Cuén Ojeda.

Pero además, la Fiscalía aportó un dato clave en la investigación, refirió que ya cuenta con el testimonio del testigo presencial, el chofer del líder del PAS, a quien los medios de propaganda que usa Rocha Moya, han exhibido sin ningún tipo de rubor poniendo en riesgo la vida del joven, y además acusándolo de no ser fiable al cambiar su versión, cuando el testigo lo único que hizo, según fuentes de seguridad, fue declarar ante la Fiscalía de Sara Bruna, bajo coacción, con el miedo que implica verse involucrado en un asunto de esta naturaleza. Hoy, con la FGR imparcial, ha declarado lo comprobable.

“También, se obtuvo un video claro y preciso de lo confesado por el chofer del doctor (sic) Héctor “N”, quien niega lo que él mismo había declarado previamente ante autoridades locales, respecto a diversos momentos de la desaparición y muerte del doctor mencionado”, señala el comunicado de la FGR.

Desde luego, por razones de la secrecía de la investigación, la Fiscalía no hizo pública la declaración del único testigo que conoció la mecánica de los hechos.

BAJO LA MIRA

Al final de su informe, la FGR señaló que se cuenta con suficiente material probatorio para fincar responsabilidades penales y administrativas en contra de policías de investigación, peritos, ministerios públicos y “diverso personal” de la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en montaje para encubrir el asesinato.

Sin embargo, la misma Fiscalía indicó que al momento de solicitar las órdenes de aprehensión, el juez federal se negó a emitirlas, bajo la excusa de declinar la competencia.

En toda la trama hasta ahora, no se mencionó que sean llevados al banquillo de los acusados tanto a la exfiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada, el todavía Vicefiscal general, Dámaso Castro Saavedra e incluso la actual fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo.

En su conferencia semanera del lunes 21 de octubre, el gobernador Rubén Rocha Moya salió a desligarse del caso, y tan dado a opinar de todos los temas, sobre todo si se trata de hacer juicios sumarios contra los líderes de la UAS, esta vez dijo que no tenía opinión sobre que la FGR desmorona todo su plan.

“Yo no puedo emitir opiniones de valor en un proceso de investigación, no me corresponde, ni tengo la autoridad ni la facultad para hacerlo”, comentó.

Al ser cuestionado si Sara Bruna, su ex fiscal que le costó tanto empeño para sus propósitos en el Gobierno, era parte de los posibles objetivos de una orden de aprehensión, reiteró desconocer, pero llamó la atención que, a su actual fiscal, quien era Vicefiscal de la zona centro, no tuvo relación con la carpeta de investigación del homicidio de su opositor político.

Es decir, por un lado, afirmó no saber sobre el grado de responsabilidad de Bruna Quiñónez, pero por otro exculpó de facto a Sánchez Kondo. “Ella no participó en la investigación”, comentó en la Semanera.

Hasta hora, la opinión pública advierte que ni el personal de la Fiscalía de Sinaloa ni Sara Bruna Quiñónez actuaron por cuenta propia, sino que todo se ordenó desde el tercer piso de Palacio de Gobierno.

DIMES Y DIRETES

Pero ya por la tarde, el colectivo de jueces y magistrados emitieron un comunicado intentando tumbar la versión de la FGR, al negar que el juez de Distrito de Culiacán, rechazara emitir las órdenes de aprehensión en contra del personal de la Fiscalía de Sinaloa.

Según el juez federal, en la audiencia en que los fiscales presentaron el caso, dividieron todo en tres carpetas, una por el secuestro del Mayo Zambada (acusando a Joaquín), otra por el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y una más por la desaparición de los escoltas, Rodolfo Cháidez y José Rosario Heras.

Y que la FGR en la audiencia sólo intentó pedir la orden por lo de Zambada, y ahí mismo los fiscales fueron quienes optaron por suspender la audiencia para fortalecer la investigación, ya que no contaban con la verificación de que la sangre encontrada en Huertos del Pedregal, era del líder pasista.

Esta audiencia ocurrió el 5 de octubre pasado. Para no dejar hilos sueltos, de nueva cuenta la FGR volvió a arremeter contra el Poder Judicial (que se entendió como parte de la misma línea del gobierno morenista por hacer ver mal a los jueces) y aseguró que, para el 17 de octubre, ya lograron confirmar genéticamente que la sangre sí era de Cuén.

Además, de manera textual expuso lo que el juez de Distrito dijo, que, debido a la naturaleza criminal, el juez que tendría que conocer el caso era uno con jurisdicción en un penal de máxima seguridad.

En todo caso, más allá de los dimes y diretes, la investigación parece avanzar en la ruta de llevar al banquillo de los acusados al personal de la Fiscalía que participó de manera directa en la integración de la carpeta falsaria y con montaje.

ACUSAN SER CHIVOS EXPIATORIOS

Para redondear la historia, durante la tarde del martes 22 de octubre, personal de la Fiscalía de Sinaloa emitió una carta negando que hayan realizado un montaje y de nuevo acusaron al testigo de ser él quien aportó la información para abrir la línea de investigación del supuesto intento de robo en la gasolinera de la salida norte de Culiacán.

Al señalar que ellos (no dicen cuántos) han acudido a declarar ante la FGR a pesar de ser indiciados, la Fiscalía no les entregó copia de las actuaciones para realizar una adecuada defensa.

Remataron señalando que temen ser tomados como “chivos expiatorios con base en una investigación sesgada de la autoridad federal”.

Sin embargo, el caso avanza mientras se espera que la verdad salga al descubierto y se confirme, entre otras cosas, si el gobernador realmente viajó a Los Ángeles aquel 25 de julio pasado en que todo se empezó a derrumbar, incluyendo la relativa tranquilidad robada ahora por una narcoguerra que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos.


Reportaje publicado en nuestra revista digital del sábado 26 de octubre.