En medio de la guerra entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa que han evidenciado el fracaso en materia de seguridad por parte del gobierno estatal, Rocha y sus achichincles en el Congreso insisten en abrir otro frente de conflicto más para Sinaloa: la guerra contra la UAS.

Por Redacción De Primera Noticias.

Con escasa o nula participación por parte de la comunidad universitaria, este 11 y 12 de septiembre se realizó la consulta organizada por el Congreso del Estado para conocer la opinión de maestros, trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en torno a la reforma orgánica a la institución educativa.

Se instalaron 143 casillas receptoras a las afueras de 116 unidades académicas de la UAS, así como en plazuelas y centrales camioneras, en las ciudades de Los Mochis, Guasave, Juan José Ríos, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán.

Sin embargo, al jueves 12 de septiembre, decenas de esas casillas instaladas no registraban un solo voto por parte de los universitarios. En otras, la participación era de apenas decenas de votos cuando mucho.

Los hechos de violencia que se han registrado en distintos municipios de Sinaloa desde el pasado lunes 9 de septiembre obligaron a las autoridades universitarias a suspender las clases presenciales.

La decisión obedeció a que la mayoría de los estudiantes universitarios usan el transporte público para desplazarse a sus hogares y a sus centros de estudio. Y durante la jornada violenta del lunes se suspendieron por completo todas las rutas de camiones en Culiacán, incluso, las rutas foráneas que se dirigen a las sindicaturas a las afueras de la capital sinaloense.

Esto propició que miles de estudiantes quedaran varados en el centro de Culiacán, sin poder dirigirse a sus hogares, hasta que los servicios de transporte se fueron regularizando poco a poco.

Pero, además, existe el antecedente de que los grupos criminales cuando toman las calles de la ciudad secuestran tanto camiones de carga como de pasajeros para instalar narcobloqueos.

En ese contexto, no solo la UAS, sino otras universidades, colegios y escuelas públicas decidieron suspender las clases, para no exponer la vida de sus alumnos y trabajadores.

Sin embargo, para los organizadores de la consulta, la nula participación se trató de un acto de “sabotaje” por parte de las autoridades universitarias que han sostenido que dicha consulta es ilegal porque atenta contra la autonomía de la UAS.

Adolfo Beltrán Corrales, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, declaró que la suspensión de clases fue un “abierto sabotaje a la consulta” por parte de las autoridades de la casa rosalina.

Lo anterior, a pesar de que el propio gobernador Rubén Rocha Moya reconoció en un video publicado en redes sociales que no existían condiciones para reactivar las clases presenciales, por lo que declaró que jueves 12 y viernes 13 los estudiantes y maestros deberían permanecer en clases virtules.

La diputada morenista Juana Minerva Vázquez, quien estuvo a cargo de una de las casillas en el municipio de Ahome, reconoció la “nula presencia de la comunidad universitaria”, aunque advirtió que la consulta no necesita un número mínimo de participación para que sea validada por el Congreso.

En ese sentido, el asesor jurídico de la UAS, abogado Ramón Bonilla Rojas, indicó en un programa de radio que dicha consulta será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que con anterioridad, el Poder Judicial le dio la razón a la UAS con respecto a la violación a su autonomía por parte del Poder Legislativo de Sinaloa.

“Al haber quedado resuelto el juicio de amparo y determinado por el juez de distrito y por el tribunal colegiado que el Congreso no puede organizar una consulta al interior de la UAS porque viola la autonomía universitaria, es claro que vamos a agotar un nuevo juicio de amparo en contra de esa determinación”, expresó, por su parte, el abogado universitario Milton Ayala.

Indicó que, en caso de que el congreso decidiera vincular esa consulta realizada sin la autorización del Consejo Universitario para legislar una reforma a la Ley Orgánica de la UAS, el equipo jurídico de la universidad procederán a establecer amparos en lo general, pero también en lo individual por parte de universitarios que se vean afectados.