El sitio de noticias Xpectro FM, que dirige el periodista, Víctor Hugo Arteaga, dio a conocer una amplia investigación que titula “Banda Sinaloense”, donde, al menos 23 empresas son dirigidas por los hijos varones del actual gobernador de Sinaloa, el morenista, Rubén Rocha Moya, las cuales se han llevado la friolera cantidad de tres mil 100 millones de pesos en contratos amañados.
Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha Ruiz, señala dicha investigación, desde la llegada de su padre a la gubernatura han creado una operación carrusel con esas 23 empresas, las cuales simulan participación en licitaciones pero que al final alguna sale ganadora.
Los hijos del gobernador han comprado empresas, han constituido algunas y han participado en otras a lo largo de estos años de gobierno de su padre, estas empresas tienen relación con otras que participan en la asignación de contratos en obra pública.
Existen dos tipos de operación que llevan a las empresas de los hijos del gobernador a ganar concursos de manera directa o indirectamente; después, una de esas compañías es una vieja conocida en Sinaloa (Constructora Chocosa S.A. de C.V.), la investigación señala, que dicha empresa recibe pagos por diversos servicios o proveedurías.
El periodista Víctor Hugo Arteaga, señala como ejemplo el caso de la Constructora Bogax S.A. de C.V., que el 18 de febrero del año 2022 —tres meses después de la toma de Rocha Moya—, concursó con una propuesta de 16 millones 410 mil 828 pesos y cinco centavos, misma cifra presentada por otras nueve empresas.
Cinco días después, la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa, le otorgó la victoria a la Constructora Bogax de dicha obra, el representante legal de la compañía, Manuel Octavio Borboa Robles, firmó el contrato ganador; el 14 de marzo de ese 2022, Bogax realizó un pagó a la firma Chocosa por tres millones 16 mil 475 pesos y 60 centavos por concepto de agregados de material para terraplén, subrasante y base triturado.
El periodista señala que al buscar en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para verificar si el comprobante fue certificado por esta entidad, el resultado fue: “Este comprobante no se encuentra registrado en los controles del servicio de administración tributaria”. Por lo tanto, la factura emitida no existe, pero el pago sí fue hecho y después, la factura cancelada.
En dicha investigación se advierte el descaro en la simulación de competencia, la falta de pericia, poca cautela o el sentirse impunes es la constante, en los centenares de contratos revisados las empresas “Banda Sinaloense” ofrecen la misma cantidad en pesos y centavos, señala.
El reportaje da testimonio que el carrusel de empresas donde están involucrados los hijos del gobernador viola claramente la Ley de Responsabilidades administrativas de Sinaloa.
Las construcciones de la compañía Grobson S. de R.L. metió en crisis el inicio de la administración rochista, en ocho semanas de 2022, Grobson participó y fue ganadora de tres contratos que sumaron 86 millones 906 mil 870 pesos y 62 centavos. Gracias a la ampliación de dos de estos contratos por cantidades por encima de las permitidas por ley la cifra alcanzó los 102 millones de pesos. La obra que dibuja de cuerpo entero las “tranzas” en la obra pública fue la construcción del puente del Quelite II por esta empresa que costó más de 42 millones de pesos, el cual se cayó tres semanas antes de su inauguración.
Eneyda Rocha Ruíz, la otra hija del gobernador, dirigente del DIF estatal, hace lo propio al utilizar la técnica del exgobernador veracruzano, hoy en la cárcel por desvió de recursos, Javier Duarte, afirma el reportaje.
La hija de Rocha Moya, señala la investigación, asignó contratos a empresas “fachada” por cientos de millones de pesos, la principal es Berries Company S. de R.L. de C.V., que en marzo de 2025 ganó un contrato por 315 millones 608 mil 941 pesos para atender el “Programa de alimentación escolar, de atención en los primeros mil días y de atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad”. Esta cifra representa 90 por ciento del presupuesto del DIF para este año.
La empresa Berries Company no tiene un domicilio fiscal vigente registrado y ha tenido desde 2022 dos apoderadas legales que fueron receptoras de programas del DIF para población en condición de vulnerabilidad, una de ellas es Martha Idania Ramírez Rueda, quien en 2015 estaba en el padrón de beneficiarios del DIF Culiacán y 2022 firmó un contrato ganador por casi 3.5 millones de pesos como representante legal de la empresa ante el DIF.
La otra beneficiaria por su condición de vulnerabilidad es Martina Moreno quien firmó el acta de falló multimillonario en 2025 cuando le fue otorgado el programa de 315 millones 608 mil 941 pesos y 56 centavos, quien de forma inexplicable “reemplazó” a Martha Idania Ramírez Rueda, al menos en la documentación localizada ante el DIF, Señala el reportaje.
Todo con la complicidad del Congreso local, Auditoria Superior del Estado, Auditoria de la Federación, organismos anticorrupción; en la investigación se encuentran implicados hijos, parientes, funcionarios y un largo etcétera… otra muestra más de que en Sinaloa se rebasaron todos los límites.