Por Redacción Especial
El proceso de desafuero contra el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, avanza entre denuncias de corrupción, señalamientos de irregularidades y un creciente debate sobre el trasfondo político que rodea su caso.
La Fiscalía General del Estado solicitó formalmente retirar el fuero a Vargas Landeros, acusándolo de ejercicio indebido de funciones por la adjudicación directa del arrendamiento de 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos, operación realizada sin licitación pública y con sobrecosto, según reportes de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El Congreso del Estado envío citatorio para qu este martes 29 de abril, Vargas Landeros se apersone a recibir el oficio en donde se le informa del inicio del procedimiento de desafuero en su contra, mismo que fue firmado por la diputada Yeraldine Bonilla Valverde, en su carácter de presidenta de de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa.
Pero más allá de las cifras, el verdadero campo de batalla parece ser político y mientras tanto, el aún alcade de Ahome ha sido enfatico, "Voy con todo a defenderme y todo es todo".
Una jugada que huele a ajuste interno
Esta situación recuerda los recientes juicios políticos que enfrentaron exalcaldes como Jesús Estrada Ferreiro (Culiacán) y Luis Guillermo “El Químico” Benítez (Mazatlán), quienes también fueron removidos tras entrar en conflicto con el gobernador Rubén Rocha Moya.
El presidente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, ha señalado que el desafuero no debe convertirse en un arma de presión política y urgió a garantizar que el proceso sea transparente y apegado a derecho.
Velocidad inusual y preocupación ciudadana
El Congreso de Sinaloa ha tramitado el procedimiento de juicio de procedencia con inusual rapidez. Desde la recepción de la solicitud hasta la integración del expediente, los tiempos legislativos se han acelerado de forma atípica. Esto ha encendido alarmas sobre posibles órdenes directas desde el Palacio de Gobierno.
Mientras tanto, organismos como Canacintra Los Mochis han hecho un llamado firme a que el proceso se conduzca con transparencia total, advirtiendo que una actuación opaca minaría aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
Más que un juicio, un mensaje de poder
La narrativa oficial sostiene que se trata de una rendición de cuentas necesaria para corregir actos de corrupción. Sin embargo, la lectura política apunta a que el caso busca reforzar la disciplina interna en el partido gobernante y neutralizar a figuras locales que puedan representar focos de autonomía incómoda de cara al próximo proceso electoral.
Gerardo Vargas Landeros, quien llegó a la alcaldía por una alianza entre Morena y el Partido Sinaloense (PAS), ya habiendo consolidado un bastión político propio en el norte del estado, lo que hoy lo pone en la mira.
¿Qué sigue?
En los próximos días, el Congreso determinará si procede el desafuero y, de ser así, Vargas enfrentaría cargos penales ya sin protección legal. La decisión tendrá impactos que van más allá del municipio de Ahome: pondrá a prueba la salud democrática del estado y marcará el tono del cierre del sexenio de Rubén Rocha Moya.
¿Será este un verdadero acto de justicia o una advertencia política encubierta? La respuesta, como siempre en la política sinaloense, dependerá no solo de las leyes, sino del poder que se mueve tras bambalinas.