Culiacán, Sinaloa.- Los juicios de amparo interpuestos por universitarios para que no se aplique la Ley de Educación Superior de Sinaloa también protegen a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y si el Congreso del Estado desobedece sería un desacato a una autoridad judicial federal, por tanto, asumiría consecuencias administrativas y penales, precisó el director de Asuntos Jurídicos de la institución, Robespierre Lizárraga Otero.
Acompañado del Vicerrector de la Unidad Regional Centro (URC), Wenseslao Plata Rocha y del director general de Comunicación Social, Arnoldo Valle Leyva, en conferencia de prensa presentó y entregó a los representantes de los medios de comunicación los documentos que desacreditan versiones que buscan desinformar a la opinión pública en este tema.
El abogado de la UAS detalló que se han metido decenas de amparos por parte de universitarios en todo el estado en diversos juzgados de distrito y ya hay resultado satisfactorio pues se tiene la notificación formal de 6 amparos admitidos y tres suspensiones provisionales lo que significa que el Congreso del Estado no puede realizar ninguna consulta dentro de la Casa Rosalina para modificar su Ley Orgánica.
El abogado aseguró que es falso cuando se afirma que esos juicios de amparo solamente protegen al quejoso. Explicó que el Juez Federal determinó otorgar la suspensión al quejoso para que no se aplique la Ley de Educación Superior en los Artículo 3ro. párrafo tercero y cuarto, Artículo 51, Artículo 59, y eso indirectamente protege a la Universidad, porque si el Congreso del Estado decide aplicar esos artículos al quejoso se los tiene que aplicar forzosamente a la Universidad.
Seguros de que el derecho les asiste la Universidad dará seguimiento puntual a cada amparo, expresó y reiteró respecto a señalamientos de que la UAS no se ha amparado y que por ello los amparos de universitarios no aplican para ella, lamentó y calificó de irresponsable que se hagan esos comentarios con tanta ligereza sobre todo porque vienen de un legislador que no tiene un fundamento legal.
Mostró también un cuadro comparativo de la Ley de Educación Superior de Estado de Sinaloa, con la de Puebla y Jalisco donde se aprecia el agregado que violenta en la primera la autonomía universitaria al establecer que la renovación de la Ley Orgánica la realizará el Congreso Estatal y no desde dentro de las comunidades universitarias.
Agregó que ya se compartió este tema con la red jurídica de universidades públicas y los abogados de las universidades autónomas de Yucatán, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, de Campeche, Guerrero, de México, Veracruzana, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí y otras se suman a la posición de la UAS.
También abordó el tema de los créditos fiscales desmintiendo que sea por una irresponsabilidad de la Universidad, ya que se trata de un problema estructural que se generó en 1995 cuando se firmó un convenio por las autoridades universitarias que estableció cláusulas lesivas en el Contrato Colectivo de Trabajo que ponían en riesgo las finanzas de la institución, asimismo reiteró que la UAS no se niega a ser auditada y prueba de ello es que se le han practicado 33 auditorías, pero aclaró que los recursos federales que recibe la institución no pueden ser auditados por el estado sino por la Auditoría Superior de la Federación, porque así lo marca la ley.