“Sin tema, vivimos en Culiacán, somos una familia que radica en Culiacán, que vamos a trabajar, que vamos a las escuelas… lo que nos resta es seguir trabajando para fortalecer ese tejido social… no fue un atentado, quisieron robar el carro”, afirmó Eneyda Rocha Ruíz, en relación al hecho de violencia que sufrió su hija el pasado martes en una de las principales arterias viales al poniente de la ciudad.
A poco más de un año, la violencia que el gobierno morenista de Sinaloa ha querido minimizar en el discurso, alcanzó a la familia del gobernador Rubén Rocha Moya, en la persona de su nieta, menor de edad, hija de Eneyda Rocha Ruíz, quien funge como presidenta del DIF estatal.
Un grupo armado baleó la camioneta donde viajaba la menor; autoridades refieren la agresión como causa al intento de despojo de la unidad. Ese mismo día, horas antes, se llevó a cabo en Culiacán la reunión del Gabinete de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch.
El gobernador señaló que fue un intento de robo, “ese tema ya lo comenté, serán las autoridades quienes determinen qué fue lo que paso”, señaló a su llegada al Congreso local el pasado jueves al encabezar el acto del “premio juvenil”. Afirmó que será la Fiscalía General del Estado la que llevará a cabo las investigaciones.
Al termino de dicho evento y con un fuerte operativo de seguridad en la zona, un periodista fue despojado de su vehículo por un grupo de delincuentes que portaban armas largas, esto, al salir del estacionamiento del Congreso.
La versión oficial de las autoridades del intento de despojo de la camioneta y dejar en claro, por lo menos para el gobierno estatal, que no se trató de un acto personal de la delincuencia contra la familia del gobernador, no trajo del todo calma a una población sumida en la histeria colectiva.
Menos aún, que sea la Fiscalía del Estado la que se encargue del tema; todavía está fresca esa imagen, de la camioneta entrando a la gasolinera, al norte de la ciudad, donde se aseguró, por parte de la Fiscalía, que en su interior, en el asiento del copiloto, viajaba el exrector, Héctor Melesio Cuén Ojeda, al tiempo que dos individuos en motocicleta se acercaban y uno de ellos baja de la moto, abría la puerta del copiloto, entremetía el cuerpo para detonar un arma en la humanidad de Cuén Ojeda e inmediatamente después huir del lugar.
Esa fue la conclusión que presentó la exfiscal, Sara Bruna Quiñónez, en el caso del asesinato del expolítico, lo que el fiscal general de la república, Alejandro Hertz Manero, llamó de un grotesco montaje. El país entero dio testimonio de cómo se trabaja el tema de impartición de justicia en Sinaloa. La fiscalía local quedó totalmente exhibida y sin credibilidad para la población, ahora llevará la carpeta de investigación de lo sucedido con la familia del gobernador.
El tema de la violencia en Sinaloa, especialmente en Culiacán, tiene dos visiones o realidades completamente distintas: la de las autoridades, de todos los niveles, que trivializan, politizan, minimizan, normalizan en sus narrativas la locura que se vive en el estado.
Salen a leer boletines, en los cuales, se despoja a las víctimas de toda humanidad y las convierten en sólo cifras, números vacíos que ya se cuentan por miles y pasan a formar parte de una estadística sangrienta de abandono, olvido y muerte. Cuando la delincuencia tiene algún día de asueto, los boletines construyen la narrativa que hay disminución de la violencia porque la estrategia federal de seguridad está funcionando; cuando la barbarie de la guerra tiñe de sangre la geografía, los que aprovechan el día de asueto son las autoridades y simplemente no hay boletines o voces de parte del gobierno.
La otra visión o realidad es la de la ciudadanía, esa que no tiene vehículos blindados, ni escoltas que la cuiden al salir de sus casas e introducirse en la selva en la que se ha convertido Culiacán para salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela; esa ciudadanía que sabe que se encuentra en total indefensión ante la violencia que azota a la ciudad por más de un año y que, en los hechos, las autoridades los han dejado solos.
María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local y Eneyda Rocha Ruíz, señalaron que se debe trabajar en fortalecer el tejido social, esa es la parte que le toca a la ciudadanía; pero si el tejido político se encuentra viciado de origen y las evidencias y testimonios dan muestra fehaciente de eso, nada va a funcionar en un Estado de derecho canceroso… es como querer determinar dónde empieza o termina el horizonte.