Lejos del discurso de estabilidad que intentó sostener la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el día anterior rechazó las acusaciones estadounidenses por falta de pruebas, el propio secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aceptó que las entidades intervenidas atravesaban dificultades financieras que comprometían su operación.

“La intervención fue necesaria para evitar una interrupción en el sistema bancario y proteger los ahorros de los clientes”, declaró el funcionario en la conferencia matutina de este viernes. Sin embargo, se apresuró a matizar que el daño representa “menos del 1% de los depósitos del sistema” y que se trata de bancos de “escala pequeña”. Un intento claro por contener el golpe reputacional ante el nerviosismo de los mercados y la ciudadanía.

Lo cierto es que la medida del gobierno federal, al sustituir las gerencias y representantes legales de las tres instituciones a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), llega como una reacción más defensiva que preventiva. La pregunta que flota es: ¿cuánto sabía Hacienda antes de que Washington destapara el escándalo?

Cabe destacar que la SHCP ha solicitado a Estados Unidos evidencias concretas sobre las acusaciones, y hasta el momento asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “no ha recibido ningún dato probatorio”. No obstante, la narrativa oficial parece ir deshaciéndose entre contradicciones: primero se negaron los vínculos, después se admitieron los problemas.

Este episodio no solo pone bajo escrutinio la eficacia de los mecanismos de supervisión financiera en México, sino también la capacidad del gobierno para actuar con transparencia frente a presiones internacionales. Mientras tanto, los clientes de estas instituciones observan con creciente desconfianza cómo el blindaje de sus ahorros se tambalea en medio de un torbellino diplomático, financiero y político.