El "Plan B" de la reforma electoral se trabajará en el Senado la próxima semana. Una vez que se confirme la aprobación de la minuta, se ordenará la reestructura del Instituto Nacional Electoral (INE). Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, llama a la ciudadanía a “rebelarse” contra el Plan B del presidente López Obrador y promover amparos contra la reforma.

Por Redacción De Primera Noticias. 

El pasado 6 de diciembre se votó en la Cámara de Diputados la Reforma constitucional en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto fue desechado ya que no obtuvo la mayoría calificada de dos tercios para que se pudiera modificar la Constitución.

López Obrador preveía este resultado en el que la alianza entre PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano tumbó una iniciativa que, entre sus puntos más polémicos, buscaba cambiarle el nombre al INE que ahora pasaría a llamarse Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC).

Además buscaba reducir el número de diputados de 500 a 300, recortar el número de consejeros del nuevo instituto electoral de 11 a 7, disminuir la participación en una consulta popular de 40 a 33 por ciento para que fuera vinculante y eliminar los órganos electorales locales.

Pero la propuesta que más despertó el recelo de la oposición fue aquella que señalaba que los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberían ser propuestos por los tres poderes de la Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas.

La oposición señaló que esta última propuesta daría luz verde a la candidatura de personas incondicionales del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación, por lo que los nuevos consejeros electorales carecerían de autonomía.

Si bien la Reforma Electoral no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada, horas más tarde se realizó una nueva sesión en el Congreso en la que los diputados aprobaron por la via fast track el llamado Plan B que López Obrador había estado desarrollando como alternativa al fracaso anunciado de su reforma.

El Plan B es un paquete de leyes secundarias que solo necesitaba de una mayoría simple para ser aprobado. “Claro que no es lo mismo una reforma constitucional que una ley”, se lamentó el presidente López Obrador en una de sus conferencias matutinas. “Ya se aprobó la reforma de ley, pero está acotada porque no puede contradecir lo que está en la Constitución”.

“Se establecen límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del TEPJF respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales, la autodeterminación de los partidos políticos, entre otros”, señalaba el apartado de objetivos del llamado Plan B.

Cabe recordar que en esos momentos el INE había ordenado a Claudia Sheinbaum que se distanciara públicamente de las pintas en bardas que han aparecido en todo el país y en las que se lee la frase #EsClaudia. El INE también ordenó que estas pintas fueran borradas de la vía pública y eliminadas de las redes sociales. López Obrador acusó al INE de censurar a la jefa de gobierno capitalino, quien, por cierto, lleva varias sanciones acumuladas en materia electoral.

Es por eso que el Plan B lopezobradorista contemplaba quitar facultades a las autoridades electorales para sancionar a los partidos políticos y a los funcionarios del Estado. El texto indicaba que el instituto electoral ya no podrá retirar candidaturas ante faltas graves y también limita sus facultades de castigar actos anticipados de campaña por parte de los servidores públicos.

Al tiempo que se acotan las facultades de sanción del INE y el Tribunal Electoral, se amplían los márgenes de lo que pueden decir o promocionar los políticos: esto sería definitivo para que los gobernadores de Morena no tuvieran ningún freno para intervenir en las elecciones de 2024 respaldando de manera pública al candidato oficial.

Otro punto polémico del Plan B es la prohibición de “difundir propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de estos”, se lee en la propuesta del presidente.

Es por eso que el consejero presidente del INE no dudó en calificar al Plan B no como una reforma para mejorar el sistema electoral mexicano, sino como un acto de venganza por parte del presidente López Obrador.

“El Plan B no es una reforma para mejorar el sistema electoral, es una reforma para cobrar venganza e impedir que un órgano que ha cumplido su tarea, pueda seguir haciéndolo en el futuro”, declaró en entrevista con Proceso. “Lo que está detrás en realidad es la molestia desde el poder de no poder controlar a los órganos de control. Creo que desde el poder se quisiera un INE como la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, un órgano autónomo que en realidad es un órgano condescendiente y servil con el poder”.

Y agregó: “Este plan B es producto de tanto rencor, por un lado, pero de tan poca pericia y tanto desconocimiento, que está condenado al fracaso. Se impuso sin discutir. Los diputados que hablaron en favor de esa reforma que votaron en su momento evidenciaron que ni siquiera tuvieron ocasión de leerla. Se votó a ciegas. Se votó con mucha lealtad, eso lo entiendo, pero se votó a ciegas, no saben ni siquiera lo que votaron”.

Aunque la Cámara de Diputados aprobó desde diciembre en lo general y en lo particular esta iniciativa del presidente, una parte tuvo que ser devuelta al Senado ya que se le hicieron modificaciones. Sin embargo, para ese momento la cámara alta ya había clausurado su periodo ordinario de sesiones y no sería sino hasta febrero de 2023 cuando retomara el documento.

En su primera sesión de este periodo ordinario, el Senado recibió el documento y lo turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos para la revisión, no de los 400 artículos de las leyes reformadas, sino solo del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales, que contiene la llamada clausula de “vida eterna” de los partidos pequeños.

El paso por el Senado de la reforma es solo un mero trámite antes de que sea aprobada y la nueva ley entre en vigor, por lo que Lorenzo Córdoba pide a la ciudadanía a promover amparos contra el Plan B.  

“Confío en que por lo burdo de las violaciones constitucionales de este llamado Plan B serán revocadas por las instancias que tienen la responsabilidad de salvaguardar a la democracia y a la integridad de las reglas constitucionales”, declaró.

Córdova se pronunció porque los trabajadores del INE “defiendan sus drechos frente a una reforma abusiva que les sanciona por hacer bien su trabajo” ya que la reforma prevé el recorte de 85% del personal del instituto.

Asimismo, el consejero presidente del INE pidió a los ciudadanos defender la preservación de sus derechos político-electorales mediante recursos jurídicos, pues consideró que “todos somos responsables de consolidar la democracia”. Confió en que en pleno uso de su independencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en favor de esos derechos, como ya ha revertido otras reformas por inconstitucionales.

“Que se presenten acciones de inconstitucionalidad, que los órganos electorales presentemos controversias constitucionales, que los trabajadores del INE defiendan sus derechos laborales y que las ciudadanas y ciudadanos recurran a instancias jurídicas, porque si se afecta al INE se afectan las condiciones de autenticidad y se afecta el derecho de voto. Este es el momento en que los ciudadanos, en lo individual o de manera colectiva, deben, debemos si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales”, sostuvo.